Artículo publicado en el diario argentino Diario12_____
Hace unos días se cumplieron cuatro años de aquella noche del 1 de septiembre de 2022 en la que Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación Argentina, y gatilló. El arma tenía cinco balas en el cargador. Ninguna salió. Un país entero contuvo la respiración al ver la imagen una y otra vez. Aquel instante debería haber quedado en la memoria democrática como un límite absoluto, una frontera que ninguna sociedad puede permitirse cruzar. La violencia política en su peor expresión cruzada por la misoginia y el odio a lo popular. Cuatro años después, el aniversario encuentra a Cristina Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria por una injusta condena, inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos, y con la causa que debía identificar a los autores intelectuales del atentado prácticamente clausurada. La pregunta que hay que hacerse no es solo qué ocurrió aquella noche, sino qué se hizo, antes y después, para que ese desenlace fuera posible. Y, sobre todo, por qué a esta mujer en concreto se la quiso matar primero y borrar después.
Una mujer que no encajaba en el molde que le tenían reservado
A Cristina Kirchner no se la atacó solamente por todo que hizo por el pueblo argentino, se la atacó, con una particular saña, por lo que es: una mujer inteligente y carismática, con formación jurídica propia, con una capacidad oratoria que desarmaba a sus adversarios en los debates y con un magnetismo personal que llenaba plazas y que ningún opositor logró igualar en veinte años. Ese poder de atracción, esa capacidad de generar adhesión y de sostenerla en el tiempo, es exactamente lo que una parte del poder real —mediático, económico, judicial— nunca le perdonó. No hay nada que incomode más a ciertos sectores del poder que una mujer que no pide permiso para pensar, que no atempera su discurso para resultar más digerible, que no disimula su inteligencia para no generar rechazo. A los hombres que ejercieron el poder en Argentina se los podía cuestionar por sus decisiones, pero a ella se la cuestionó por su cuerpo, por su ropa, por sus carteras, por su tono de voz, por su soledad tras la muerte de Néstor Kirchner, convertida en objeto de un escrutinio obsceno que ningún dirigente varón sufrió jamás en similar medida. Se la llamó “yegua”, se la ridiculizó por vanidosa, se la acusó de impostar el dolor, se le exigió permanentemente una modestia que a nadie más se le exigía. Ese es el machismo y la misoginia como arma política: no discute ideas, disuelve a la persona en su género y convierte cada atributo —la inteligencia, el carisma, la ambición legítima de gobernar— en una falta que hay que castigar. Ya había sucedido lo mismo en Argentina con el odio gorila a Eva Duarte de Perón, cuando la oligarquía argentina festejaba el “Viva el cáncer” que se llevó su vida.
Lo que hizo, y lo que se pretende hacer olvidar
Ese ensañamiento no surgió en el vacío: fue reacción a una gestión que dejó una huella profunda. Bajo sus gobiernos, como en los que presidió Néstor Kirchner, Argentina reabrió y sostuvo los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, cuando otros países de la región todavía dudaban entre la memoria y el olvido. Impulsó la Asignación Universal por Hijo, que sacó a millones de familias de la exclusión social más extrema. Promovió la Ley de Matrimonio Igualitario de 2010, que convirtió a Argentina en pionera en América Latina en materia de derechos civiles. Recuperó para el Estado el control de YPF, la petrolera nacional, en una decisión de soberanía energética que le costó una batalla feroz con intereses corporativos internacionales. Sostuvo, en foros internacionales, una agenda de derechos humanos y de justicia universal que incomodó a no pocos gobiernos. Nada de eso desaparece porque hoy se la reduzca, en buena parte de la conversación pública, a la sección judicial de los diarios. Arrinconarla como una simple acusada es también una forma de arrinconar esa política de memoria y de derechos, de hacer que la causa penal tape la causa histórica. Ese borrado no es casual: es la continuación, por otros medios, del mismo impulso que un día empuñó un arma. Y hoy, esos mismos diarios que lamentaron que la bala no salió, y que festejaron la condena, se quejan de que ella baile en el balcón de su prisión domiciliaria.
