La denuncia

Gatova-08

El 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y un diputado socialista presentaron un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil. El 18 de julio de 2007, diversas asociaciones de familiares de desaparecidos durante la dictadura del general Francisco Franco, presentaron denuncias penales por crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional.

Un año más tarde, Baltasar Garzón, titular del juzgado número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional,  se declaró competente para investigar estas desapariciones forzadas y abrió diligencias para requerir a instituciones estatales listados y datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con la intención de elaborar un censo de desaparecidos y determinar si su juzgado era competente o no para investigar dichos crímenes.  Pedía también la colaboración de la Iglesia católica. En noviembre de 2008 el magistrado inició el proceso por  crímenes contra la humanidad. Reclamó las partidas de defunción de los posibles responsables incluyendo la del general Franco.

Además, ordenó la apertura de 19 fosas comunes. Una de estas tumbas, situada en la localidad de Alfacar, en la provincia de Granada, era en la que se creía descansaban los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado al inicio de la contienda por las tropas franquistas. Ante el magistrado las acusaciones hicieron llegar un listado con 133.708 víctimas, de las que, por comunidades autónomas, destacaban Andalucía, con 29.091 y la Comunidad Valenciana, con 28.892.

También, se presentaron denuncias de niños robados a presas republicanas. Estos casos se irían ampliando en fechas posteriores llegando a incluir  denuncias de los años 80, en las que se reclamaría conocer el paradero de pequeños apartados de sus madres (a quienes se les decía que sus hijos habían muerto), para ser dados en adopción a otras familias que en muchos casos pagarían por ellos.

En octubre de 2008, el Fiscal Jefe  de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó un recurso contra el procedimiento judicial de Garzón. La  Fiscalía argumentó que estos delitos no se podían agrupar en la categoría de crímenes contra la humanidad y que, por tanto, Garzón carecía de competencia para investigarlos. Añadía Zaragoza que los cometidos durante la guerra y en los primeros años de la dictadura, habían prescrito al haberse promulgado la Ley de Amnistía de 1977

Para resolver este conflicto, debía reunirse la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional compuesta por 18 jueces que tendrían que dirimir la cuestión.

Antes  de que esta reunión se llevara a efecto, Baltasar Garzón se adelantó  y el 18 de noviembre decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se ubicaban las fosas denunciadas.

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Referencias documentales

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