Artículo de opinión publicado en infoLibre.es____
La calle ya ha hablado. Ahora la izquierda tiene que estar a la altura: unida o derrotada
La esfera política es el ámbito donde se toman las decisiones colectivas, se ejerce el poder y se organizan las instituciones. En ella conviven parlamentos, ayuntamientos, partidos, sindicatos, empresas y otras entidades políticas, nacionales o internacionales, y su razón de ser es inequívoca: fijar las reglas del juego democrático y garantizar un reparto justo de los bienes y los recursos. Cualquier otra finalidad es una desviación.
Frente a ella se sitúa la sociedad civil organizada: los movimientos vecinales, las ONG, los organismos de derechos humanos, los colectivos y todos los espacios que no dependen del Estado. Es ahí donde se detectan en primer término los problemas reales de la gente, donde se denuncian y desde donde se exigen respuestas a las instituciones. Entre ambas esferas debería existir un control mutuo, una vigilancia recíproca que impidiera los abusos. Ese equilibrio, hoy, está roto. La política ha dejado de mirar a la ciudadanía para mirarse a sí misma.
Una política encerrada en sí misma
El deterioro comienza cuando la política se ocupa únicamente de sus propios asuntos o de los de quienes la financian. Ese perfil endogámico la aparta de la realidad del día a día y se convierte en caldo de cultivo para la corrupción, que siempre requiere dos partes: el político que vende su poder y el empresario que lo compra. Ninguno de los dos existe sin el otro, y ambos deben responder por igual.
Los ejemplos son tan numerosos como elocuentes. Gürtel, Púnica, los negocios hechos a costa de la enfermedad —en los momentos más duros que ha vivido este país—, los casos de los exministros José Luis Ábalos y Cristóbal Montoro, el uso de fondos reservados para destruir al adversario político… Un catálogo que va desde la chapuza más burda hasta la trama organizada con métodos mafiosos. Conviene no engañarse: no se trata de excepciones, sino de síntomas de un sistema que ha permitido que el interés particular suplante al interés general.
Para algunos partidos, además, estar fuera del Gobierno no es una circunstancia propia de la alternancia democrática, sino una amenaza existencial. Necesitan recuperar el poder para preservar un modo de vida y responder ante quienes los sostienen. Y en esa carrera, todo vale: la difamación, los ataques personales y familiares, el lenguaje tóxico, el insulto convertido en argumento y la barra libre para envilecer el Parlamento. Eso no es oposición: es la degradación deliberada de la democracia.
La justicia no es ajena
Lo más inquietante es que este fenómeno no se limita a la política. En el ámbito judicial ocurre algo parecido, y su gravedad es mayor, porque los tribunales deberían ser el último refugio del ciudadano. Existen en él grupos de profesionales que libran su propia batalla por los puestos de poder, y algunos no muestran reparo en que su interpretación de la ley coincida, con sospechosa regularidad, con los intereses de quienes aspiran a gobernar a cualquier precio. El resultado es una parcialidad corrosiva y una instrumentalización de la justicia que pueden acabar con el Estado de derecho. Porque, cuando el ciudadano deja de confiar en sus jueces, deja de confiar en todo lo demás.
Entretanto, la ciudadanía recibe a diario mensajes interesados de opinadores a sueldo y bulos fabricados en las redes, mentiras repetidas hasta adquirir apariencia de verdad. Cabe preguntarse cómo puede defenderse un ciudadano corriente frente a semejante maquinaria, y a quién puede acudir cuando quienes deberían protegerlo forman parte del problema.
La sociedad civil se rebela
La respuesta ha llegado, como tantas veces, desde abajo. La chispa que ha prendido la llama ha sido una anciana que ha pasado siete años amenazada de desahucio por un fondo buitre, mientras una entidad social luchaba a su lado para impedirlo. Finalmente fue expulsada de su casa, y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Después… su muerte, en el hospital del que no pudo salir con vida tras aquel traumático desahucio. Ante ese drama, algunos responsables políticos y mediáticos opinaron sin el menor pudor y la atacaron de forma inmisericorde, inhumana, incluso después de fallecida. La reacción no se hizo esperar: los jóvenes salieron de forma pacífica y contundente en decenas de ciudades, los sindicatos se sumaron y la sociedad civil ejerció su legítimo derecho a pedir cuentas en plazas y avenidas. Mientras tanto, los miserables de siempre los llaman terroristas y violentos, banalizando el término en un país como España, que ha sufrido la ferocidad de esa lacra.
