Artículo de opinión publicado en infoLibre.es ______
El domingo pasado estuve en la concentración de la Plaza de las Salesas, ante la sede del Tribunal Supremo, en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Llevaba 13 años sin volver allí porque el lugar me trae malas vibraciones después de haber recibido, en palabras del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una sentencia arbitraria, parcial, sin doble instancia y sin que existiera previsibilidad penal de la conducta imputada por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Todo ello, como respuesta a mi demanda contra el Estado español en los casos Gürtel y Franquismo que, como es habitual en la Administración de justicia española, son desatendidos por considerarlos no ejecutivos para los tribunales hispanos que, como todos sabemos, son los más “certeros del mundo” y “nunca” se equivocan en sus decisiones.
En esta ocasión, desafortunadamente, he vuelto al lugar de autos, no para pasear, sino en apoyo al fiscal general del Estado, sexta autoridad del mismo, condenado por un delito de revelación de datos reservados de un particular, de forma injusta y arbitraria mediante un fallo judicial informado sin sentencia o motivación conocida que lo avale, de momento, y que ha ocasionado un cataclismo social y político.
Ha sido grato comprobar que al menos un millar de personas nos hemos sentido concernidas por esa decisión y lo hemos querido poner de manifiesto públicamente. Desde luego, no faltará quien acuse de que con eso afectamos a la independencia judicial. Ya les digo yo que no. Los juzgadores supremos se inquietan muy poco por este tipo de demostraciones de discrepancia. Sí lo hacen cuando algún medio de comunicación editorializa o les cuestiona sus decisiones. El pueblo sufre los resultados de la justicia, pero no inquieta a la misma por su mal hacer. Es algo metafísicamente imposible porque nadie de ese nivel popular tiene el caché para inquietar a tan doctos señores.
Al día de hoy tenemos una certeza: al fiscal general del Estado le han hecho un traje a medida. Hizo el patrón el jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso; hilvanó la tela el juez de instrucción, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo presentó el producto final con cierta prisa, casi a cascoporro. Faltaron las imprescindibles pruebas para ver cómo le sentaba el modelo al destinatario. Y aún está por ver la costura, es decir, si las puntadas son rectas o si los modos tan acelerados han llevado a los sastres a coser de cualquier manera, con los dobladillos deshilachados, el forro despegado y los ojales asimétricos.
Se diría que, en una carrera desbocada hacia el absurdo, había urgencia para lograr argumentos que salvaran al soldado González Amador de su poco edificante relación con Hacienda, que somos todos. Si para lograrlo, si para encontrar posibles vías de llegar a la nulidad, era necesario montar una guerra institucional, bien hecho estaba. ¿Quién no defendería a su novio ante la fatalidad? ¿Quién por amor no pondría en peligro la estabilidad de una sociedad? Recurrir al bulo, a la mentira o a la falsedad utilizando las herramientas de una Administración pública, es poco comparado con los dos fines perseguidos: de una parte, el triunfo del amor; de otra, que el adversario político muerda el polvo.
¿Cuál es la situación? Que conocido el fallo de la Sala Segunda, sin más datos, nos encontramos en el reino de la elucubración al no estar al tanto de los necesarios argumentos. Entre lo que elucubramos, se conoce que en los corrillos de periodistas un magistrado presumiblemente firmante de la condena ha sugerido que la supuesta filtración de datos reservados (motivo posible de la condena) al parecer se refiere a los datos contenidos en la nota de prensa “dictada” por el fiscal general en cuanto las menciones al confeso defraudador, cuyos datos fueron primigeniamente difundidos por Miguel Ángel Rodríguez en función del correo de su abogado. Veamos si el traje es de buena marca o una burda falsificación de las que se ofertan en las grandes avenidas de las ciudades españolas en lo que se conoce como topmanta.
