Entrevista publicada en el diario 20minutos.es_____
El que fuera juez ‘estrella’ de la Audiencia Nacional, inhabilitado en 2012, conversa con 20minutos a raíz de la publicación de La democracia amenazada, un libro en el que repasa los elementos que, en su opinión, ponen peligro el sistema.
Baltasar Garzón (Jaén, 1955), instructor de grandes causas judiciales como el caso Pinochet, los GAL, la Operación Nécora u otras relacionadas con el terrorismo de ETA, expresa en La democracia amenazada, su nuevo libro, su preocupación por los factores que, piensa, hacen peligrar nuestro sistema: desde una suerte de conspiración para acabar con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a «las nefastas consecuencias» de la arbitrariedad de un personaje como Donald Trump, pasando por el lawfare contra líderes de izquierda o el racismo emergente.
Inhabilitado en 2012 por las escuchas ilegales a investigados en el caso Gürtel, de su libro no salen bien parados magistrados del Tribunal Supremo como Manuel Marchena, Ángel Hurtado o Andrés Martínez Arrieta, presidente de una Sala Segunda del Alto Tribunal que define como «el auténtico poder político en el Estado español».
Entre La justicia amenazada que publicó el magistrado Manuel Marchena el año pasado y La democracia amenazada que lanza ahora usted, no parece muy halagüeño el escenario que vivimos y se barrunta.
[Ríe] Parece evidente que yo no comparto el titular del magistrado Marchena, porque yo creo que la Justicia no está amenazada. Se dice desde un ámbito muy concreto que el Gobierno amenaza la Justicia, que compromete la independencia judicial, pero yo veo que las causas siguen adelante… ¿Dónde está la afectación de la independencia judicial? ¿Dónde están las sentencias que se hayan dictado cediendo a una presión? Yo no las veo. Otra cosa es que se concuerde con la Justicia o que se hagan críticas a la Justicia, que yo creo que son necesarias. Durante muchos años yo ejercí como juez, y frente a mí hubo muchísimas críticas y muy duras. Unas con razón, otras sin ella, pero a mí no me afectaron, yo no me sentí amenazado, me sentí amenazado por terroristas o por narcotraficantes.
¿Cuáles son, a su juicio, los elementos que más corroen la Justicia española?
Bueno, la palabra mágica en España que dio lugar a rasgadura de vestiduras y a manifestaciones con togas: el lawfare, una expresión que es mucho más antigua que un acuerdo político de Junts y del PSOE. El lawfare es real y es muy complejo. Un juez puede ser instrumentalizado y no darse cuenta, o dejarse llevar, o hacer una interpretación con una presión mediática. Si estoy amenazado, no administro justicia. Tengo que denunciar la amenaza y abstenerme, porque ya no voy a ser imparcial. El lawfare puede venir desde la propia política. Por ejemplo, hay una instrucción sumarial que se abre en la Audiencia Nacional, en el caso Leire, que afecta supuestamente al PSOE, y una petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, entre otros, a una comisión del Senado. Eso es clarísimamente una instrumentalización de la justicia por parte de quien está diciendo que defiende la independencia del Poder Judicial. Está tratando de influir en el juez. Y cuando hay asociaciones que se querellan con recortes de prensa, para mí también es lawfare.
De la lectura de su libro pueden extraerse muchas conclusiones: dos de ellas son que considera que el franquismo pervive a través del sistema judicial español y que la Sala Segunda del Tribunal Supremo está atravesada por el lawfare. ¿En qué se basa?
No, yo lo que digo es que hay determinados elementos que acreditan, desde mi punto de vista, que no deja de ser una opinión, cómo se van produciendo una concatenación de hechos de causa-efecto, cómo se intervienen en consejos fiscales, en el Consejo General del Poder Judicial, cómo asociaciones emiten comunicados que después son traídos en comisiones de investigación por el Partido Popular. Con respecto al franquismo, hay una reticencia a investigar sus crímenes, hay una interpretación restrictiva de lo que se pueden considerar crímenes de la dictadura y, por tanto, un abandono de las víctimas del franquismo que nunca ha sido reparado. Normas como la ley de amnistía [de 1977] nunca deben ser interpretadas como un obstáculo para la investigación de esos crímenes.
Y en cuanto a que sea transversal el lawfare, yo no estoy acusando a determinados magistrados de hacer eso. Yo lo que digo es que no entiendo que una ley de amnistía [la aprobada en 2024 y dirigida a los líderes del procés], antes de que exista la propia ley, sea cuestionada con manifestaciones por parte de jueces y fiscales, o que determinadas asociaciones se reúnan con líderes políticos y establezcan unas pautas, o que una asociación de fiscales se constituya en acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado: una asociación que representa intereses corporativos ejerciendo la acusación popular me llama la atención. A eso me refiero.
