Reseña del libro La democracia amenazada en Ahoraqueleo de Lasexta.com____
En su último libro, el exjuez repasa la historia reciente del lawfare, desde España hasta Latinoamérica, deteniéndose extensivamente en la condena al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, y la dimisión de la exfiscal Dolores Delgado. Garzón establece paralelismos entre este caso y el que le llevó a su inhabilitación en el año 2012 tras ordenar escuchas ilegales durante la investigación de la trama Gürtel.
Garzón coloca su inhabilitación como el principio de una nueva era del poder judicial en nuestro país
Coloca en ese punto la baliza que marca el principio de una nueva era del poder judicial en nuestro país. Una sentencia, la de su inhabilitación, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó como «arbitraria» en 2021, instando a reparaciones para el exjuez que nunca se aplicaron en nuestro país.
Garzón vincula esta nueva tendencia dentro del aparato judicial a distintos países y continentes, aunque con intereses comunes. Su autor los relaciona con el ascenso de la ultraderecha en medio mundo, poniendo un ojo en la transformación de las democracias a través de la vulneración de la separación de poderes. Hechos que tienen su eco en Assange, Lula da Silva, Dilma Rousseff o Evo Morales, entre otros. Pero, ¿cómo se cocina el lawfare?
Un escenario de guerra
El término lawfare ya se ha convertido en un habitual en los medios y en el día a día de un país que, en los últimos seis años, ha aprendido a convivir con fenómenos virales globales con efectos devastadores para la salud de sus habitantes, pero también para nuestras democracias. El término surge de la fusión de law (ley) y warfare (guerra), una suerte de contienda legal que utiliza cuanto puede aprovechar de los mecanismos de una y los métodos de la otra para conseguir sus objetivos.
El exjuez señala las protestas del poder judicial en el año 2023 contra la Amnistía de los presos del procés como un acicate que este tilda de «partidista«, según la definición del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni: «Los jueces deben ser el agente inmunológico del Estado». Zaffaroni defiende que el mundo de la justicia no puede dejarse llevar por proclamas partidistas, como las que lanzaron a la calle a abogados y juristas para denunciar una norma que todavía no había sido definida siquiera.
La propia Comisión de Ética del CGPJ desaconsejó a sus jueces acudir a dichas manifestaciones
La propia Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial desaconsejó a sus jueces acudir a dichas manifestaciones, añadiendo que se debía «evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el poder judicial», cuestión que ya avecinaba los oscuros presagios y tambores de guerra que su autor explica largo y tendido en este libro.
Para el exmagistrado se suman distintos frentes a esta contienda: al ya citado ascenso de la ultraderecha en medio mundo a través de una estrategia que incluye al poder judicial como arma, se suma la injerencia de los partidos políticos en este ámbito, incluida en la reforma del poder judicial que se desbloqueó en junio de 2024. Y, finalmente, la Fiscalía como flanco desde el que atacar al Ejecutivo, una tesis que Garzón defiende extensamente.
Juego de fiscales
La Fiscalía General del Estado se ha convertido en un juego de sillas calientes en los últimos cuatro años. La dimisión de Dolores Delgado por motivos de salud se dio en pleno huracán por las protestas por la Amnistía de los presos del procés. Aquella dimisión sirvió a los sectores más conservadores para afianzar su poder a través de las asociaciones profesionales de fiscales, que han promovido las acusaciones y procesos dentro del poder judicial.
La Fiscalía General del Estado se ha convertido en un juego de sillas calientes en los últimos cuatro años
La dimisión de Delgado se dio en el marco de las presiones también por parte de entes corporativos ya existentes, como es el caso de la Asociación de Fiscales (AF), que ha endurecido su línea argumentativa de «moderación contenida», en palabras de su autor, hacia posiciones más parecidas a las de la bancada del PP y que se suman a los intereses de la APIF, de corte también conservador.
Esta última estuvo detrás del proceso del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz y en la que se detiene Garzón para radiografiar el caso. El autor se centra en las pruebas aportadas, pero también en la instrucción e investigación del caso.
El ‘asalto al poder’
No les aburriremos enumerando una vez más los hechos que llevaron al enjuiciamiento del fiscal general del estado, porque abundan ya los artículos que se han encargado de hacer una cronología, tanto de las supuestas lagunas del caso como de las razones que se adujeron durante el proceso. Nos centraremos en los fallos que Garzón señala a lo largo del libro sobre la instrucción, el juicio y la sentencia.
