Artículo de opinión publicado en infoLibre.es_____
El PP, en precampaña desde hace años, usa la mentira como método casi único para destruir personalmente a Sánchez
El desprecio es una de las emociones más peligrosas del ser humano. Quien lo practica se considera moral o intelectualmente por encima del otro, emite juicios de indignidad cuando cree que ha transgredido una norma social o ética y muestra una clara desconexión emocional. El psicólogo Paul Ekman, padre del estudio de las emociones y su traducción en gestos, le atribuyó una expresión inequívoca: una sola comisura del labio levantada sobre una media sonrisa.
La mueca global
Es fácil imaginar ese rictus en Donald Trump cuando, el domingo 25 de octubre, en un mitin en Michigan, llamó a Noruega “país de mierda” por no haberle concedido, una vez más, el Nobel de la Paz. “No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega”. Como mérito, afirmaba haber resuelto ocho guerras. Con apenas un 31% de popularidad, no parecía prudente; pero la prudencia nunca ha sido su atributo.
Ni tampoco lo es de la familia Bolsonaro. Pero a veces, el desprecio se paga. Flávio Bolsonaro llamó “nueve dedos” a Lula da Silva en un debate decisivo, empleando el apodo con que los ultras buscan humillarlo. Lula respondió al instante: “Si alguien perdió un dedo a los 17 años, fui yo, trabajando de noche, cuando no se podía trabajar. No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”. Es probable que esa burla decantara también votos.
El desdén de casa
En España, esa misma mueca tiene nombre propio. El 27 de octubre, un concejal de Vox llamó “hijo de puta” a un edil de Podemos. “Me tienes hasta los cojones”, añadió, con el puño cerrado, mientras el edil al que ofendía se encontraba defendiendo una moción para reconocer a las víctimas de la represión franquista.
Al desdén se suma la mentira. El PP, en precampaña desde hace años, la usa como método casi único para destruir personalmente a Sánchez, directamente o a través de su mujer. Difunde anuncios falsos hechos con IA que ponen en boca socialista frases nunca dichas. O tenemos al líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que acusa a la izquierda de usar la violencia para afincarse en el poder, manipulando los sucesos de Barcelona. Detrás de estos infundios hay una tradición: Con Rajoy se encargó a las cloacas policiales hurgar en los negocios del suegro de Sánchez, por orden, al parecer, del entonces secretario de Estado de Interior y hoy juzgado en el caso Kitchen, lo que supone todo un procedimiento montado para hacerse con documentación comprometedora del caso Gürtel.
Urda: los hechos
Esa mueca despreciativa recorre hoy la política. Esta semana pasada alcanzó su forma más obscena: la de quienes la han dirigido contra sesenta y nueve muertos.
El miércoles 28 de octubre, a las 8:54, un AVE de Renfe embistió por alcance a un tren de Iryo detenido a la entrada de la estación de Urda, en Toledo. Sesenta y nueve muertos y quince heridos muy graves. Es el peor accidente ferroviario desde Angrois y llega nueve meses después de Adamuz, con otros cuarenta y seis fallecidos en la misma línea ferroviaria. Lo que sabemos es tan simple como inquietante. Hacia las 8:30, un fallo informático dejó sin protección LZB, a 63 kilómetros de vía, y los trenes se detuvieron automáticamente, como debían. A las 8:36, el centro de control de Adif en Atocha autorizó al AVE a reanudar la marcha “normal”, con el sistema caído y otro tren parado delante. A las 8:48, el maquinista del Iryo avisó de que seguía detenido. Nadie paró al AVE, que recorrió 25 kilómetros hacia un convoy inmóvil.
Esos son los hechos, pocos y provisionales.
Lo que vino después, indigna.
El dolor como munición
Sin haber terminado los rescates, desde la propia Urda, Alberto Nuñez Feijóo proclamó que las responsabilidades políticas no deben esperar a que finalice una investigación. Al día siguiente añadió: “Si no dimiten ellos, los haremos dimitir en las urnas”. Y en la dirección del PP se confesó el propósito: “El objetivo no es Puente”. Es la lógica del trofeo: cabezas exigidas antes de conocer los nombres de todos los muertos, piezas de caza para el 29 de noviembre.
No discuto el deber de la oposición de controlar al Gobierno. Discuto el momento, el método y la intención. Cuando el pésame va en la misma frase que la exigencia de dimisión, deja de ser pésame. Adamuz y Urda parecen tener causas distintas: una probable rotura de carril entonces; una caída informática y una orden errónea ahora. Quien las encadena sin reparar en ello no analiza nada: suma cadáveres para una cuenta electoral.
