Artículo de Baltasar Garzón publicado en Infolibre
Nada de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en el caso del espionaje con el programa Pegasus nos puede dejar indiferentes. Se ha dicho de todo, pero no sabemos nada, mientras sigue oliendo mal. ¿Qué motivación se ofreció al magistrado del Tribunal Supremo para que autorizara tal intervención? ¿Se buscaban hechos delictivos? ¿Por qué no se acudió al juez penal competente, que, por cierto, ya tenía abierto el proceso? O la segunda derivada: ¿Qué se ha utilizado de toda la información obtenida? ¿Con qué criterios se ha cribado? ¿Ha servido de base para actuaciones judiciales o no? La ciudadanía tiene derecho a saber. El espionaje ya se ha filtrado y ahora la transparencia demanda que sobre este asunto se diga ¡toda la verdad!
Sin embargo, hoy el caso –o los casos, pues habría ramificaciones– está enfilando hacia una dirección compleja y contradictoria sobre la que parece que se levanta una espesa niebla sostenida entre todos: Gobierno, oposición y presuntos afectados, además del CNI. Es como si hubiera un extraño consenso en que a nadie conviene que se sepa nada más.
He aquí una de esas situaciones, propias de estos asuntos de espionaje, en que todos o casi todos mienten u omiten la verdad, o parte de ella, en la que se difuminan las responsabilidades en una confusión de secretismo y opacidad propias de la traición y la trampa y donde al final todos callan porque lo otro, decir las cosas, es muy difícil o imposible de justificar.
Les recomiendo que vean la película Cortina de Humo, de Barry Levinson, con Dustin Hoffman y Robert de Niro, un espléndido relato del poder, sus circunstancias y los apaños para salir indemnes en la vida política; o relean el libro de George Orwell 1984, publicado en 1949.
De muestra, un botón: Un día antes de que se hiciera pública la salida de la directora del CNI, Paz Esteban, ya el líder de ERC, Oriol Junqueras, suavizaba las cosas en una entrevista en El País, dando una de cal y otra de arena ante la pregunta de si seguirían apoyando iniciativas del Gobierno: “Nuestra voluntad es poder votar aquello que estemos convencidos de que es útil para la ciudadanía. Y es evidente que una decisión positiva para el conjunto de la sociedad es esclarecer un espionaje como el que se ha producido”. Como se ve, la crispación había bajado varios decibelios. Más aún cuando su grupo se distanciaba notablemente de la postura de Junts y la CUP que le reclamaban la ruptura. “No estamos aquí para tumbar gobiernos ni apoyar al Gobierno”.
El paso de los grupos por la Comisión de Secretos también había templado algo los ánimos, aunque los indignados conservaran la pose, como no podía ser menos.
Durante todo ese tiempo, el PP mantuvo una línea calmada –comparada con lo que es habitual–, muy en los términos de “virgencita que me quede como estoy”. No es de extrañar: si la aplicación del sistema Pegasus se remonta a 2015, el Gobierno que lo contrató fue el de Mariano Rajoy y de esto mejor no hablar porque se puede traer a colación la operación Kitchen, y, con ello, al exministro Jorge Fernández Díaz (sin mencionar la conocida como operación Cataluña, tabú judicial hasta el momento). Más les vale a los populares no parlotear demasiado.
Histrionismo
Declaraciones aparte, seguimos sin saber realmente qué ha pasado aquí. De un lado solo tenemos que el espionaje con Pegasus se inició con la investigación al líder independentista Jordi Sánchez. Se mantuvieron las escuchas al parecer en los momentos álgidos del Tsunami Democràtic y sus virulentas acciones. De ahí podría proceder la intervención del teléfono del hoy President catalán, Pere Aragonès, y otros. Por su parte, el ministro de la Presidencia hizo público en una sorpresiva y sorprendente rueda de prensa (“fuego de distracción”) un espionaje y captación de datos en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, el ministro del Interior y un conato frustrado de capturar el contenido del móvil del ministro de Agricultura. Tal vigilancia provendría de un año atrás. Entre los agresores con más boletos para la rifa, se ha señalado con insistencia a Marruecos, a la vista del viejo contencioso del Sáhara “resuelto” por España con una carta en favor del reino alauita; con la avalancha incontenida de inmigrantes sobre Ceuta como medio de presión y como detonante una atención médica por COVID al líder del Polisario en un hospital de Logroño. Todo un poco intenso, extraño y coincidente.
Los secretos de Estado en las manos inadecuadas suelen convertirse en el “cajón de sastre” en el que se esconden todas las vergüenzas más inconfesables, incluidas las violaciones de los derechos fundamentales
No quiero hablar de lo mío, pero no puedo dejar de mencionar que por mucho menos me cayeron once años de inhabilitación, a pesar de que la intervención de las comunicaciones en el caso Gürtel fueron realizadas por orden judicial, con todas las garantías de un debido proceso penal, incluido el acuerdo del ministerio fiscal. Por cierto, mi condena fue declarada parcial y arbitraria y por ende contraria al debido proceso hace más de nueve meses por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haciendo varias recomendaciones al Estado español, entre otras, que se me repare y reincorpore a mi carrera funcionarial. El Gobierno, hasta el día de hoy, ha incumplido un dictamen que es vinculante, como así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo en ocasiones anteriores. En fin… Acabo aquí la digresión.
