El Congreso Internacional de Jurisdicción Universal se celebró los días 9 y 10 de septiembre de 2015, en el Teatro Cervantes de la ciudad de Buenos Aires bajo la dirección de Baltasar Garzón Real, magistrado juez y presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), organizadora del Congreso, y Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A través de la labor de expertos en justicia y Derechos Humanos, juristas de reconocido prestigio internacional, funcionarios de la ONU, diplomáticos, académicos de universidades internacionales y Premios Nobel, apoyados en el trabajo previo realizado en diferentes puntos del mundo durante más de un año por distintos Grupos de Trabajo regionales, se propuso y aprobó la incorporación de nuevos delitos de persecución universal, entre ellos, aquellos crímenes que atentan gravemente contra el medio ambiente, o delitos de naturaleza económica cuya repercusión suponga una violación general y sistemática de los derechos básicos.
Entre los asistentes figuraron el editor de Wikileaks, Julian Assange, quien participó a través de videoconferencia desde la embajada de Ecuador en Londres. En la misma mesa, Martin Sabbatella, presidente de presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y candidato a vicegobernador de Buenos Aires.
La lista de conferenciantes fue brillante: Raji Sourani, fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos; Frank LaRue, ex Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión o William Bourdon, abogado de Hervé Falciani (ingeniero de sistemas que destapó la red de blanqueo de capitales de la gran banca suiza) y que también estuvo involucrado en el caso Pinochet en Francia. El evento contó asimismo con destacadas personalidades, tales como Raúl Zaffaroni, Bernardo Kliksberg, Estela de Carlotto o el propio Baltasar Garzón, entre otros.
Intervinieron también jueces de la Audiencia Nacional española, como José Ricardo de Prada, Fernando Andreu o la fiscal de la misma institución, Dolores Delgado, experta en terrorismo, quienes compartieron mesa con sus colegas juristas de otros países, como María del Carmen Roqueta, Jueza de Cámara del Tribunal oral en lo Criminal Federal, Naomi Roht-Arriaza, Profesora de Derecho en la University of California Hastings College of Law de E.E.U.U.; Hugo Omar Cañón, ex fiscal de la República Argentina o George Kegoro, director de la Comisión International de Juristas de Kenia, así como el abogado español Juan Garcés.
Este evento de carácter global, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón ha puesto sobre la mesa en la capital argentina el estado del principio de Jurisdicción Universal y los nuevos retos que se plantean para garantizar la lucha contra la impunidad y la persecución de los crímenes de Lesa Humanidad.
En el Congreso estuvieron representados países de todo el mundo: Argentina, Brasil, Guatemala, España, Costa Rica, Palestina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Kenia e India. Se traóa de la culminación del trabajo inciado en mayo de 2014. Con el objetivo de actualizar los Principios de Princeton de 2001, un grupo de expertos se reunió en Madrid en el Primer Congreso Internacional de Jurisdicción Universal.
El resultado de ese foro fue la elaboración de un documento denominado Propuesta de Madrid para la discusión de los Principios sobre la Jurisdicción Universal, un texto de carácter eminentemente progresista, cuya intención era dar un paso más en la reafirmación del consenso ya existente. Se buscaba la codificación de nuevos elementos y la proposición de nuevos mecanismos para la lucha contra la impunidad a través de la aplicación de la Jurisdicción Universal en el mundo. Los ‘Principios de Madrid’ fueron el punto de partida de un intenso trabajo doctrinal llevado a cabo por especialistas de todo el globo.
Se organizaron así sesiones de grupos de trabajo de carácter regional, en San Juan de Puerto Rico; Asunción; Johannesburgo; La Haya; y la localidad española de Alfaz del Pi con asistencia de juristas y expertos internacionales en Derechos Humanos. El objetivo de estos grupos de discusión multidisciplinares fue avanzar en la propuesta de nuevos principios que se aprobaron en el II Congreso y que tienen como fin último la lucha contra la impunidad a través de la aplicación de la Jurisdicción Universal.