La nota de ida y vuelta
En un inicio, la Sala de Admisiones –que, extrañamente, también ha constituido el bloque principal de la Sala de Enjuiciamiento, y por ello sus componentes estaban súper contaminados– obvió la nota de prensa en cuestión, centrando el proceso en un correo que el fiscal general no filtró. Si esto fuera así, como parece desprenderse de la nota informativa que ha adelantado el tribunal al referirse a la “revelación de datos reservados”, la Sala habría dado una vuelta de tuerca inesperada en contra del acusado, aunque ya se desprendía de las últimas sesiones. Ello nos llevaría a plantearnos una mutación en el objeto del juicio, sobre el que se centró el mismo: la presunta filtración de un correo de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa del señor González Amador aceptaba haber cometido dos delitos fiscales y proponía una conformidad al fiscal del caso. Sin duda, de confirmarse, sería muy grave, porque ha generado una clara indefensión al fiscal general, de forma consciente.
Si no fuera así, y la cuestión queda centrada en el mencionado correo, existen demasiados testimonios de periodistas que por activa y por pasiva aseguran haber obtenido el correo sobre la situación de González Amador tiempo antes de que llegara a la Fiscalía, lo que obligaría al tribunal a hacer auténticos malabares para quebrar la coherencia y firmeza de esos testimonios frente a las conjeturas, fuegos de artificio y filibusterismo que se han generado por parte de las acusaciones, y evidenciarían un riesgo superlativo de parcialidad en contra del reo.
En este ejercicio permanente de elucubración al que nos ha obligado el tribunal en un caso de la máxima importancia, y que tan querido es (al menos por uno de los miembros del tribunal sentenciador conocido por sus espectaculares y muy cuestionadas intervenciones a lo largo de los años), la nota de prensa se constituiría en el tema delictivo central. Por tanto, el Tribunal Supremo tendría que explicar muy bien por qué obvian la obligación de la Fiscalía de dar respuesta a bulos y calumnias, según marca su Estatuto y exige un verdadero Estado de derecho en una democracia participativa en la que la justicia es de los ciudadanos y no de quienes la administran. Y nos enfrentaríamos a algo incomprensible: si el correo era irrelevante, ¿para qué se llevó a cabo el brutal registro en la sede de la Fiscalía General? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Era todo fruto de una mala instrucción? ¿Del desconocimiento puro y duro de un juez? En cambio, si hubieran absuelto al fiscal general, ¿cómo habría quedado el magistrado instructor? ¿Qué cuentas habría que haberle pedido por tal intrusión en una institución del Estado? Tal vez el papel poco airoso del juez Ángel Hurtado haya sido tenido en cuenta por sus colegas del Supremo.
García Ortiz ha sido un fiscal general honesto, coherente, demócrata y está sufriendo una situación injusta
En paralelo, se traspone la situación judicial a la política: el ataque a la independencia judicial no se produce por la crítica a una decisión de un tribunal que ha quebrantado su obligación de motivar el fallo (que, en todo caso, es la consecuencia lógica de una fundamentación o motivación y no al contrario). Esta decisión ha servido para una revictimización del acusado que, una vez más, ha quedado indefenso, y solo ha favorecido a quienes están haciendo escarnio de una condena no fundamentada y sí publicitada a modo de ajusticiamiento en la plaza pública. Sin olvidar que en el recurso de nulidad ante el mismo tribunal (mero trámite) para dar paso al de amparo ante el Tribunal Constitucional se podrá alegar como motivo de esa nulidad el adelanto del fallo, que podría estar influyendo en la propia motivación de la sentencia.
¿A qué tenían miedo?
¿Quién pierde en este juicio? Todos. No puedo comprender qué ha pasado por la cabeza de estos cinco magistrados para firmar tal decisión. Me sigo preguntando: ¿Por qué se negaron a retransmitir el juicio? ¿A qué tenían miedo?
Espero ahora que los argumentos sean absolutamente convincentes para devolver la fe a la ciudadanía, porque en caso contrario pasarán muchos años hasta creer de nuevo en la justicia. Yo, al menos, ya no creo.
