Artículo de opinión publicado en infoLibre.es_______
María del Carmen Abascal, que tiene 87 años, vive como inquilina en un piso del barrio madrileño de Sainz de Baranda. El día 29 de octubre era la fecha para su desahucio debido a la demanda en su contra de un fondo buitre. De momento, se ha suspendido hasta que se encuentre una solución habitacional para ella. A veces algunos jueces tienen sentimientos e imparten verdadera justicia.
Su caso me ha impactado y les diré por qué: su padre firmó el contrato de arrendamiento en 1956, pero su madre no pudo rubricarlo por ser mujer y, por tanto, no tener plenos derechos, así que, a la muerte del marido en 1957, solo pudo subrogarse. No les voy a marear con procesos administrativos, basta con saber que en 2005 muere la madre y legalmente no cabe una segunda subrogación, por lo que Mari Carmen se quedó entre el cielo y la tierra.
Este caso ilustra la vida durante la dictadura franquista que algunos quieren presentar como un pasado de leche y miel. No fue así. Las mujeres no tenían plenos derechos. Para todos los documentos, desde el pasaporte a una compraventa, estaban supeditadas al padre o al marido, que debía dar su permiso. Las mujeres transitaban de la casa paterna al dominio del cónyuge. Se las quería sumisas, dóciles y dispuestas, y para ello el régimen desplegó medidas económicas y administrativas suficientes como para que no pudieran desprenderse de ese yugo. ¿Y el maltrato? Algo a sufrir en silencio pues el esposo era quien imponía las normas a la familia y las hacía cumplir. Era la sacrosanta “autoridad marital”.
Todo emanaba de la voluntad del dictador. El historiador Eduardo Montagut recuerda con tino en NuevaTribuna que La Ley Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967 dejó definida la Jefatura del Estado en su Título II: “Artículo sexto. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional”.
Montagut concluye: “el propietario de la soberanía nacional, es decir, de la fuente del poder, no era el pueblo español, sino Francisco Franco”.
Esa era la realidad. Los que añoran esa época y envenenan a la juventud con ideas de autoritarismo y “orden” necesario, mienten. La dictadura –todas las dictaduras– son sistemas de represión, de falta de libertad, de desmanes contra los ciudadanos, de impunidad y crimen.
Hacia la normalidad
Por ese motivo, la exhumación de Franco, el 24 de octubre de 2019, hace ahora seis años, supuso un paso más hacia la normalidad democrática. Parece mentira que tuvieran que pasar 56 años desde la muerte del dictador para que su féretro abandonara Cuelgamuros. Recuerdo bien la escena, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado (*), protagonizando con su imagen serena, pero firme y seria, una despedida que se había prolongado demasiado en el tiempo. Y no olvido la inquietud en determinados sectores ¡a esas alturas! por las reacciones que pudieran tener lugar de parte de los acérrimos franquistas y los afines a la ultraderecha. Ladraron, claro, si bien la sociedad cabalgaba hacia el futuro.
Sin embargo, no se han quedado quietos. Creo que los progresistas, los que hemos peleado toda la vida por establecer la democracia, nos vemos hoy sorprendidos ante el auge de la ultraderecha aquí y en los países de nuestro entorno y de esa tóxica añoranza de los jóvenes, o, al menos, de un sector muy importante, hacia un mundo que no han conocido y del que ignoran lo sórdido y dañino. Algo no estamos haciendo bien ante esas ideas reaccionarias que llevan a que un 20% de la juventud opine que la dictadura es mejor que la democracia.
Por eso la memoria es esencial. Y resulta básico enseñarla en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Aunque a algunos les pueda parecer secundario, o pasado. Lo contrario nos lleva a situaciones críticas, y encumbra a figuras como la de Donald Trump en Estados Unidos, país del que, a este paso, se dirá que fue libre un día lejano. O a la crisis de la estructura internacional del Derecho, que cada día se aleja más de la visión progresista que debe impregnar todas las decisiones de los jueces para contribuir a que la sociedad avance y a que el respeto a los derechos humanos sea irrestricto.
Demasiados profesionales de la justicia tienen proscrita la memoria y evidencian lo que creo debe ser un miedo imbuido en los genes, que se traduce en una posición de rechazo a los asuntos de la dictadura. No nos engañemos: en el Poder Judicial cuesta dios y ayuda arrancar algún tipo de acción que solo se consigue en España a golpe de piñón de este Gobierno.
Permítanme, en este punto, que haga una afirmación grave pero cierta: los representantes de la administración de Justicia, tanto jueces como fiscales en general, pero muy especialmente en las últimas promociones, no muestran ningún interés en la necesidad de la memoria democrática ni en la defensa de los derechos humanos.