El remedio y la enfermedad
La “sustitución”, o como eufemísticamente se quiera denominar al cese de la directora del CNI (cabeza de turco de esta historia), parece ser peor remedio que la enfermedad, pues ha generado una serie de filtraciones del propio CNI en los medios y multitud de golpes de pecho en la prensa próxima a la derecha, respecto a la bondad y profesionalidad de la funcionaria. Incluso han rivalizado con el propio ministro de Interior en la vehemente defensa de los miembros del centro de inteligencia. La palma se la lleva la ministra de Defensa, Margarita Robles, abundante en calificativos hacia estos funcionarios tales como orgullo, sacrificio, valor, servicio, etc., etc. Las loas están muy bien, pero lo que se discute es si han actuado o no al margen de la ley, y para ello no basta con elogios y frases grandilocuentes del tipo “mire, le puedo asegurar que todo es legal”, pero sin dar más información ni explicaciones con contenido real y contrastable. Vuelvo sobre mis preguntas iniciales y reitero que, si esto ya está en el debate público, ahora toca ser transparentes, pues no vale con votos de confianza en el aire. Es lo suficientemente grave como para ser un poco más serios.
El pasado miércoles, en la sesión de control parlamentario, la portavoz popular, Cuca Gamarra, se rasgaba las vestiduras por el cese de Paz Esteban, afirmando que “en España gobiernan los independentistas”. Todo suena un poco histriónico y algo débil, porque es mejor no profundizar mucho para que no se les vuelva en contra. El presidente del Gobierno –en su respuesta– en vez de dar explicaciones ha utilizado la técnica ya antigua y poco constructiva del “y tú más”. Tras reconocer el trabajo del CNI y su directora, ha afirmado con contundencia que el Gobierno ha cumplido la ley poniendo en conocimiento del juez los hechos delictivos, recordando que el anterior Gobierno –el de Rajoy– condenado por corrupción, contaba con una secretaria general del PP y ministra de Defensa que destruía a martillazos las pruebas. “Se creó una estructura parapolicial para perseguir a adversarios de forma irregular”, aseveró. Pero bien sabemos que el ”y tú más” no sirve para explicar ni justificar el propio proceder. Tampoco se aclara lo sucedido con un simple cambio de la titular del CNI.
¿Y por qué el cese de Esteban? Para Sánchez «ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno». ¿Saben?, eso me recuerda a una frase de John Le Carré en El espía que surgió del frío: “El trabajo de espionaje tiene una sola ley moral: se justifica por los resultados”.
Polvos y lodos
Las incógnitas persisten y puede que no conozcamos jamás las respuestas, lo que es impropio de un país verdaderamente democrático. Esto ya sucedió antes. Recuerden las escuchas aleatorias del CESID en los años noventa (de las que por cierto fui víctima) en las que a la postre todos quedaron absueltos o con el procedimiento nulo. En el caso del asesinato por los GAL del miembro de ETA Ramón Oñaederra (Kattu), se me negó la desclasificación de documentos secretos del CESID. Esto es inaudito, porque para un juez en un país democrático no hay ni puede haber secreto que valga cuando se investiga un asesinato. Lo contrario es decir que hay personas que están por emcima de la ley, lo que rompe el Estado de Derecho. Finalmente, los documentos fueron filtrados desde dentro, tras el correspondiente conflicto de jurisdicción que mantuve con el entonces ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. La decisión del Tribunal Supremo de una desclasificación parcial no sirvió para nada.
Después vino la reforma de la Ley Orgánica que regula el control judicial previo del CNI, que tan parcamente consagró en su artículo único la cuestión de la interceptación de las comunicaciones por los servicios de inteligencia, dejando cancha libre contra cualquier objetivo, con solo la autorización laxa del magistrado correspondiente del Tribunal Supremo. Ello supone que sea de difícil o imposible acceso conocer la motivación y las razones para espiar a políticos y responsables públicos que no han cometido hecho delictivo alguno. Y de los polvos de aquella mala regulación, vienen estos lodos.
Ahora, en el juzgado central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional tenemos un procedimiento judicial que no avanzará si no se desclasifican todos los datos, elementos y documentos del CNI. Mas parece que se ha diseñado, nuevamente, una cortina de humo hasta que escampe, se olvide la cuestión y languidezca el proceso judicial. Mientras tanto, se siguen filtrando datos selectivamente y la justicia suprema de este país no mueve un solo dedo para conocer si se cumplieron o no sus directrices, sin que le importe demasiado el espionaje de ciudadanos libres, sin comportamiento ilícito alguno mediante, ni por qué y para qué.
Los secretos de Estado en las manos inadecuadas suelen convertirse en el “cajón de sastre” en el que se esconden todas las vergüenzas más inconfesables, incluidas las violaciones de los derechos fundamentales. El gobierno tiene la oportunidad de demostrar que sigue siendo de fiar haciendo uso de la transparencia a la que estas filtraciones ahora le obligan. Y la justicia tiene la oportunidad de abandonar su pasividad, si no quiere ser cómplice de la longa manu de los servicios de inteligencia, y, en definitiva, de quien los controla, cuya credibilidad hoy está en tela de juicio, pues es muy grave. No nos puede dejar indiferentes que al parecer hayan convertido a España en un Estado vigilante, cual ojo del Gran Hermano.