Artículo de Baltasar Garzón publicado en Infolibre
Por lo que ha trascendido hasta este momento en la prensa, todo indica que Luis Medina Abascal, marqués de Villalba, junto a un amigo, Alberto Luceño Cerón, se han enriquecido a expensas del Ayuntamiento de Madrid, mediante una suculenta comisión obtenida por hacer de intermediarios en un contrato, inflado hasta cantidades estelares, para suministrar material sanitario en el peor momento de la pandemia. De confirmarse, se demostraría una inconcebible falta de escrúpulos y de empatía que produce náuseas, ante lo obsceno de las circunstancias en las que tales hechos tuvieron lugar y que ustedes ya conocen. Mientras morían diariamente cientos de personas y médicos y enfermeras pedían desesperadamente material sanitario, otros, presuntamente, habrían volcado sus influencias en obtener comisiones millonarias a cambio de hacer prácticamente nada, salvo coger el teléfono o escribir un par de correos electrónicos.
Fuera de la opinión que merecen estos hechos y que han provocado una querella de la Fiscalía Anticorrupción, me ha llamado poderosamente la atención la reacción de Medina en unas recientes declaraciones: «En la Fiscalía son todos de izquierdas y así actúan«.
Que el aristócrata considere que la culpa de lo que le está pasando la tiene el brazo investigador de la ley contiene varios conceptos integrados, como las muñecas rusas, que él mismo exponía en la citada entrevista: “me dedico al comercio internacional” … “tengo un contrato perfectamente legal” … “he cobrado por mi gestión” … “no hay irregularidad alguna” … y, la perla de la corona, la mención a la ideología que según el marqués tienen “todos” en la Fiscalía.
Mis años de juez instructor me han enseñado que echarle la culpa al otro, con ese o cualquier argumento, es la defensa más fácil del que no ha obrado con corrección. Es la misma fórmula que usan habitualmente los delincuentes que quieren zafarse de la cárcel y carecen de la astucia para proveerse de una excusa o una coartada mejor. Y también de los que salen en defensa de estos individuos desde un espectro político conservador atacando a la Fiscal General del Estado, cuando deberían pedir que se llegue al fondo del asunto, caiga quien caiga. Cosa que harían si tuvieran un mínimo de dignidad política y ciudadana, y si —como es su obligación por el cargo que ocupan en una administración autonómica, por ejemplo—, conocieran la estructura y modo de actuar del Ministerio Fiscal.
¿Qué es la Fiscalía?
En este caso en concreto, la excusa es bastante mala. Veamos, ¿qué tipo de institución es la Fiscalía a la que apunta como el origen de su infortunio el “señor” Medina? Se trata de un órgano constitucional con personalidad jurídica propia que cuenta con autonomía de funcionamiento dentro del poder judicial. El artículo 124 de la Constitución española indica que su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados. Debe velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.
Para ejercer sus funciones tiene órganos propios cuyos principios se basan en la unidad de actuación y dependencia jerárquica y están sujetos a los de legalidad e imparcialidad. Cuentan por Ley con un Estatuto Orgánico propio que les dota de autonomía y establece su organización territorial. Aquí es donde se regulan sus desempeños, así como todo lo que afecta a los fiscales, como su acceso, estructura, derechos y deberes. La institución está actualmente dirigida por la Fiscal General del Estado. Como todos los fiscales generales, tiene la facultad de nombrar discrecionalmente a la cúpula fiscal, para lo cual cuenta con una Sección Permanente de Valoración que informa sobre mérito y capacidad de los fiscales a fin de apoyar al Consejo Fiscal al informar nombramientos discrecionales de la Carrera Fiscal. A la Fiscal General la propone el Gobierno y la nombra el Rey. En los dos años que ejerce el cargo, Dolores Delgado se ha caracterizado, a pesar de múltiples zancadillas y trampas para elefantes que han puesto en su camino, por anteponer a toda otra consideración el servicio público, la transparencia y el mérito. Cosa que parece no gusta a todos y especialmente al sector más conservador de la fiscalía, que es mayoritario. Se necesita un cambio en el sentido de que el cargo, en sí mismo, de quienes ocupan la cúpula fiscal no vale nada si no sudan la camiseta día a día. La sociedad española necesita, ante los retos que nos aguardan, fiscales del siglo XXI que se ganen el puesto, aunque lo tengan por escalafón.
El revuelo interesado
Todo este esquema institucional que brevemente he reseñado ha funcionado así en España desde los albores de nuestra democracia y hasta el día de hoy. En la actualidad, los partidos de la derecha, apoyados por los medios informativos próximos, montaron —y siguen haciéndolo— un gran revuelo desde el nombramiento de su actual titular, Dolores Delgado, aduciendo un cúmulo de objeciones, algunas disparatadas, destacando entre ellas que previamente estuvo a cargo de la cartera de Justicia. Pero lo cierto es que no es la primera vez y, si no se cambia la Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal, intuyo que no será la última en la que el cargo de Fiscal General del Estado sea ejercido por una persona que antes desempeñó un cargo político, incluida una cartera ministerial.
Aún más, nadie debe sorprenderse de que, en otros países, esta sea una situación normal. Sin ir más lejos, es el caso de Estados Unidos, donde el Fiscal General dirige además el Departamento de Justicia, sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello. La experiencia acumulada es un mérito, y mucho más si quien ejerció como tal, previamente lo hizo como fiscal durante 30 años.