Vox atravesó la línea que nadie más cruzó. Fue el único partido que no suspendió la precampaña. Con los heridos aún en las vías, Abascal —que no reniega del fascismo— llamaba al titular de Transportes “ministro de la muerte” y al Gobierno “organización criminal”. Un día después, abrió un mitin con “La muerte no es el final” para sentenciar: “Ellos son el error humano”. Ha llevado al ministro ante el Supremo por homicidio imprudente. Eso no es oposición: emplean a los muertos como combustible electoral. Es indignante.
Tampoco exculpo al Gobierno de su propia trinchera. Un ministro que promete no usar “a ningún trabajador como escudo” mientras señala a los técnicos del centro de control está construyendo exactamente ese escudo.
La lección no aprendida
Tras Angrois, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó que la investigación oficial “no aseguró la independencia” y se quedó en “la causa directa, un error humano”. Trece años después, el riesgo es repetir el atajo con un culpable a la carta: un trabajador, si conviene al Gobierno; un ministro, si conviene a la oposición.
Las causas estaban avisadas. En junio de 2025, tras una autorización errónea de marcha en Cuenca, la CIAF advirtió de que la última barrera frente a una colisión “es susceptible de fallar, ya que depende completamente del factor humano”. Dirigió siete recomendaciones a Adif. Dieciséis meses después, sesenta y nueve personas han muerto en un escenario casi calcado. El ministro sostiene que las 170 caídas del LZB este año están “dentro de la normalidad”. Peor todavía: el modo degradado es rutina, y en esa rutina cientos de vidas cuelgan de una sola decisión humana sin red. El ERTMS, adjudicado en 2021, debía funcionar este año; ahora se promete para 2027. ¿Por qué una orden de marcha sin protección automática no exige doble verificación? Eso no se responde en un mitin.
Lo que haría un país serio
En un país serio, los grandes partidos habrían comparecido juntos para decir que la seguridad de quienes viajan no es de izquierdas ni de derechas. Ponerse a disposición no es firmar un cheque en blanco, sino aportar soluciones. Las hay:
- Un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria. Con calendario vinculante, financiación plurianual blindada para el ERTMS, penalización de los retrasos y rendición pública de cada euro.
- Una Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes (AITAT) que lo sea de verdad. Una investigadora ha denunciado en el Congreso que los informes “llegan a instancias superiores y se modifican”. Necesita medios propios e informes íntegros.
- Una auditoría internacional. De los centros de control y del modo degradado, con resultados públicos.
- Una oficina única para las víctimas. Las familias de Adamuz siguen “en la misma situación que antes”. Urda no puede repetir ese abandono.
No rehúyo la pregunta incómoda: el ministro de Transportes debe anunciar su dimisión
No rehúyo la pregunta incómoda: el ministro de Transportes debe anunciar su dimisión. No porque lo exijan quienes han hecho de la tragedia un arma, sino porque más de cien muertos en nueve meses en el mismo corredor reclaman un gesto de responsabilidad política. Esa responsabilidad no es culpa penal: es asumir que algo grave ha fallado en el ámbito que uno dirige. Preguntado por si su dimisión reconfortaría a las víctimas, respondió: “Buff…”. Se equivoca en el criterio y en el tono. Una dimisión no consuela: reconoce. Tras el accidente ferroviario en Tempi, el 28/2/23, con 57 muertos, el ministro griego dimitió al día siguiente como “la mínima muestra de respeto”.
Propongo invertir el orden: anunciar ya la salida y hacerla efectiva cuando haya conclusiones y medidas en marcha. Sin vacío de mando y sin trofeo para los oportunistas. Este martes 3 de noviembre, ante la Diputación Permanente, tiene la ocasión.
El asco y el Estado
Mientras algunos afinaban el argumentario, los vecinos de Urda, un pueblo de 2.500 habitantes, se volcaban con los heridos. El farmacéutico llegó a la vía con gasas y sueros antes que las ambulancias; en el supermercado se negaron a cobrar: “Aquí hay que ayudar todos”. La ciudadanía estuvo a la altura. Una parte de la clase política, no.
Ekman tendría aquí una fuente inapreciable de estudio. Vería a una enorme cantidad de españoles arrugar la nariz, elevar el labio superior y chasquear la lengua, escenificando una oleada inmensa e insoportable de asco.
Pero el asco no puede ser la última palabra. He dedicado buena parte de mi vida a defender que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición. Ninguno de esos derechos se satisface con un cese arrancado como trofeo ni con un chivo expiatorio. Se satisfacen sabiendo qué falló y corrigiéndolo. La confianza exige invertir en seguridad mantenida, no en kilómetros inaugurados, y representantes que distingan entre el adversario y la desgracia común. Sesenta y nueve muertos no son un argumento de campaña. Esa confianza no se reconstruye desde la trinchera. Se reconstruye desde el Estado.