La acción fue interpuesta contra el mandatario y sus colaboradores civiles, policiales y militares a raiz del cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019. La Corte Penal Internacional podría tardar años sólo en declarar la admisibilidad del recurso. La Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) también suscribieron el escrito, el que fue presentado este jueves 29 de abril en Chile.
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