La decisión del Gobierno de repatriar a los niños que Marruecos envió masivamente a Ceuta el pasado 17 de mayo como represalia ante las afrentas, reales o imaginarias, de España por la cuestión del Sáhara Occidental sobrepasa los límites que permiten la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro propio ordenamiento jurídico y la ética de un Estado social y democrático de derecho.
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