En el enjuiciamiento del fiscal general del estado Garzón señala una mala praxis de los registros de la UCO
El exjuez señala una mala praxis de los registros de la UCO en la calle Fortuny, sin la presencia del juez instructor y recabando pruebas que excedían el interés y temporalidad del caso. Garzón estaba presente en la Fiscalía ese día, cuenta la perplejidad de quienes vieron entrar a los agentes y tilda este tipo de procedimientos como nefastos en términos democráticos, con un interés mayor en «ver si suena la flauta», antes que seguir una investigación real.
Llega incluso a manifestar que la causalidad y línea temporal que la UCO estableció en su informe podría haber sido elaborada con inteligencia artificial, en base a experimentos con resultados similares que él mismo habría practicado, pero que entran en el terreno de la especulación, acusando al juez Hurtado de haber seguido ciegamente la línea de investigación de dicho cuerpo policial.
Una sala para gobernarlos a todos
Lo que sí defiende con uñas y dientes es que «la Sala Segunda del Tribunal Supremo está por encima de todas», por la facultad de poder enjuiciar a figuras políticas. Coloca todo el peso de este asalto a las instituciones en dicho órgano, mezclando las valoraciones del proceso con su propia experiencia tras el juicio que le inhabilitó durante once años o las presiones que recibió su pareja, Dolores Delgado como fiscal general.
«La Sala Segunda del Tribunal Supremo está por encima de todas»
A propósito de esto, llega a afirmar que Martínez Arrieta (presidente de dicha Sala), no dirigió el juicio y que lo hizo Manuel Marchena (juez del Tribunal Supremo), quien participó en el proceso contra Garzón años atrás.
Marchena compartió en un curso datos sobre la condena al fiscal general del estado en 2025, pero la querella que se presentó por revelación de secretos no fue tramitada por el Supremo, una suerte que no corrió el fiscal con la publicación de la nota informativa que terminó por condenarle por el mismo delito.
Finalmente, se centra en el origen de aquella nota publicada por la Fiscalía Provincial de Madrid y que fue el origen de todo. La fiscal jefa, Almudena Lastra no se opuso a la publicación del contenido del acuerdo entre González Amador y el Ministerio de Hacienda, sin embargo, Garzón se pregunta «¿por qué no se negó a publicarla?».
Soluciones al ‘lawfare’
El exjuez propone en La democracia amenazada eliminar los aforamientos, incluir la segunda instancia en el Tribunal Supremo o que la instrucción la lleve un juez delegado y no los «señores de la cúspide que están anquilosados». Así defiende que quienes están a cargo de estos procesos rara vez definen bien el objeto del proceso ni informan de los hechos investigados.
Un libro que califica su autor como «de combate» frente al «punto de no retorno» en el que nos encontramos ahora
No es el único caso en el que se centra este libro, que va mucho más allá para hablar de la herencia franquista en la justicia, el bloqueo de causas relacionadas con la Memoria Democrática o la relación de los casos patrios aquí expuestos con otros en el resto del mundo, algunos de los cuales han tenido a Garzón como protagonista, como la defensa de Assange o el de Lula en Brasil, que le dedica unas palabras al juez en el epílogo de este libro.
Garzón expone profusamente las injerencias y relaciones de poder entre distintos órganos, desconocidos para la inmensa mayoría de los mortales, opacos en gran medida por el funcionamiento de dichas instituciones y el analfabetismo judicial al que se ha sometido a la opinión pública.
El centro del debate en torno al correcto funcionamiento de nuestras democracias pasa por el poder judicial
Está claro que nada de lo que aquí se expone se hace desde una visión aséptica de los hechos, se mezclan las valoraciones del exjuez con su propia experiencia e historia reciente, pero sí que se apoya en una carrera en la judicatura muy extensa. Extensa y polémica, porque hay que recordar que el magistrado ha estado presente en algunos de los casos más importantes de la democracia, desde la lucha contra el terrorismo a los GAL o la corrupción del Partido Popular.
Pero es dicho analfabetismo el que hace de este libro una lectura complicada, algo desorganizada en su estructura y plagada de valoraciones que se mezclan con denuncias reales. No hay duda de que el centro del debate en torno al correcto funcionamiento de nuestras democracias pasa ahora mismo por el poder judicial. Y así pretende hacérnoslo saber en un libro que califica su autor como «de combate» frente al «punto de no retorno» en el que nos encontramos ahora.