Los nuevos principios se aprobaron por unanimidad y con el consenso total de todos los expertos internacionales en un documento que, bajo el nombre de ‘Principios de Madrid-Buenos Aires’ pretende “dar un paso decidido hacia adelante en la consagración de un concepto que no puede retroceder ni un ápice”, según señaló su máximo impulsor el juez Baltasar Garzón.
En un emotivo cierre de congreso, con todos los ponentes y organizadores sobre el escenario de un abarrotado Teatro Cervantes, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, organizadora del foro, hizo público un documento final que vio la luz tras dos años de intenso trabajo. Los principios serán objeto de estudio y discusión en foros profesionales, doctrinales y académicos y nacen con la voluntad de sentar las bases de la Jurisdicción Universal en las próximas décadas.
Una de las claves de este documento es la extensión del listado de crímenes susceptibles de ser juzgados internacionalmente y, no menos importante, sujetos a imprescriptibilidad. Según reza el artículo 2 del texto, “la Jurisdicción Universal será aplicable a los crímenes de Derecho Internacional, tales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, piratería, esclavitud, desaparición forzada, tortura, tráfico de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales y crimen de agresión. Estos crímenes pueden ser cometidos de múltiples formas, incluyendo las actividades económicas y que puedan afectar al medio ambiente”.
El artículo 3 incide en la necesidad de perseguir a los grandes delincuentes económicos y medioambientales destacando que este concepto, “vital para luchar contra la impunidad”, según señaló Baltasar Garzón, “también será aplicable a los crímenes económicos y contra el medio ambiente que por su extensión y escala afectan gravemente los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de ecosistemas”.
Conductas delictivas que incluyen, según el texto, los fraudes alimentarios; la especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependan la supervivencia o la salud de una generalidad de personas; la explotación laboral de menores y el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional; la desviación ilícita de fondos internacionales aprobados para paliar catástrofes humanitarias; el tráfico ilícito de armas hacia lugares o zonas de conflicto o con prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas.
También, la fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos que traten de eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de los crímenes contenidos en estos Principios; el aprovechamiento ilícito de bienes de las víctimas de los delitos identificados en estos principios; traslados forzosos de comunidades con fines de explotar los recursos naturales de sus tierras ancestrales. Además, la obstrucción ilegal del disfrute de recursos transfronterizos como la contaminación severa de ríos internacionales; la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de las personas con el entorno natural en el espacio donde se produzca la explotación o la destrucción irreversible de ecosistemas, entre otros.
“Penalmente cabe el reproche cuando quien actúa lo hace con la intención criminal”, resumió Baltasar Garzón. “Hay que encontrar mecanismos que frenen la avidez de esos piratas que se aprovechan de las quiebras de los países para inflar sus cuentas de beneficios mientras los pueblos se ven abocados a la miseria”, añadió contundente Raúl Zaffaroni, codirector, junto al propio Garzón, de este Congreso Internacional de Jurisdicción Universal celebrado en Buenos Aires.
Los expertos han acordado el reconocimiento de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas que han cometido el crimen juzgado independientemente de la responsabilidad de los estados, lo que abriría la puerta al enjuiciamiento de empresas y grandes corporaciones por su participación directa o indirecta en delitos que lesionen los derechos humanos o destruyan ecosistemas de manera irreversible.
El documento propone “el decomiso de todos los bienes, efectos y valores pertenecientes al responsable penal que guarden relación directa o indirecta con los hechos cometidos, con la extensión que se fije en la sentencia, con la finalidad de lograr la reparación integral del daño causado” y explica que “las autoridades competentes no reconocerán el secreto bancario o corporativo ni cualquier otra medida que favorezca a la fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos que traten de eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de los crímenes”.
La inclusión de este tipo de delitos en el listado de Lesa Humanidad no es menor ya que anula cuestiones clave como la posibilidad de indulto, amnistía o la propia caducidad temporal de los delitos cometidos. Así, el artículo seis de estos nuevos principios de Jurisdicción Universal asegura que “las disposiciones de los Estados donde se cometieron los hechos respecto de prescripción, amnistía, indultos y demás medidas destinadas a excluir responsabilidad no serán aplicables” a estos crímenes.