GAL

19-137273[1]

En febrero del año 1988, el juez  Baltasar Garzón Real, sustituyó al juez Francisco Castro Meije al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.  El juez Castro era hasta entonces el encargado de la investigación de las supuestas relaciones entre el subcomísario de policía José Amedo y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) .

Garzón incoó e instruyo una pluralidad de hechos dentro de la “guerra sucia” contra ETA llevada a cabo por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Entre otros, se condenó a José Barrionuevo, quien era Ministro del Interior, Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, y Julián Sancristóbal Iguarán, Gobernador Civil de Vizcaya, por malversación de caudales públicos y secuestro, así como a policías y agentes de la Guardia Civil.

MÁS DE 30 ACCIONES TERRORISTAS

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización criminal ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta  organización se probó que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Aunque decían combatir a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente», también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.

En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban los etarras. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos casos, los GAL reconocieron haber equivocado su objetivo o pidieron disculpas.

SEGUNDO MAREY

En diciembre de 1983 Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un cabecilla de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaya. Por este secuestro se realizaron varias detenciones. El 4 de diciembre de 1987, Talbi Mohand y Jean-Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 12 y 8 años de prisión respectivamente por este secuestro. Talbi aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles en la frontera con Navarra, después de haber llamado a dos “teléfonos para urgencias” al conocer la detención de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al Gobierno militar de Vizcaya y el otro a la Jefatura Superior de Policía.

En enero de 1988 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el subcomisario para atentar contra etarras en el sur de Francia. Tras su toma de posesión en la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL.

El tribunal les acusó de asociación ilícita, indicando que no era posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta trama.

CONDENADOS A PRISIÓN

En julio de 1993 Garzón reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera y al hilo de los escándalos destapados sobre el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el ex-director de la Guardia Civil, Luis Roldán, buscaba alguna referencia a Amedo, Rodríguez y los GAL. Su investigación de los fondos reservados había encontrado múltiples obstáculos por parte del Gobierno. Garzón tuvo que solicitar apoyo del Consejo General del Poder Judicial.

Finalmente el Tribunal Supremo por el caso Marey condenó a prisión por secuestro y malversación de caudales públicos a: José Barrionuevo, ministro de Interior ; Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad; Francisco Álvarez , jefe de la Lucha Antiterrorista;  Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao; José Amedo, subcomisario de Policía; Julián Sancristobal, gobernador civil de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya fue condenado a prisión por secuestro; Michel Domínguez, policía, ingresó también en prisión como cómplice de secuestro.

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  1. […] medios se usan como “arma” política para derribar al oponente político. Aquí recordamos el caso GAL, donde  el periódico El Mundo comenzó a destapar una trama ilegal y poco ética que partía […]

  2. […] hasta el día de hoy. Garzón apunta a una falta de transparencia de PSOE y PP. El primero en los GAL y el segundo en la trama Gürtel, denuncia que en ambos casos “no estuvieron a la […]