«Un operador jurídico no puede tener opinión, ni motivación política en la confección de sus decisiones o presentación de informe o dictámenes Torcer el Derecho por razones políticas o evitar situaciones complejas, que supongan verdaderos quebraderos de cabeza para los altos funcionarios encargados de acusar y juzgar, no tiene cabida en un Estado democrático»….
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