Artículo de Baltasar Garzón publicado en ElDiario.es
- Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades
El Senado de España está a punto de dar luz verde al proyecto de Ley de Memoria Democrática, con lo que se culminará el largo camino plagado de obstáculos para las víctimas y las familias de quienes fueron represaliados, asesinados, exiliados y desaparecidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado de 1936, que acabó con el orden democrático en nuestro país. Parece mentira que tantas décadas después todavía haya hijos, sobrinos, nietos… reclamando la búsqueda de los suyos enterrados en fosas anónimas y en cunetas al día de hoy. Pidiendo su derecho a recuperar sus restos y dejar claro que fueron ejecutados por su defensa de la legalidad o por no secundar a los golpistas. O que no hayamos reconocido aún a quienes tuvieron que sufrir el exilio.
La aprobación de esta norma, que está tardando demasiado, llega con la oposición de las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y de entidades como la Fundación Transición Política Española. Esta entidad, de la que forman parte unas 200 personalidades entre las que figuran antiguos ministros de la UCD y del PP o quien fue presidente de la Comunidad madrileña por el PSOE, Joaquín Leguina, enfrentan el Proyecto de Ley. Se muestran de acuerdo con una carta dirigida en septiembre a Presidencia de Gobierno por el director de esta fundación, Rafael Arias Salgado. Consideran que el pacto constitucional es incompatible con la nueva norma, que piensan “dinamita la trayectoria de consenso respetada durante nuestro largo periodo democrático”. Y que “siembra una infame sospecha sobre la Transición, hasta el 31 de diciembre de 1983”. Probablemente, no sea de su gusto tampoco el que diversos grupos parlamentarios a la izquierda, apoyen el proyecto.
El 16 de octubre de 2008, desde mi juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, me declaré competente para investigar las desapariciones acontecidas durante la Guerra Civil española y el franquismo. Las consideré un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admití a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra y la dictadura y autoricé exhumaciones en 19 fosas, incluyendo la del poeta Federico García Lorca. Sufrí varapalos desde determinados sectores y, como es sabido, me senté en el banquillo de la sala II del Tribunal Supremo, a causa de la querella que presentaron las fuerzas vivas de lo más próximo al fascismo que teníamos en ese momento. El Supremo me absolvió en este caso, pero sentenció que nunca más se pudieran investigar penalmente las causas de represaliados por el franquismo. Fue una condena a las víctimas que no podrían obtener justicia ni reparación y también a toda la ciudadanía, a la que se negaba para siempre la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido. Curiosamente, los mismos sectores que plantearon su rechazo a la investigación, se habían opuesto también a la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno del PSOE en 2007. Más aún, el nuevo presidente del PP, Mariano Rajoy, hizo gala de su decisión de no aportar un solo euro en su dotación. Promesa que cumplió con creces.
Durante este tiempo he sido testigo, como toda la sociedad, del calvario de las familias para intentar que algún juez cumpliera su obligación de exhumar los restos de sus seres queridos, y de ayuntamientos del Partido Popular, como el de Valencia, regido por Rita Barberá, para impedir tal posibilidad. Cuando los ciudadanos decidieron en las urnas que deseaban un gobierno progresista del PSOE en coalición con Podemos y el apoyo de otras fuerzas de izquierda, se abrió una puerta que dejó pasar aire fresco. Frente al oscurantismo y el mantenimiento del espíritu del régimen del dictador impuesto por la derecha, comenzó a desatarse lo que tan bien atado pretendían algunos. Queda para la historia la imagen de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Valle de los Caídos levantando acta como notaria mayor del Reino de la exhumación de Francisco Franco. Un nudo menos en la soga que nos ahogaba.
El trabajo de estos años, para conseguir una Ley de Memoria Democrática, ha supuesto mucho esfuerzo y no pocos debates. Los argumentos contrarios de la ultraderecha y la derecha no son sino ecos de esa época rancia que nadie en España desea que regrese, salvo los herederos del franquismo. El alegato de entidades como la mencionada Fundación y otras entidades de similares ideas, que reivindican la transición como propia, viene a considerar la Ley de Amnistía como una Ley de punto final, obviando años posteriores en que la ultraderecha mató a sus anchas y continuaron las secuelas de un sistema que se resistía desaparecer, incluido el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades y se resista a la eliminación de derechos que desean las ideologías más añejas. Olvidan lo fundamental: a las víctimas.
Son aquellos que no recuerdan que el servicio a un país se realiza día a día; los que pretenden robar el futuro a la memoria y a las víctimas; los que viven anclados en un pasado ya inexistente. Las victimas siguen presentes y defenderlas es la obligación del Estado y de todos nosotros.
Se trata también de que nuestro país, flamante miembro de la Unión Europea, de la ONU e inserto en los foros internacionales más importantes atienda de una vez por todas las recomendaciones de Relatores Especiales, Grupos de Trabajo y Comités de derechos humanos de buscar a los desaparecidos, permitir que sus familias les den digna sepultura, y sean reparadas como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho. España está internacionalmente señalada por no haber hecho sus deberes en esta materia.
Como antes se acusó a la ley de memoria histórica aprobada en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy se acusa nuevamente a las fuerzas progresistas de un deseo de venganza, de querer reabrir viejas heridas ya cerradas, de romper los acuerdos fundacionales de nuestra democracia. Nada más lejos de la realidad. Se trata de cerrar heridas abiertas por no haber podido en todos estos años concluir un duelo eterno que ha llevado a un sufrimiento permanente de madres, esposas, hijos e hijas por no haber podido dignificar y dar descanso a los restos de los seres queridos; por reivindicar la democracia previa al golpe de Estado; por querer arrojar luz sobre el período más oscuro de nuestra historia. Si ellos vociferan aquel ¡cómo se atreven!, yo mismo les digo que sí, que nos atrevemos, que es necesario, que ya está bien, que nos avalan decenas de recomendaciones de Naciones Unidas. Más bien al contrario, yo les pregunto de vuelta frente a tanta crueldad con las víctimas sostenida innecesariamente por décadas y décadas de democracia ¡cómo se atreven! Aunque les pese, enterraremos a los nuestros, ya basta de tanto odio. ¡Cómo se atreven!