Artículo de opinión publicado en infoLibre.es_______
El dios romano Mercurio (el griego Hermes), el mensajero, el comunicador, el heraldo en territorios omnipotentes, ejercía su labor de trasladar las noticias celestiales a los humanos con la seguridad de ser todopoderoso e invulnerable. Esa coraza de inmunidad es el don o derecho que otorgó a los periodistas de todo el mundo, luego consagrada en textos constitucionales con el derecho a la información de todos los ciudadanos, que es la base de toda sociedad democrática.
La labor de los periodistas, los corresponsales, los gacetilleros, los transmisores de actualidad en cualquier punto del planeta, se despliega con la convicción de que su tarea es sagrada, como legado de un dios y, como tal la llevan a cabo y la defienden quienes la practican, con la creencia por parte del ciudadano medio de que lo transmitido se ajusta a la verdad, o así debería ser. Es por ello que, desde mucho tiempo atrás, se ha respetado tal función por casi todos quienes creemos en la certeza y necesidad de ese derecho. Sin embargo, esa labor no es fácil si verdaderamente se ejerce de forma independiente y no al servicio de los intereses de turno, ya sean políticos o mercantiles, ideológicos o venales.
Para demasiados gobiernos y grandes corporaciones económicas, incluso las mediáticas, los buenos periodistas siempre son molestos, irritantes, incluso subversivos, y frente a ellos se imponen limitaciones de acceso a temas delicados o se secuestra la palabra o se guardan secretos inconfesables bajo el manto de la seguridad nacional o de los servicios de inteligencia. Todo ello omitiendo el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que les afecta de forma principal.
En España, durante la dictadura franquista, la prensa sobrevivía bajo el yugo de Falange y la censura del régimen. Pero muchos periodistas, arriesgando su integridad, fueron punta de lanza para intentar obviar las limitaciones establecidas.
Historia difícil y valiente
La sátira y la ironía se convirtieron en herramientas cargadas de un futuro que se deseaba. La agudeza de La Codorniz, que nació en 1941 y se publicó hasta 1978 entre multas, suspensiones y otros avatares, marcaba la pauta de un periodismo irónico, inteligente y mordaz que nos alimentaba las ansias de conocimiento y libertad. Podría enumerar diversos medios con empresas progresistas y valientes que estuvieron al pie del cañón en momentos complicados. Y publicaciones como El Papus, al igual que El País, fueron objeto en la Transición de atentados asesinos obra de la extrema derecha. No me voy a extender más sobre el particular en este artículo.
La historia de la prensa en España ha sido difícil, pero valiente. Citaré que en la redacción del Arriba, periódico del Movimiento, en 1973, 1974 y 1975 trabajaban periodistas que militaban clandestinamente en la izquierda y en el antifranquismo en una tarea peligrosa aún: conseguir escribir lo que pasaba, y no lo que dictaba el sistema dictatorial. Como ellos, en multitud de medios informativos en todo el territorio nacional, se peleaba en silencio por la libertad de información, es decir, por contarle al lector la realidad, evitando la propaganda oficial.
Tal actitud siempre resulta incómoda al poder, y no solo por el hecho de no existir democracia plena en un país concreto, sino porque la verdad, en sí misma, incomoda y perturba al gobierno de turno que, difícilmente, acepta la crítica y la vigilancia que realizan los profesionales de la comunicación. En el mismo autoproclamado templo de la libertad de expresión de EE UU, esta tendencia autoritaria se evidencia con prístina claridad en la época trumpista que nos ha tocado vivir. Y si hablamos de zonas en conflicto, la situación se torna en insoportable y altamente peligrosa.
Conflictos bélicos
Un informe de la UNESCO de diciembre de 2024 apuntaba a un elevado número de muertos en lugares en los que se libraban guerras. Al menos 68 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habían sido asesinados en cumplimiento de su deber en ese año. Más del 60% de los asesinatos tuvieron lugar en países en situación bélica, el porcentaje más alto en más de diez años.
En aquella fecha, y a la vista de las cifras, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, se dirigía así a todas las naciones: “La información fiable es vital en situaciones de conflicto para ayudar a las poblaciones afectadas y para instruir al mundo. Es inaceptable que los periodistas paguen con sus vidas por este trabajo. Hago un llamamiento a todos los Estados para que intensifiquen y garanticen la protección de los trabajadores de medios de comunicación de acuerdo con el derecho internacional”.
Lo que constataba el organismo de Naciones Unidas era ciertamente inquietante. Pero más aún lo es que tal advertencia haya caído, de nuevo, en el “saco roto” de las instituciones internacionales, cuyas opiniones, estadísticas y admoniciones no son atendidas por nadie. De los 42 asesinatos de periodistas en países en conflicto, cuatro crímenes fueron en Ucrania y Colombia; tres en Irak, Líbano, Myanmar y Sudán, y uno en Siria, Chad, Somalia y la República Democrática del Congo. Se trata de la continuación de una tendencia alarmante establecida en 2023; en conjunto, más periodistas habían muerto en conflicto en esos últimos dos años que cualquier otro año desde 2016/2017. Y a esos números se añadía una cifra preocupante, la de 18 periodistas asesinados, en ese momento, en Palestina. La cifra se queda ridícula con la situación actual, 26 de agosto de 2025, fecha en la que escribo estas líneas.
