Artículo de opinión publicado en Infolibre.es______
La dignidad humana no admite excepciones territoriales, se protege en la frontera con el mismo rigor de cualquier tribunal
Entre la madrugada del 30 de julio y la tarde del 31, cerca de 50.000 personas —en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes— cruzaron de forma irregular hacia Ceuta, a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. El balance de víctimas mortales, que al escribir estas líneas se aproxima ya a la centena de ahogados, multiplica varias veces la crisis de mayo de 2021 y convierte lo ocurrido en el episodio migratorio más grave registrado nunca en una frontera española. No es un hecho aislado: es un síntoma. La democracia europea —y española— está sometida a presiones que proceden de la geopolítica de los países vecinos, de la instrumentalización del derecho con fines políticos, de una Administración estadounidense que ha convertido la inmigración en arma política y de una ultraderecha que ha utilizado la tragedia como argumento contra las políticas progresistas españolas.
Los muertos, el argumento olvidado
El debate se ha trasladado enseguida a las relaciones internacionales, a los intereses económicos y a las elecciones próximas de determinados líderes, incluso al fútbol, ante la disputa de si la final se jugará en el Bernabéu, el Camp Nou o el Hassan II de Casablanca. Asuntos relevantes, pero cuyo estudio muestra una carencia importante: los grandes argumentos olvidan a los muertos. Hay familias desoladas, vagando por Ceuta en busca de sus desaparecidos, sin saber si siguen vivos. Muchos de los que cruzaron eran tan jóvenes que cayeron en el anzuelo de las redes sociales, que prometían nacionalidad, trabajo o un futuro mejor a quienes solo tenían un presente incierto. Como advirtió Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, han convertido el derecho al movimiento en un instrumento de chantaje entre países. No es la primera vez que Marruecos lanza ese mensaje a su población más joven —muchos casi niños, soñando con ser futbolistas como Lamine Yamal—; y resulta revelador que, cuando llegó la orden de regreso, la inmensa mayoría volviera de inmediato, sin discusión. Queda la duda de si la decisión fue igual de «libre» en el viaje de ida.
El Tribunal Supremo y su sentencia
El pasado 8 de julio la Sala Tercera del TS estableció que el rechazo en frontera solo es aplicable cuando la entrada se produce superando las vallas, y no cuando se accede por mar a nado. Aplica la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 y protege el derecho a no ser expulsado sin garantías individualizadas; pero, al excluir del rechazo la vía marítima, convirtió el mar en una ruta jurídicamente menos hostil que una cerca, creando un incentivo perverso sobre personas desesperadas y manipuladas por redes de tráfico, en un tramo de costa donde la letalidad está garantizada. Un tribunal no puede resolver una cuestión sustantiva sin ponderar el efecto de su fallo sobre conductas humanas en juego de vida o muerte. La doctrina puede ser sólida, pero su aplicación práctica, sin medidas paralelas de rescate, se ha convertido en una trampa mortal.
Ceuta, el terreno y sus responsables
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno central el cierre urgente de la frontera, el despliegue del Ejército y la emergencia nacional, evitando incluso comparecer junto a Sánchez en su visita. Es comprensible en quien carece de competencias sobre fronteras y vio su ciudad de 80.000 habitantes desbordada; pero exigir medios no es ofrecer una solución, y Vivas ha optado por el reproche político antes que por la corresponsabilidad institucional que la situación exigía.
La tensión derivó en enfrentamientos entre parte de la población ceutí y los recién llegados, con militares atendiendo heridos en plena calle: consecuencia del colapso de los servicios de acogida y de un clima de miedo alimentado por bulos y por un discurso ultraderechista que describe a los recién llegados como fuerza de ocupación. Ese discurso tiene nombre y apellidos. Este domingo, Santiago Abascal viajó a Ceuta y calificó lo ocurrido de «acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez», reclamando la militarización permanente de la frontera y la devolución de todos los marroquíes en situación irregular. Le acompañaba el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé. Cabe preguntarse cómo concilia esa hostilidad con su alineamiento incondicional con Trump, precisamente quien ha recompensado a Marruecos por su cercanía. No es una invasión islámica; los propios ceutíes se lo dejaron claro en la calle a los bulistas desplazados hasta allí.