Por la configuración del Ministerio Fiscal, carecen de base los ataques lanzados desde ese sector, motivados presumiblemente por la frustración de quienes los efectúan, de no alcanzar lo que desean quizá porque quedaron obsoletos en su comportamiento narcisista, en vez de asumir responsabilidades en la trinchera judicial. Es decir, estar allá donde se les necesite y no detrás de un escritorio esperando a verlas venir o escribiendo artículos en medios claramente decantados hacia el mayor conservadurismo y que, un día sí y el otro también, parecen proclives a llenar páginas con embestidas tan gratuitas como inconsistentes contra la responsable máxima de los fiscales españoles.
Falta debate
En serio, no hay nada peor que decir medias verdades y aderezarlas con argumentos falaces para edulcorar ataques que solo alimentan el resentimiento y la desesperación de no obtener un puesto sobre el que algunos consideran que tienen derecho natural.
Lo cierto es que esta tormenta en el vaso de agua fiscal apenas emerge del espacio corporativista en el que se produce. Sin embargo la sociedad va por otro lado, ve y comprueba el músculo de las diferentes acciones de la fiscalía en sus diferentes áreas, en las que combate contra el odio (desde luego, no en el sentido de imputar y juzgar a titiriteros); la violencia de género; en defensa del medio ambiente; la lucha contra la droga y el blanqueo, con puntos sensibles como el Campo de Gibraltar; la defensa de los vulnerables como son las personas con discapacidad, los mayores, el colectivo LGTBI; el combate frente a los abusos sexuales a menores en el seno de instituciones religiosas; la investigación en grado de cooperación internacional de los crímenes de guerra en Ucrania, la memoria, y un largo etc.
¿Por qué entonces tanto revuelo? Como en tantos otros aspectos, echo en falta un debate serio y transparente sobre este tema, en el cual podríamos buscar fórmulas para reforzar la independencia de la Fiscalía en nuestro país, entre otras, mediante un método diferente para la elección del o de la titular de la Fiscalía General del Estado.
Tienen miedo a la acción de la justicia cuando prevén que no la podrán manipular o “controlar por la puerta de atrás”, porque, seguramente, tienen mucho que ocultar. Creo que esto es lo que explica la frase del señor marqués
¿Por qué no? Creo que sería incluso deseable. Pero, lejos de eso, la derecha y la ultraderecha no aceptan que las mismas reglas del juego que han estado vigentes desde el inicio de la democracia, sean aplicadas por un gobierno de signo contrario al suyo y, sobre todo, que esta Fiscal, que se ha caracterizado durante su carrera funcionaria por ser favorable a la causa de los derechos humanos, la jurisdicción universal y el feminismo, sea quien esté al mando de una institución a la que temen.
Tienen miedo a la acción de la justicia cuando prevén que no la podrán manipular o “controlar por la puerta de atrás”, porque, seguramente, tienen mucho que ocultar. Creo que esto es lo que explica la frase del señor marqués.
Pero aquí no hay persecución política de nadie, ni mucho menos. Lo que hay es una investigación en curso desempeñada por profesionales que pueden confiar en que podrán investigar a fondo los hechos, con objetividad e imparcialidad, con pleno respeto a la legalidad y a los derechos y garantías de los investigados, sin interferencias políticas, ni de parentesco, ni de amistades, ni de nada parecido. Y, si esto es así, entiendo perfectamente que muchos se sientan incómodos o directamente intranquilos. Por tal razón, a falta de una mejor coartada o excusa, la estrategia es hacerse la víctima de una conflagración comunista que injusta y caprichosamente busca perjudicar a quienes sólo han cobrado una “justa retribución” por su invaluable contribución como intermediarios en una operación de la que toda España, y en particular Madrid, les deberían estar agradecidos, ¿no?
Hacer su trabajo
Como es lógico, en el sistema de justicia cada cual debe hacer su trabajo y no pueden ni deben dejar de hacerlo, so pena de incurrir en alguna irregularidad administrativa o incluso penal. Por ello, creo que nadie debería molestarse porque un funcionario público cumpla con el deber que le ha sido legal y constitucionalmente encomendado. Y, sin embargo, la verdad es que hay personas que se incomodan y mucho.
La máxima responsable de la Fiscalía, como hicieron en su momento sus antecesores, ha tenido que nombrar a más de un centenar de cargos para los puestos más relevantes. Este ha sido, a mi juicio, uno de los aspectos que especialmente han exacerbado a algunas personas dentro de la propia estructura del cuerpo. Ha habido quienes tal vez esperaban un ascenso o una designación y se han encontrado con que, en esta ocasión, no les ha correspondido porque el mérito hay que probarlo y no solo alegarlo. Es algo que nos ha pasado a todos y que, guste más o menos, forma parte sustancial de la vida del funcionario y no hay de qué asombrarse.
Sí que llama la atención, en cambio, una campaña de desprestigio y ataques personales motivada por intereses particulares y mezquinos, que ponen en tela de juicio la honra y credibilidad de quien desempeña tan alta magistratura, sembrando de paso las dudas respecto de toda la institución, lo que posibilita comentarios tan ofensivos como falsos: «En la Fiscalía son todos de izquierdas y así actúan«.
Las críticas están bien, siempre que no tengan una doble intención y no sean el fruto envenenado del rencor, ese sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia alguien a quien se achaca un presunto daño u ofensa. Cuando el marqués de Villalba arroja su frustración e incredulidad contra las anchas espaldas del Ministerio Público, no lo hace por casualidad. Desgraciadamente hay quienes desde dentro han abierto las puertas para que cualquiera tire piedras contra la institución, con lo que, de paso, se desacreditan a sí mismos por dañar a la entidad a la que pertenecen y deben lealtad. Es lamentable, pero es lo que suele suceder con aquellos que están cegados por el rencor.