La fábrica del enemigo
Ningún atentado nace de la nada. Antes de que un hombre levante una pistola, tiene que haberse construido, durante años, un relato que convierta a la víctima en algo distinto de una persona: en un enemigo, en una amenaza, en un objeto legítimo de odio. Raúl Zaffaroni lo llama “proceso de enemización”. Con Cristina Kirchner ese trabajo de demolición simbólica fue sistemático: se la descalificó políticamente, se la insultó de manera reiterada en medios y redes, se cuestionó su legitimidad como dirigente —inclusive se puso en duda la validez de su título universitario de abogada— y se la presentó, una y otra vez, como la encarnación de todos los males del país. La causa judicial estableció que Sabag Montiel se movía en el entorno de Revolución Federal, una agrupación de ultraderecha cuyos vínculos con el atentado fueron investigados, aunque finalmente no llegaron a formar parte de la condena, que recayó solo sobre el autor material. El propio tribunal, al fundamentar su fallo, señaló que detrás del gatillo hubo una construcción del enemigo alimentada durante meses por redes sociales y medios de comunicación, hasta desembocar en el acto. Esa es la secuencia exacta: primero se enfanga el imaginario colectivo, después el paso al delito se vuelve, para quien lo comete, consecuente, lógico, casi inevitable. Es el método del posfascismo contemporáneo: envenenar las mentes con paciencia y tenacidad, sin que quienes reciben ese discurso lleguen siquiera a cuestionar su veracidad, hasta que la confrontación empieza a sentirse como algo debido.
Esta lógica no es una anomalía argentina. Después de los años de gobierno de Javier Milei, con una ultraderecha cada vez más envalentonada en todo el mundo gracias al respaldo de figuras como Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Vladímir Putin, el fenómeno se ha vuelto más extendido y peligroso. Todo vale —incluida la violencia— para apartar a un rival molesto que no responde a los intereses, fundamentalmente económicos, de quienes aspiran a ocupar su lugar. La estrategia es paciente, como la gota que horada la piedra a base de maledicencia y de bulo, pero sus fines no tienen nada de sutil: se arma de impaciencia a un sector social hasta que la orden circula, casi sin necesidad de palabras, en la forma de un “no nos representan, se merecen todo lo que les pase”. Y si es así, ¿para qué esperar a unas elecciones democráticas? La acción directa resulta, para esa lógica, más expeditiva. De la palabra insidiosa a la acción criminal hay un trecho que las redes sociales nutren y acortan constantemente, sin que exista un control real sobre quienes se especializan en sembrar encono y odio; los intereses geopolíticos y económicos de ciertos actores internacionales garantizan, además, una coraza de impunidad casi total en el ciberespacio.
El atentado que la Justicia no quiso mirar del todo
El ataque ocurrió frente al edificio de Recoleta donde entonces vivía Cristina Kirchner, en medio de una concentración espontánea de militantes que llevaban días acompañándola. Sabag Montiel fue detenido en el acto y, años después, condenado como autor material a diez años de prisión por tentativa de homicidio agravado. Hasta ahí, la Justicia actuó. Pero el atentado no terminó con la mano que sostuvo el arma: hubo una investigación paralela sobre una posible planificación previa, sobre encuentros y conversaciones que un testigo interpretó como una anticipación de lo que iba a ocurrir, y que involucraban a un diputado opositor. Esa línea de investigación —la que debía llegar a los autores intelectuales— fue archivada por la jueza federal a cargo en octubre de 2025, y el recurso de Cristina Kirchner para llevar la discusión hasta la Corte Suprema fue declarado inadmisible este mismo año. Sabemos, cuatro años después, quién apretó el gatillo. La Justicia ha cerrado, con una celeridad llamativamente distinta a la que ha mostrado en otras causas, la puerta a saber quién pudo haberlo empujado a hacerlo. Esa asimetría —diligencia para condenar al autor material, parsimonia para investigar a quienes pudieron inducirlo o financiar el clima que lo hizo posible— no es casualidad: es, en sí misma, una forma de instrumentalización judicial.
El lawfare: la estrategia perfecta y sin defensa
Fracasado el intento físico de aniquilarla, quedaba la vía que no deja huellas de pólvora: la judicial. El lawfare consiste precisamente en eso: usar el aparato judicial, con apariencia de legalidad y de neutralidad técnica, para lograr lo que la política democrática no permite lograr en las urnas, que es la eliminación del adversario. Es una estrategia extraordinariamente eficaz porque se presenta como Estado de derecho cuando en realidad es su negación, y porque deja a quien la sufre sin defensa real: cualquier objeción se descalifica como un intento de eludir a la Justicia, cuando lo que se cuestiona no es la existencia de tribunales, sino su instrumentalización selectiva y su vinculación corrupta con el poder concentrado mediático. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa conocida como Vialidad, condena que hoy cumple bajo arresto domiciliario, con esa inhabilitación excluyéndola formalmente de toda disputa electoral futura.
Como sostuvimos con Matías Bailone en La hoguera infinita (Historia de un odio visceral), el caso Vialidad y la condena a Cristina Fernández de Kirchner constituyen un ejemplo especialmente grave de lawfare, entendido como la utilización del aparato judicial, en convergencia con intereses políticos, económicos y mediáticos, para neutralizar a una adversaria política. Allí señalamos que las irregularidades procesales, la debilidad de la construcción probatoria, la afectación de las garantías de imparcialidad y defensa y el papel desempeñado por la llamada “criminología mediática” terminaron convirtiendo el proceso penal en un instrumento de proscripción y de “muerte civil” de la principal dirigente de la oposición.