Que ciudadanos españoles se vean empujados a la autodefensa vecinal ante la ausencia de un dispositivo estatal ordenado es, en sí mismo, un fracaso de la respuesta pública. El rey Felipe VI habló con Sánchez, Vivas y Feijóo, expresando su preocupación y reclamando medidas que garanticen la seguridad de Ceuta y Melilla: papel institucional correcto, pero que no sustituye la decisión política que corresponde al Gobierno y a las Cortes.
¿Y los espías?
Tampoco puede eludirse la responsabilidad de los servicios de inteligencia. El CNI ya advirtió, tras 2021, que Rabat empleaba las llegadas masivas como instrumento de presión vinculado al Sáhara, y la Guardia Civil venía detectando un repunte de intentos por mar. Que el Ejecutivo alegara después falta de información porque su atención estaba en los incendios no exonera a un aparato de seguridad que, conociendo el precedente de 2021, debía mantener activada una alerta permanente. Del lado marroquí, la inhibición inicial de policías y gendarmes, seguida de una contención tan eficaz que logró el retorno voluntario de casi todos, revela una capacidad que se activó solo cuando convino a Rabat: no es fallo de inteligencia, sino mirar hacia otro lado en el momento oportuno. Dicho esto, la reacción posterior del Gobierno ha funcionado, con el cierre preventivo de Melilla incluido, y la respuesta de Sánchez a los gobiernos que atacaron a España, calificando de «reacciones egoístas» las de quienes exigían sanciones sin ofrecer solidaridad, ha resultado clara.
Europa, dividida y oportunista
Italia, gobernada por la extrema derecha de Giorgia Meloni y sin frontera compartida con Marruecos, aprovechó una crisis ajena para escenificar un gesto de firmeza migratoria de pura rentabilidad interna, impulsando la suspensión de España en Schengen durante un mes, a la que se sumaron con distinta intensidad Polonia, Finlandia, Austria, Chequia y Dinamarca. No cuajó en Francia, que reforzó controles sin secundar la suspensión; ni en Alemania, que exigió a Marruecos la readmisión inmediata; ni en Von der Leyen y Costa, solidarios con España sin respaldar a Roma; ni en el Reino Unido, cuyo primer ministro ofreció apoyo, pero subrayó que se trataba, ante todo, de un problema español. La crisis ha evidenciado que España carece de una alianza mediterránea que contrapese a los gobiernos conservadores europeos y a discursos como el de Nigel Farage, que habla de una batalla por la civilización.
La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande
Sánchez respondió sosteniendo que la solidaridad y la empatía son opcionales, pero que el respeto a los tratados y a los datos es vinculante. Es una réplica eficaz, porque la suspensión de Schengen exige criterios objetivos mientras el reparto de solicitantes de protección sigue dependiendo de la voluntad de cada Estado; pero no resuelve el problema de fondo: una arquitectura europea donde el control fronterizo es exigible y la solidaridad graciable. Esa asimetría es, precisamente, lo que hay que corregir.
Marruecos, Argelia y el patrón de medio siglo
Apenas diez días antes de la crisis, Sánchez viajó a Argel para normalizar relaciones rotas desde 2022; tres días después, el Congreso comenzó a tramitar una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1975. Marruecos tiene una tradición bien documentada de someter a España a pruebas de estrés cada vez que percibe un acercamiento con Argelia y el Polisario: desde la Marcha Verde de 1975, pasando por Perejil en 2002 y la avalancha de 2021, hasta esta movilización masiva. No es una sucesión de episodios inconexos, sino un patrón perfeccionado durante medio siglo.
