Artículo de opinión publicado en infoLibre.es_______
José María Aznar dio la orden de salida con Alberto Núñez Feijóo, su delfín, sentado junto a él, el 24 de abril de 2024, según recuerdan las crónicas. Lo dijo así de claro: «¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar […]. La inhibición no tiene hueco”. A partir de entonces, sus palabras han cobrado carta de naturaleza en España, como santo y seña para que todos quienes quieran atacar y acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez se pongan a ello, sin importar los medios, modos o formas que utilicen.
Estas frases me sirven para dar título e inicio a estas reflexiones ante la vorágine de acontecimientos que estamos viviendo y que nos llevan a la sensación de movernos en un cenagal asfixiante, más aparente que real, aquí en casa, y en la más trágica impunidad fuera de nuestras fronteras.
Me explico: asistimos a procesos judiciales armados desde el más puro y espurio interés partidista –y por ende parcial– y mediático de parte del espectro político social de nuestro país. Tenemos al Partido Popular y a Vox a la cabeza de la manifestación, utilizando el Poder Judicial como arma de avancarga para sus fines particulares. Del mismo lado, una dinámica perfectamente coordinada de variados medios de comunicación, amén de las redes sociales, para que la música resulte armónica y tengamos la sensación de que es real la fosa séptica en la que pretenden que nos creamos sumidos. De otro, y en la misma línea, un sector judicial no muy numeroso, pero sumamente estratégico que, con sus resoluciones (cuyo fuerte principal no es la argumentación ni la congruencia jurídica que debe subyacer en toda acción procesal sino la oportunidad de su impacto), acompaña, cuando no lidera, la algarada antigubernamental.
Insultos y descalificaciones
Como resulta fácilmente constatable en el día a día informativo, de un tiempo a esta parte no salimos de una dinámica política cuasi basada de forma principal en las resoluciones de los tribunales, como hacía tiempo no se daba en España.
Sin mayor detenimiento o reflexión, todos opinamos sobre lo que está ocurriendo alentados por la incontinencia premeditada de determinados representantes públicos (principalmente políticos conservadores y ultraconservadores) y opinadores que utilizan, con licencias laxas, el lenguaje más soez y descalificador respecto del contrario y lo continúan en concentraciones neofascistas o manifestaciones contra la “mafia de la Moncloa”. Todo ello, con el objetivo de aniquilar, al menos dialécticamente, sin meditar en las consecuencias que ello comporta o, lo que es peor, haciéndolo con toda intención, para que se rompan los diques de contención del sistema democrático.
Algunos ejemplos de lo que digo:
Utilización de mensajes irrelevantes y privados más o menos afortunados entre el presidente del Gobierno y un ministro, de los que se hace cantera de consecuencias definitivas negativas, de mala praxis política y pretendida trascendencia judicial.
Publicación interesada de mensajes de WhatsApp entre un empresario implicado en asuntos turbios con una militante socialista que asegura tener mando en plaza, ni más ni menos que con la fiscalía anticorrupción y posibilidades de ataque a la UCO –asunto por demostrar, pero más que inverosímil desde luego–, y que, casualmente, es invocado cuando ingresa en prisión el secretario de Estado de Interior con el anterior presidente, el popular Mariano Rajoy.
Aun así, y de manera gratuita, se califica de «mafia» al Ejecutivo; se insulta a Sicilia entera confundiendo a la Cosa Nostra con esta región de Italia, olvidando a hombres y mujeres sicilianos valientes hasta el punto de dar la vida por la justicia y la verdad. Se tacha de organización criminal al Gobierno democrático de un país por el mero lujo de ocupar titulares de periódicos, emisoras de radio y redes sociales que les den el título del más ocurrente o ingenioso y consiguiendo medio minuto de gloria hasta construir la siguiente gilipollez que sugieran los asesores áulicos de turno. Eso es: “quien pueda hablar, que hable…”.
Asistimos a procesos judiciales armados desde el más puro y espurio interés partidista –y por ende parcial– y mediático de parte del espectro político social de nuestro país
En el cuadrilátero
Por la parte contraria, el Gobierno da la impresión –admítanme el símil pugilístico– de estar contra las cuerdas y se refugia en un rincón del cuadrilátero aguantando a duras penas los golpes que les infligen esos estamentos. El jab para mantener la distancia y evitar que se hable de las propias miserias que, por más evidentes que sean, se solapan de forma permanente con las reales (operación Cataluña, Kitchen, responsabilidades de Mazón en la gestión de la dana) que arrastran los populares.
Ganchos de derecha cargados de instrucciones judiciales inicuas contra la familia del presidente en diferentes regiones del territorio nacional; swing de presunta corrupción de un antiguo ministro y su staff de aprovechados de pandereta, y baile de control con otros actores intermedios (novias, contratados, posibles coimas, juergas imaginarias, etc.).