En el primer caso porque no entienden lo que significa y la trascendencia de su aprendizaje como garantía de no repetición, y en el segundo caso, por un rictus de soberbia que es transversal en la sociedad española, de creer que lo de los derechos humanos es algo de sociedades en desarrollo, y no en una España que los vulnera con excesiva frecuencia al más alto nivel.
Enemigos potentes
La democracia tiene enemigos potentes. Ahí está la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, presentando un recurso ante la Audiencia Nacional, oponiéndose a la colocación de una placa que deje claro que el edificio en el que se ubica la Comunidad de Madrid fue en tiempos de la dictadura la antigua Dirección de Seguridad, lugar de torturas y crímenes.
O las diferentes comunidades autónomas en que el PP gobierna con mayoría absoluta, pero obedece a Vox enmendando la ley de memoria democrática, derogando las normas autonómicas sobre la materia (cito a Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria…), proponiendo leyes de una concordia que ellos se niegan a aplicar por cuanto el único concepto que entienden es el de impunidad, o poniendo trabas a las familias que aún hoy siguen buscando a sus seres queridos en las cunetas. No podemos olvidar que aún quedan por recuperar los restos de 11.000 fusilados del franquismo frente a las 9.000 exhumaciones de estos cinco años pasados.
La memoria tiene un efecto sanador incuestionable. Para quienes sufrieron la dictadura y para prevenir que otros se sientan tentados por desconocimiento a revivirla
Hay que hacer justicia y esa justicia pasa por acciones como la decisión del Gobierno de declarar Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, el conocido cementerio de La Almudena, del que es titular el Ayuntamiento de la capital, escenario “silencioso pero atroz de la violencia política, y símbolo del uso del terror por parte del régimen franquista para consolidar su poder». El objetivo es que no sea olvidado el sufrimiento de los centenares de hombres y mujeres que perdieron allí la vida, cuyo legado «continúa siendo un faro de resistencia y esperanza para las generaciones presentes y futuras”, decreta el BOE del 30/10/25. En los próximos días, el periódico oficial dará fe también de la declaración de lugar de memoria en el sitio donde se alzaba la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, la que se llamó cárcel de Carabanchel.
Frágil libertad
Avanzamos, pero despacio y con fuertes resistencias. Tres años después desde la promulgación de la ley, aún queda parte de su articulado por desarrollar. Pero se ha consolidado la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que ahora cuenta con fiscales en todas las provincias que pueden desplazarse a las exhumaciones, y se trabaja para resignificar el Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco.
En un muy recomendable artículo en El País de Natalia Junquera, periodista especialmente sensible a los temas de la Memoria, titulado «Los temas pendientes de la Ley de Memoria», se desglosan algunas de estas acciones pendientes. Cita la extinción de la Fundación Franco; los incumplimientos en materia de educación del PP, que emprende junto a Vox auténticas guerras ideológicas para evitar contenidos que hablen sobre la represión franquista; o los inventarios pendientes para resarcir a los afectados, auditando los bienes expoliados.
Los trabajos realizados por los españoles cautivos esclavos o las violaciones de derechos humanos, que alcanzan hasta 1983, son asuntos a resolver si queremos dejar atrás la oscuridad que asoló nuestro país y produjo tanto dolor, tanto miedo y tanta muerte.
El camino hacia la normalidad democrática pasa por reconocer los hechos, resarcir a las víctimas, establecer lo ocurrido y explicarlo para que no se repita. ¿A qué pueden tener miedo la derecha y la ultraderecha? No he conocido a ninguna víctima de las dictaduras, ni aquí ni al otro lado de Atlántico, que exprese o desee o reclame venganza. Doy fe de que tan solo relatando lo ocurrido, sienten alivio y reparación. Lo único que piden es Justicia. Esa es la labor que, con dedicación y esmero, lleva adelante la Fiscalía, liderada por Dolores Delgado a través de los expedientes de Jurisdicción Voluntaria de fijación de hechos criminales no litigiosos.
La memoria tiene un efecto sanador incuestionable. Para quienes sufrieron la dictadura y para prevenir que otros se sientan tentados por desconocimiento a revivirla. Sirve para evitar que de nuevo mujeres como la madre de Mari Carmen vivan en una eterna infancia doblegadas siempre al hombre sin derechos ni libertades. Es vital para que seamos conscientes de nuestros derechos y de cómo, si no estamos alerta, si no trabajamos cada día para preservarlos, otros nos los arrebatarán. La libertad es un raro don, sumamente frágil, de una delicadeza extraordinaria que se nutre del deseo de progresar de las personas y se destruye con la negación y el olvido. No podemos bajar la guardia.