En el auto de Zapatero hay términos que se afirman de forma categórica, algo más propio de una sentencia
Como el Gobierno y sus socios, usted hace varias referencias a la famosa frase del expresidente Aznar: «El que pueda hacer, que haga», y la sitúa como el germen del inicio de causas judiciales prospectivas. ¿No piensa que eso es otorgarle al expresidente Aznar un poder que no tiene: que con pronunciar una simple frase se activen mecanismos oscuros del Estado?
Depende de dónde ubiques la fuerza de ese presidente. No olvides que nos metió en una guerra ilegal, que defendió que los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 eran de ETA, que todavía no ha pedido perdón por la guerra de Irak. La fuerza de persuasión de esa persona tiene importancia. Y no solamente que lo dijera en un momento determinado, es que lo ha ratificado recientemente. Ha habido acciones desde distintos estamentos: unos activando la Justicia, otros continuándola, otros poniéndole fin. Si unes todos los elementos, ves que puede haber alguna relación entre lo que se dice y ese «p’alante«o cuando anuncias resoluciones judiciales previamente a cuando acontecen.
¿Calificaría usted de lawfare el auto del juez Pedraz de entrada y registro de la UCO en Ferraz o el auto de imputación al expresidente Zapatero del juez Calama?
No hubo auto de entrada y registro, fue un requerimiento, lo cual es formalmente correcto, es decir, se está llevando una investigación y requiere de una información. Si usted lo cumple, pues fenomenal porque están colaborando con la Administración de Justicia; si no lo cumplen, pues entonces se procede al registro. Lo que me resulta extraño es que cuando la UCO está entrando [en Ferraz] ya hay una gran cantidad de periodistas y de cámaras de televisión. Las causas judiciales son secretas, excepto para las partes. Probablemente no tenga que ver con el juez, pero eso habría que cuidarlo. En cuanto a la otra causa judicial que se está investigando y que afecta a la expresidente Zapatero y otras personas, a pesar del auto, me faltan elementos para decir si es correcto o no. No estoy de acuerdo con las afirmaciones categóricas, porque hay términos que se afirman de forma absolutamente categórica, que es más propio de una sentencia, y eso afecta al derecho de defensa. No puedo decir nada más porque todavía ni siquiera el investigado ha prestado declaración. Cuando ocurra, podremos hacer juicios de valor.
El nombre de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro al que su despacho decidió defender, aparece en la comisión rogatoria que Suiza remitió a España sobre el presunto blanqueo en el rescate de Plus Ultra. La Fiscalía suiza lo vincula al empresario Luis Felipe Bacca, investigado en el caso. ¿Por qué decidió defender a Saab y en qué situación se encuentra en estos instantes?
No sabía que aparecía ahí, pero mi despacho defendió a Alex Saab en la extradición [en 2020 a EEUU]. Seguimos defendiendo que fue ilegalmente detenido en Cabo Verde y tanto la Comunidad Económica de Estados de África Occidental como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo dijeron. Alex Saab fue detenido y extraditado y ahora está en Estados Unidos. A partir de ahí no sé lo que está aconteciendo. En cuanto a que aparezca citado en esta investigación, pues llegado el caso se tendrá que tomar declaración a las personas afectadas y lo que resulte, pues resultará, pero yo lo desconozco.
Estamos dando carta de naturaleza a la UCO cuando su única obligación es recopilar elementos y ponerlos a disposición del juez
Usted escribe, sobre la UCO, a raíz de la investigación a Álvaro García Ortiz: «Curiosa situación la de esta unidad. Y peculiares algunos de sus mandos. Recuerdo el golpe de Estado que intentó Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil. Antonio Balas, otro teniente coronel, ha estado al frente de una investigación que para algunos se ha conceptuado de golpe blando e incluso de golpe constitucional. Casualidades de la vida para quien quiera verlo así». ¿Qué quiere decir con esta afirmación?
Bueno, lo que quiere decir es exactamente lo que digo, que hay situaciones que son llamativas… No estoy comparando al señor Balas con Tejero, hago un juego. En aquel momento fue un golpe de Estado como todos los pronunciamientos tradicionales. En otra parte del libro digo que hoy en día los golpes de Estado ya no son así, sino a través del vaciamiento de instituciones democráticas y en los que la apariencia se instala y se convierte en una especie de democracia recitativa. Ha habido muchas personas que dicen que ha sido un golpe constitucional porque el fiscal general del Estado es la sexta autoridad constitucional de España. En el análisis que hago, parto de la base de que no es un proceso que supere los estándares y ha habido una investigación prospectiva por parte de la UCO. El juez de instrucción tiene la obligación de recoger lo favorable y lo desfavorable a la persona investigada. Y, que yo recuerde, el señor [Ángel] Hurtado de cuestiones favorables recogió pocas. Estamos dando carta de naturaleza a una unidad policial cuya única obligación es recopilar elementos y ponerlos a disposición del juez, no hacer valoraciones ni sentencias.