Continúo: el directo con forma de acusaciones falsas e infundadas contra el Fiscal General y otros; el gancho o uppercut al costado, trufado de audios fraudulentos, “ataques” a la UCO (entidad elevada a los altares por pura conveniencia, con razón o sin ella), aficionados hablando con empresarios huidos que buscan un acuerdo fiscal y abogados a quienes no se respeta la confidencialidad con su cliente. Sin olvidar el hook, configurado por la propia falta de reacción ante todo este cúmulo de acciones coordinadas, con una defensa proactiva que ponga en valor lo que se ha hecho y desmonte este castillo de arena que en algún momento se caerá, aunque sea tarde, pero tras múltiples daños, algunos irreparables.
Necesaria jurisdicción universal
Es precisamente esa falta de reacción lo que me preocupa y me enerva, tanto a nivel nacional como internacional.
Iniciativas que no avanzan, proyectos que duermen el sueño de los justos. Como la reforma de la jurisdicción universal que ponga fin a la antiley que la reguló en 2014, ejemplo de norma dictada para atacar a las víctimas de crímenes contra la humanidad, genocidio o guerra, dejándolas en desamparo total. Cuán necesaria sería ahora esa norma renovada que recupere la dignidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; esa ley que permitía investigar y perseguir crímenes de esta naturaleza, sin importar la nacionalidad de las víctimas o de los perpetradores ni el lugar donde se cometieron y sí solo que no hubieran sido juzgados, cuando la impunidad se adueña de la justicia allá donde se masacra a miles de víctimas, llámese Ucrania, Gaza, Yemen o Congo, por ejemplo.
O, quizás, lo que se busque sea la impunidad. A nadie se le escapa que el presidente Pedro Sánchez se distingue en Europa por su respuesta contra a Israel y su apoyo a las víctimas de la masacre permanente de miles de víctimas en Gaza. Frente a lo que aparenta ser una total falta de valentía del PP y el apoyo descarado a Netanyahu por parte de Vox, el Gobierno socialista estorba no solo a la derecha y ultraderecha española, sino también a sus amigos internacionales.
Frente a la masacre de Gaza
Sánchez, como representante de una formación progresista, ha sabido ver que es prioritario parar la masacre. Y es muy posible que eche ahora en falta la vigencia sin paliativos de esa justicia universal que reivindico. Porque creo que debe ser consciente de que las respuestas que se ofrecen como la solución al conflicto israelí palestino de los dos Estados no son suficientes; hay que ser más proactivo, hay que retomar la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, hay que imponer el cumplimiento de las leyes que protejan realmente a los más vulnerables. Debemos avanzar de una forma definitiva para acabar con esta sensación de ahogo que nos está matando.
Hubo un tiempo en el que nos unió el grito contra el terrorismo, contra la guerra, en favor de las víctimas del franquismo, contra la corrupción profunda y sistémica, por la verdadera justicia que pone en el núcleo la defensa de las víctimas, no la que oculta intereses particulares de personajes frustrados y aspirantes a políticos disfrazados desde el estrado más supremo. Es el momento de hacerlo de nuevo: el sueño de una justicia justa nacional e internacional es posible.
Cada niño destrozado en Gaza, cada disparo de armas suministradas por Occidente, cada omisión de los poderes públicos de una Unión Europea en la defensa de Palestina nos hace más culpables a todos y contribuye al holocausto que sufren sus ciudadanos. ¿Hasta cuándo el poder judicial israelí consentirá que los actuales dirigentes de su país sigan asesinando la paz en vez de exigirles que rindan cuentas de sus atrocidades? ¿Hasta cuándo el pueblo israelí seguirá apoyando la limpieza étnica de Gaza?
Es necesario actuar cada cual en sus respectivas responsabilidades, no para acabar con Sánchez como pretenden Aznar y Feijóo, sino para erradicar la abulia más absoluta en la que nos encontramos. Podemos atender a opiniones desde el cómodo sillón de las tertulias, seguir comiendo o cenando con unas noticias mortecinas y fotos de los niños y civiles hambrientos o destrozados por bombas o armas pesadas (y si nos molesta, es sencillo acabar con la sucesión de imágenes atroces apagando el televisor). Podemos continuar haciendo oídos sordos ante la debacle que estamos consintiendo; podemos ser ciegos para no ver el genocidio evidente sobre un pueblo humillado y destruido…
Incluso, podemos minimizar la agresión actual de los responsables políticos y militares de Israel hacia un pueblo indefenso y seguir acusando a los terroristas de Hamás como origen de todo. Lo que no podemos es seguir llamándonos demócratas, afirmando que respetamos el Estado de derecho si actuamos así; porque este, en cualquier país, no está para consentir y contribuir a la barbarie sino para actuar con toda su fuerza contra la misma. El que pueda hacer, que haga.