Advertíamos además que el problema excede ampliamente la situación personal de Cristina Fernández de Kirchner: cuando la justicia abandona su independencia e imparcialidad para incorporarse a la disputa política, es el propio Estado de Derecho el que resulta lesionado. El uso del derecho penal del enemigo y del derecho penal de autor, acompañado por campañas mediáticas que anticipan y reclaman condenas, deteriora la confianza pública en los tribunales y transforma la persecución judicial de adversarios en una forma contemporánea de exclusión política.
La propia Cristina Fernández de Kirchner ha reflexionado sobre este mecanismo en un artículo publicado en el diario español El País, donde sostiene que impedir de manera permanente que un dirigente vuelva a competir políticamente, recurriendo de forma abusiva a los tribunales, es hoy una de las formas más refinadas de vaciar la democracia por dentro: no hacen falta tanques en la calle ni la clausura de un Parlamento, porque las instituciones siguen funcionando en apariencia, mientras la soberanía popular va siendo sustituida, paso a paso, por resoluciones judiciales que terminan decidiendo quién puede disputar el poder y quién no. Señala también que este fenómeno no respeta fronteras ni ideologías, que cambian los países y los protagonistas, pero se repite la misma lógica de convertir el derecho en herramienta para eliminar rivales, con el resultado de una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus instituciones y unas democracias constitucionales que se deterioran por dentro sin que nadie dispare un solo tiro.
No hace falta compartir cada matiz de su trayectoria para advertir el patrón que ella misma describe: primero se deslegitima socialmente a una dirigente por lo que es y por lo que representa, después se intenta eliminarla físicamente, y cuando eso fracasa, se la elimina jurídicamente, de manera permanente e irreversible. Es lo que con precisión cabe llamar una muerte civil: no se mata a la persona, pero se la borra como sujeto político, se le impide competir, se le impide gobernar, se le impide seguir existiendo en el espacio público para el que fue elegida varias veces por millones de votos. Vivimos tiempos muy adversos para el Estado de Derecho: allí donde dirigentes sin escrúpulos han visto la posibilidad de judicializar la política para conseguir lo que las urnas les niegan, y algunos jueces han creído que politizar la Justicia podía darles más poder, se destroza el sentido mismo de la ley y se desampara a la ciudadanía. El lawfare se extiende como una mancha de aceite sobre las que fueron, y todavía queremos creer que siguen siendo, democracias plenas en buena parte del mundo.
Una frontera que no debe volver a rozarse
Este mismo aniversario, más de veinte fuerzas políticas argentinas de distinto signo firmaron un documento conjunto que advierte que la democracia no admite la eliminación del adversario y que señala al discurso de odio como una de las condiciones que hicieron posible que un arma cargada llegara a gatillarse dos veces a centímetros de su cara. En esta fecha conviene, sobre todo, reivindicar su papel como defensora de las víctimas, de una política decente, de la ciudadanía argentina y de los derechos humanos, frente a quienes solo han sabido responderle con intolerancia, mezquindad y codicia. Por eso han querido destruirla, privándola de libertad y neutralizando su papel en beneficio del país.
Frente a esa ignominia, toca tomar el relevo, defender la convivencia democrática como se hizo en otras instancias históricas. Hay que explicar a las generaciones que vienen detrás que muchos argentinos y muchas argentinas fueron torturados, asesinados y despojados de sus hijos por la misma ultraderecha que hoy quiere borrar ese pasado, destruir la convivencia, anular a quienes siguen reclamando verdad y justicia, e instalar de nuevo formas de autoritarismo que no deberíamos volver a tolerar. Que la historia no se repita: como Ulises, convendría atarse al mástil, ante el canto de estas sirenas totalitarias e izar la bandera de la verdadera libertad de un barco que algunos quieren arrastrar hacia aguas hoy demasiado peligrosas. Argentina —y con ella cualquier democracia que se precie de serlo— tiene una tarea pendiente: esclarecer por completo quién estuvo detrás del atentado, y revisar si el aparato judicial que después actuó contra Cristina Kirchner lo hizo con la misma independencia que exigiría a cualquier ciudadano. Mientras esa doble tarea siga sin cumplirse, el país seguirá a centímetros de esa frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: aquella en la que la deshumanización de una mujer, por ser mujer, inteligente y magnética, abre paso a su eliminación simbólica, y a su eliminación física, y esta, a su vez, a su eliminación civil. Recordemos siempre aquel terrible 1 de septiembre de 2022 en que el discurso de odio pasó de las palabras a la acción homicida. Ese es su objetivo final. No podemos permitirlo.