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El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó, en agosto de 2021, que la condena contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, por la que fue inhabilitado y apartado de la judicatura, fue “arbitraria”; que su actividad “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal resultando en la pérdida definitiva de su cargo” y que, por tanto, España debía borrar sus antecedentes penales, “compensar” al magistrado y tomar medidas para que nada parecido volviera a suceder.