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Baltasar Garzón fue condenado por el Supremo a 11 años de inhabilitación por las escuchas de la Gürtel, pero, en 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la sentencia del Alto Tribunal fue «parcial y arbitraria», y que España tenía «la obligación» de borrar sus antecedentes penales.