Contra el derecho a la información
Hoy, según distintas fuentes, desde octubre de 2023 han perdido la vida 244 periodistas en Gaza. Y relata José Andrés Rojo en El País que “se bombardearon, además, 152 casas en las que algunos de ellos vivían; murieron —“de paso”, podría decirse— 665 personas, entre vecinos y familiares”. Los últimos periodistas asesinados lo han sido (cinco) en el hospital Nasser y uno más en Al Mawasi.
¿El objetivo? Silenciar lo que está ocurriendo, que se resume en más de 61.000 palestinos muertos desde que el Gobierno de Netanyahu pusiera en marcha su ofensiva militar para rescatar a los rehenes que Hamás secuestró en octubre de 2023 y para acabar con la organización. De paso, están llevando a cabo un genocidio en el que niños, mujeres, ancianos y población civil en general han perdido la vida y la seguirán perdiendo ante la pasividad de demasiados países occidentales, la parálisis de la Unión Europea y la aquiescencia de Estados Unidos.
El 10 de agosto de 2025 el ejército israelí asesinó a un grupo de profesionales de la cadena Al Jazeera en un ataque selectivo. Buscaban en particular a uno de los corresponsales estrella del canal: Anas al Sharif. Israel le acusaba, sin prueba alguna, de ser un terrorista en activo. El problema para las autoridades era la cobertura que Anas al Sharif estaba realizando de lo que ocurre en Gaza. Los nombres de sus compañeros ejecutados del mismo modo son el reportero Mohamed Qreiqeh, los camarógrafos Ibrahim Zaher y Moamen Aliva y el asistente Mohamed Noufal, todos de Al Jazeera, y Mohamed al Khalidi, de un medio local, como informó Ara.cat, medio catalán que apuntaba algo terrible: “Un camarógrafo reconoció con “mucha vergüenza” que trataba de evitar a Al Sharif porque era un “blanco predecible”: el Gobierno de Israel lo perseguía para matarlo”.
Las palabras de Anas Jamal Al Sharif en su carta-testamento fechada el 6 de abril de 2025 son conmovedoras y deberían despertar las conciencias adormecidas por la indiferencia de gran parte de la dirigencia política del mundo, especialmente en Occidente y países árabes concretos, ante las matanzas reiteradas de personas y colectivos que configuran los crímenes de genocidio y lesa humanidad que las fuerzas armadas de Israel y el Gobierno, con Netanyahu al frente, están perpetrando en Gaza. Decía así: “He vivido el dolor en todos sus detalles, he probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, y a pesar de eso nunca he dejado de transmitir la verdad tal como es, sin falsificación ni distorsión, esperando que Dios sea testigo de quienes guardaron silencio, de quienes aceptaron nuestro asesinato, de quienes sitiaron nuestro aliento y no movieron en sus corazones los restos de nuestros niños y mujeres, ni detuvieron la masacre que nuestro pueblo sufre desde hace más de un año y medio…».
“Matar al mensajero” ha pasado a formar parte de la política general y sistemática de quienes quieren encubrir los crímenes que cometen
Matar al mensajero
Ara.cat relataba los hechos mientras informaba también de la reacción de los profesionales catalanes que promovieron una manifestación el miércoles 13 de agosto en repulsa por tal acción. Debo decir que el asunto es de tal gravedad, que la expresión de este rechazo debería repetirse de forma masiva por todo nuestro país y por todos los países. Si dejamos pasar que un Gobierno del signo que sea elimine a quienes informan para evitar propaganda adversa, estaremos propiciando la impunidad y anticipando la muerte de un derecho fundamental, el de emitir y recibir información, y, por ende, de la democracia.
Abu Salim, reportero del sindicato de periodistas en Gaza, con ocasión de aquella penúltima masacre enviaba unas palabras —para mí fundamentales— en relación a la muerte de sus compañeros y al papel de la prensa en su país: “Me imaginaba a mí mismo en su sitio y pensaba si debía abandonar el periodismo para evitar los misiles israelíes. Pero si todos hacemos esto, ¿quién dirá la verdad? Ésta no es una guerra sólo contra los periodistas, es una guerra contra todo el mundo. Pon, por favor, presión sobre Israel para que detenga este genocidio».
El articulo 7.1 h) del Estatuto de Roma por el que se rige la Corte Penal Internacional, que define los crímenes de lesa humanidad, define como tal “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”. Por su parte, la letra k) del mismo artículo recoge la tipificación de “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Considero que deberíamos plantearnos —lo vengo sosteniendo desde hace años— incluir expresamente en estos preceptos las masacres reiteradas de periodistas que, como exponentes de un derecho de toda la Humanidad, se ven perseguidos y aniquilados, precisamente por ser periodistas y ejercer su profesión para que aquel derecho se garantice. En los conflictos armados, sean internos o internacionales, “matar al mensajero” ha pasado a formar parte de la política general y sistemática de quienes quieren encubrir los crímenes que cometen. No podemos consentir el silencio, el vacío de información que pretende el Gobierno de Israel. En ello nos va nuestra propia libertad.