No creo, porque sin más información veo demasiadas incongruencias, entre otras, la condena. Necesito que expliquen por qué consideran que se trata de datos reservados cuando ya eran conocidos todos los entresijos que los definen; por qué condenar al fiscal general por cumplir con su obligación de informar para destruir un bulo probablemente delictivo, es decir, por cumplir una obligación legal que, en todo caso, excusaría de desarrollar otra conducta; por qué el fallo se ha sustentado en el artículo 417.1 del Código Penal y no en el 417.2, que es el que establece que el penado ha causado daño a un tercero. Si esto no se cumple con suficiencia tendremos que llegar a la conclusión que se trata de una sentencia arbitraria como arbitraria ha sido la prepublicación del fallo.
La pena de inhabilitación, según veo en el fallo, está milimetrada. Dos años para el cargo de fiscal general, el tiempo máximo que le quedaba en ese puesto. Nunca podría ser reelegido, pues así ocurre cuando han transcurrido dos años en el ejercicio del cargo, de donde la sentencia se considera de cumplimiento imposible, pero no puede suponer la pérdida de la categoría de fiscal de Sala ni ser expulsado de la carrera fiscal.
En la dimensión política, más allá del apoyo moral del Gobierno al fiscal general, Núñez Feijóo ha reclamado, de forma inmediata, la dimisión del presidente Sánchez (quien no era el juzgado); Abascal ha aseverado que esta es la primera pieza del dominó que cae y que Sánchez será el primer presidente que acabará en la cárcel. Díaz Ayuso, por su parte, ha hablado, como siempre –con una confusión de conceptos grave y una falta de respeto a la esencia democrática–, de autocracias y dictaduras, obviando, sin embargo, el papel que ella misma ha jugado en todo este caso. Como ven, estimados lectores, la separación entre el poder político y el judicial se va diluyendo gracias a la ambición de estos políticos.
Pienso que el fiscal general no necesita defensa o apoyo (aunque personalmente son bienvenidos –lo digo por experiencia propia–) como responsable máximo de una institución de rango constitucional, porque tiene garantías desde el momento de su nombramiento. No depende del Gobierno: quien así lo afirme, miente. Desarrolla la política criminal del Gobierno y tiene su autonomía garantizada por lo dispuesto en su estatuto orgánico.
Cuando escribo estas líneas, Álvaro García Ortiz ha presentado su renuncia, lo que le honra y cierra cualquier otra posibilidad pues no podría repetir en ningún caso por el tiempo ya transcurrido en el cargo. Es un sinsentido más del adelanto del fallo que pondrá fin a una sentencia aun por escribir, cuyos razonamientos jurídicos podrían acomodarse en función de las críticas que unos y otros estamos realizando.
García Ortiz ha sido un fiscal general honesto, coherente, demócrata y está sufriendo una situación injusta. Como cualquier otro aforado ante el Tribunal Supremo, su figura no tiene posibilidad de recurrir en segunda instancia. Nunca he entendido por qué el legislador español no ha introducido, en los casos de aforados ante el Supremo, la doble instancia, esencial en un Estado de derecho. No hacerlo es otorgarle un poder omnímodo a la Sala Segunda del Alto Tribunal. Por lo demás, acudir al Tribunal Constitucional supone solo un recurso de amparo, pero al llegar allí, el daño ya está hecho.
Los trajes a medida se suponen que son los mejores, pero me temo que, en este caso, cuando veamos finalmente el atuendo, nos vamos a encontrar con que está sujeto con alfileres y que se mantiene ligado solo por la inquebrantable voluntad de algunos de ir más allá de lo que aconseja la prudencia en derecho. Todo ello para alegría y, posiblemente, agradecimiento de quienes desean tanto alcanzar el poder que no tienen escrúpulos en dejar por tierra el honor de los servidores públicos y la confianza del ciudadano en las instituciones.