Ese estallido debería servir de lección. Hay demasiados cargos electos que no han comprendido qué significa un voto. Un voto no es un cheque en blanco: obliga a servir a todos, sin distinción, también a quienes no te votaron. No lo comprenden quienes pretenden derogar derechos que tanto costó conquistar, ni quienes no protegen a la infancia, ni quienes desprecian a los más vulnerables, ni quienes niegan lo que las personas migrantes aportan cada día a nuestra economía y a nuestra sociedad.
Parapetados en las instituciones
La estrategia de la derecha es meridianamente transparente. En la legislatura que ha fenecido, se atrincheró en el Senado, donde disponía de mayoría, para tumbar cuanto aprobaba el Congreso. Y en el Congreso ha intentado bloquear, y a veces lo ha conseguido, cada iniciativa del Gobierno de coalición, con independencia de su contenido y de su beneficio para la ciudadanía. Lo relevante no era lo que se proponía, sino impedir que saliera adelante.
La ciudadanía recibe a diario mensajes interesados de opinadores a sueldo y bulos fabricados en las redes, mentiras repetidas hasta adquirir apariencia de verdad
Así no se hace oposición; así se dañan los cimientos de la convivencia. La obligación de la oposición es controlar, proponer y contribuir a mejorar la vida de las personas, no impedir sistemáticamente que otros lo hagan. Quien bloquea por sistema no castiga al Gobierno: castiga a la gente.
La hora de la ciudadanía
Hoy ha sido la vivienda lo que ha llevado a la gente a decir basta. Mañana será la sanidad, la educación o las pensiones. Desacreditar a quienes protestan no altera la realidad; solo revela el temor de quienes se empeñan en negarla. Una casa no es un activo financiero: es la condición mínima para una vida digna.
No sé si Pedro Sánchez se ha visto forzado o ha aprovechado la circunstancia para convocar elecciones, pero ha hecho lo correcto: devolver la palabra a la ciudadanía, que es su legítima titular. El voto no se defiende solo. Exige movilizarse de forma democrática y pacífica, pedirlo puerta a puerta, barrio a barrio, y defender la democracia con exigencia y presencia. Lo que se ha gritado en las plazas tiene que convertirse ahora en papeletas en las urnas.
Exige, también, reclamar respeto. Que no se tache de terroristas a quienes reivindican sus derechos. Que no se trate a los ciudadanos como a imbéciles. Que no se les mienta. Que se dejen de utilizar las redes para insultar y degradar el debate público. Protestar pacíficamente no amenaza la democracia; la amenazan la mentira organizada, el bulo como estrategia y el desprecio a la inteligencia de la gente.
La calle no tiene dueño
Es necesaria, no obstante, una advertencia: nadie debe apropiarse de la calle. Ningún partido, ninguna sigla, ningún liderazgo. La calle pertenece a la ciudadanía. Los partidos progresistas tienen el deber de acompañarla, no de dirigirla, y de hacerlo asumiendo las críticas cuando lleguen, porque llegarán. Así debe ser. Quien no soporta la crítica de los suyos no merece representarlos.
La unidad no es opcional
Estas elecciones son decisivas. No podemos permitir que gobiernen quienes anuncian sacrificios que jamás aplicarán a sí mismos, quienes exigen austeridad a los demás mientras blindan sus privilegios. Es hora de poner fin a la manipulación. La verdad se defiende con acción: en la calle y en las aulas, en la fábrica y en el taller, y con una justicia limpia que no se deje utilizar.
Pero nada de ello servirá si la izquierda concurre dividida. Debe decirse con claridad: una izquierda dividida es una izquierda derrotada, y una izquierda derrotada entrega el país a quienes buscan la degradación de nuestros derechos bajo falsas palabras de grandeza. Con nuestro sistema electoral, cada candidatura que se presenta por separado, regala escaños al adversario, y cada voto disperso en las provincias pequeñas es un voto perdido. Si la izquierda no se une, traiciona a todos y a todas las que creemos que el bienestar colectivo está por encima de cada uno de nosotros, a quienes sabemos que una suma vale más que una resta.
Las soberbias y los egos deben guardarse en el baúl del desván. No es momento de disputas internas, de vetos cruzados ni de cálculos personales. Quien anteponga su sigla o su ambición a la unidad, tendrá que explicarlo ante quienes esperamos, de corazón, que sus representantes nos amparen. Y no encontrará excusa que lo justifique.
Nada está decidido todavía. Las encuestas no votan; votan las personas. Y las personas ya han demostrado en la calle que no están dispuestas a aceptar cualquier cosa. La ciudadanía ha cumplido su parte. Ahora le corresponde a la izquierda estar a la altura.
Es el momento. No habrá otro.