Articulo publicado en el Diariodeteruel.es_____
El exjuez Baltasar Garzón, uno de los referentes internacionales en materia de derechos humanos, aseguró este martes en Teruel que el concepto de prioridad nacional que se está incorporando en los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox es ilegal y podría ser incluso delito. Lo comentó a preguntas de la prensa antes de intervenir como ponente en las XX Jornadas sobre Memoria Histórica organizadas por la Asociación Pozos de Caudé.
Garzón acudió solo, ya que no pudo acompañarle la Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, como estaba previsto, para impartir una conferencia sobre Verdad, memoria y democracia en un salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón lleno de público.
A preguntas de los medios de comunicación antes de impartir la conferencia, Garzón dijo que “la prioridad nacional va en contra de la ley”, y que incluso “podría integrar alguna de las figuras del Código Penal como la del delito de odio, o la de privación de derechos por parte de la autoridad pública”, recogidas en los artículos 510, 511 y 547, que se refiere a la privación de derechos fundamentales por parte de funcionarios y autoridades públicas.
El destacado jurista añadió que si bien actualmente este concepto figura de momento en los acuerdos políticos, “si llegara a plasmarse en una norma sería claramente inconstitucional”, e insistió en que podrían exigirse responsabilidades penales “porque atenta al principio de igualdad y de no discriminación, que son derechos consolidados de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución española”.
Garzón afirmó que se puede estar ante una “provocación”, ya que admitió que tipificarlo como delito de odio entraña una complejidad ya que requiere de un “dolo especial” (cuando hay intencionalidad de cometer un delito). Argumentó que solo el debate que se está suscitando y las consecuencias que podría tener son muy graves y podría estarse ante tipos delictivos.
El exmagistrado de la Audiencia Nacional afirmó que intentar incorporar un principio que atenta contra los derechos fundamentales solo es comprensible desde el punto de vista de la extrema derecha, y aclaró que ni siquiera es originario de Vox sino que ya lo utilizó Marie Le Pen en 2011 con la misma denominación y previamente Jean-Marie Le Pen desde los años setenta del pasado siglo por parte del Frente Nacional, al igual que han hecho los nativistas anglosajones y el movimiento Maga, entre otros, que son corrientes políticas que fundamentan sus discursos en el segregacionismo y la xenofobia.
“Son formulaciones que van aparejadas a los movimientos internacionales de la extrema derecha, que en definitiva lo que tratan es de hacer resurgir principios claramente fascistas que tienen larga data”, manifestó, advirtiendo que son “muy peligrosos” además de “innecesarios” por las mentiras en las que se apoyan.
“Se basan en una clara falsedad e ilegalidad como es la regularización de migrantes que tienen el derecho a estar legalmente en España, están contribuyendo al sostenimiento del país, y lo que no se puede hacer es privarles de derechos simplemente por el origen”, dijo Garzón, a la vez que previno de que ese tipo de pronunciamientos pueden “dar lugar a conflictos sociales graves”.
Tribunal Constitucional
Rechazó que el arraigo que se plantea cambie la situación porque es una forma de “enmascarar”. Afirmó que habrá que esperar a los informes jurídicos, porque el PP ha dicho que se apoyará en ellos, puesto que de seguir adelante “acabará en el Tribunal Constitucional” al transgredir los derechos fundamentales, ya que hablar de arraigo es “encubrir y deformar lo que es la prioridad nacional” como elemento “discriminatorio por razón de origen y claramente atentatorio a los derechos humanos y derechos fundamentales”.
Sobre la conferencia que impartó sobre verdad, memoria y democracia, lamentó que el reconocimiento de las leyes de memoria haya llegado “demasiado tarde”, e indicó que ahora falta el elemento de la justicia, “que en España siempre ha sido orillado”. Apuntó que ha habido más implicación por parte de la Fiscalía al desarrollar procedimientos de constatación de hechos pasados basándose en el derecho de las víctimas a la investigación. Por contra, admitió que en el ámbito de la judicatura hay una ausencia total, “con honrosas excepciones”, precisó.