¿Existen las cloacas del Estado en este país?
Bueno, se están enjuiciando ahora acciones que quebrantaron la legalidad, como es la operación Kitchen o fue la operación Cataluña, o la investigación a Podemos: son acciones totalmente fuera de la legalidad, como también fueron la guerra sucia contra ETA, los GAL. Es la justicia la que debe establecer la verdad material o la verdad procesal. Si no se hace así o se trata de impedir que se esclarezca, la democracia sufre.
Ahora lo que se está instruyendo es el caso Leire, que apunta a que el PSOE trató de desestabilizar investigaciones que afectaban al partido, al Gobierno y a personas del entorno del presidente.
Voy a ir un poco más allá de lo que normalmente me pronuncio por la falta de datos, pero ¿qué posibilidad tenían esos actores de incidir sobre algo o alguien con capacidad de decisión? Eso es lo primero que hay que plantearse. Y luego hay otros componentes… No sé, a mí me llama la atención qué hace un fiscal en ejercicio [Ignacio Stampa] reuniéndose con esas personas [Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset] para hablar con ellas y grabar las conversaciones y no lo pone inmediatamente en conocimiento de las autoridades, sino que lo hace cuando estalla el caso. Vamos a ver cómo desfila la investigación judicial y si, efectivamente, esa capacidad de influencia, de desprestigio, de acción ilícita, podía ser real. En todo caso, es una actividad que repudiamos, es decir, no debe aceptarse como una cosa normal. Pero entre la normalidad y lo delictivo hay un tramo que se tendrá que decidir.
Usted enumera una serie de casos internacionales que considera lawfare: Lula, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa… Todos contra líderes de izquierdas. ¿No hay casos de lawfare contra la derecha o contra la oposición en regímenes de izquierdas?
Yo no conozco ningún caso. La pregunta se me podría venir encima: ‘¿Entonces usted piensa que el lawfare solamente es contra líderes progresistas?’ Mi respuesta sería: hasta la fecha, sí. Pero estoy dispuesto a que me demuestren lo contrario.
¿En regímenes como el venezolano o el cubano no existe el lawfare contra la oposición?
Bueno, pero eso no sería lawfare, eso sería cualquier otra cosa. Estamos hablando de posibles violaciones de Derechos Humanos y demás. El lawfare es algo más sofisticado. En EEUU, por ejemplo, sí hay lawfare porque hay una acción de un presidente exorbitante, donde se sabe y se constata que ha habido presión sobre jueces o sobre el Tribunal Supremo. O el caso de Jorge Glas, el vicepresidente con Rafael Correa, que está al borde de la muerte por una sentencia injusta y que no hay ni siquiera la posibilidad de conseguir que que tenga una atención médica adecuada.
Usted escribe: «La corrupción es una auténtica estructura de poder, paralela al poder institucional, que procura diseñar zonas amplias de impunidad para operar de forma protegida». Con casos bajo investigación como el relacionado con el exministro Cristóbal Montoro o aquellos en los que está involucrado José Luis Ábalos, ¿la corrupción no ha demostrado en los últimos años ser puramente institucional?
No, la corrupción es más amplia. La corrupción afecta a instituciones que tienen elementos para defenderse, salvo cuando nace en la misma institución, o quien la ejerce tiene el poder. Me has planteado dos casos. Uno, el de Cristóbal Montoro, que está sujeto a investigación, pero que de confirmarse sería gravísimo porque sería piramidal, es decir, en la estructura del Ministerio de Hacienda. De ahí hacia abajo. Se establecían incluso proyección a leyes, normas específicas para generar después espacios de impunidad dentro de la propia legalidad. Si eso se demuestra y se llega al final, es el ejemplo de corrupción institucional más grave posible. El segundo caso [Ábalos], está pendiente de sentencia. Aparentemente ha habido un aprovechamiento de la pandemia para determinadas cuestiones y hay otras que afectan a la esfera más casposa, personal, que va en detrimento de los valores éticos más elementales en un político, pero no hay más.
Ábalos también está siendo investigado por llevarse mordidas de supuestas adjudicaciones públicas hechas a dedo desde el propio Ministerio de Transportes…
Ese es el posible aprovechamiento de una posición para cometer hechos concretos, pero no el aprovechamiento de la institución para generar efectos contra todos. Si tú dictaminas un mecanismo y ese mecanismo se convierte en ley, la ley es para todos y los perjuicios son para todos. Si tú diseñas un mecanismo para aprovecharte de la corrupción en beneficio propio, es muy grave por la posición que tienes, pero no se expande salvo en la afirmación que hago en el libro: que la corrupción genera un ámbito de impunidad precisamente para propiciar eso.