La decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco siguiendo el mandato del Congreso de los Diputados, con el visto bueno del Vaticano y la orden inapelable del Tribunal Supremo, muestra cómo un acto que debería ser normal en un Estado de Derecho que intenta superar el recuerdo de una dictadura se ha complicado hasta la insensatez.
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