El vínculo entre Rabat y Washington explica buena parte del contexto. Marruecos fue de los primeros países árabes en firmar los Acuerdos de Abraham con Israel, y Trump lo recompensó reconociendo su soberanía sobre el Sáhara Occidental; al restablecer los aranceles universales, excluyó las importaciones marroquíes de roca fosfórica, de la que Marruecos posee el 70% de las reservas mundiales, sin perder de vista el gaseoducto proyectado sobre un Sáhara cuya soberanía marroquí reclama. Además, ha firmado contratos millonarios de armamento con Estados Unidos, y el mismo sábado de la avalancha, Washington ratificaba esa soberanía por carta.
La criminalización del migrante
La doctrina Trump se caracteriza por la criminalización del migrante, la militarización de la frontera propia, más de 600.000 deportaciones desde enero de 2025 y el uso de la inmigración como arma electoral. Lo que hace Marruecos es distinto en su mecánica, pero convergente en lo esencial: ambas aproximaciones instrumentalizan a los migrantes como munición geopolítica, con precedentes en Bielorrusia frente a Polonia o Turquía frente a Grecia. Trump no provocó la crisis ceutí, pero se apresuró a explotarla con la misma gramática que aplica a su propia frontera sur, y que emplean también Vox y sus aliados europeos.
La solución pasa por varios ejes: reforzar el salvamento marítimo; articular vías legales y seguras de migración que vacíen de sentido el negocio de las mafias; una solidaridad europea obligatoria, no voluntaria; una diplomacia con Marruecos basada en el respeto pero también en la firmeza, porque Rabat interpreta la cesión como debilidad. Y la atención prioritaria a los menores no acompañados —770 acogidos en Ceuta frente a 29 plazas ordinarias—, cuya situación vulnera de forma flagrante la Convención de los Derechos del Niño.
El discurso del PP y Vox
¿Aporta algo la posición del PP y de Vox? Muy poco, y lo poco que aporta viene envuelto en un relato que agrava el problema. Existen demandas técnicamente razonables en el discurso del PP —refuerzo de medios, respuesta europea más contundente, comparecencia del Gobierno— que podrían plantearse sin el lenguaje de la invasión. Pero ese discurso queda contaminado por un marco ideológico que convierte al migrante, por definición, en sospechoso o amenaza, vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y bordeando los tipos penales de incitación al odio de los artículos 510 y 511 del Código Penal.
Núñez Feijóo ha optado, además, por un oportunismo de manual: en vez de exigir responsabilidades por los canales institucionales que le corresponden, contactó por su cuenta con una veintena de dirigentes internacionales y con la Administración estadounidense, internacionalizando el desgaste del Gobierno. Mientras, dejó que su secretario general acusara a Sánchez de un «efecto llamada» por la regularización de más de un millón de inmigrantes, la misma lógica simplificadora de Vox, que exige militarizar la frontera y devolver de inmediato a todos los marroquíes, equiparando a menores y familias con una fuerza de ocupación. Ambos coinciden en calificar la crisis como invasión, término jurídicamente inaplicable a un fenómeno protagonizado por civiles desarmados, y que cumple una función precisa: deshumanizar al migrante.
Un test de estrés democrático
Esta dinámica se inserta en la misma línea que la instrumentalización del Poder Judicial, la posverdad y las políticas xenófobas: expresiones de un mismo fenómeno de erosión democrática, con idéntica lógica autoritaria, sustituir el imperio de la ley por la gestión discrecional del miedo. Ceuta es un test de estrés para la calidad democrática española y europea. La dignidad humana no admite excepciones territoriales: se protege en la frontera exterior de la Unión con el mismo rigor con que en cualquier tribunal, o no se protege en ningún sitio.
Me queda la amargura de comprobar que las ilusiones de mejora que todos albergamos no existen para buena parte de quienes hoy deciden. No buscan la felicidad de sus administrados, sino el beneficio de quienes los auspician. La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande. A eso conduce la geopolítica mortal en la que estamos sumidos. Ceder a esa tentación sería la prueba de que Europa ha decidido sacrificar sus principios fundacionales en el altar del miedo.