Artículo de Miguel Altozano en infoLibre.es_____
El Consejo considera que carece de vías para declarar nulo su acuerdo de 2012 porque el exmagistrado no ha solicitado la revisión de su condena
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que su proceso vulneró garantías procesales básicas y reclamó su «reparación integral»
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto decidir este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Sus 20 miembros –diez conservadores y diez progresistas– junto a su presidenta, Isabel Perelló, se inclinan por rechazar la reclamación del juez pese al acuerdo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que obligó a España en 2021 a otorgarle una «reparación integral» por considerar que, durante el proceso contra él, se vulneraron derechos fundamentales y garantías procesales básicas.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que la razón de esta negativa es la ausencia de una vía procesal para que el Consejo anule esos acuerdos sin que la Sala de lo Penal del Supremo, la que lo condenó, haya revisado su sentencia. El CGPJ mantiene abierto un expediente de rehabilitación de Garzón tras el cumplimiento de su inhabilitación que, sin embargo, no lo restituirá en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.
La resolución que debe adoptar el Pleno del Consejo tendrá como ponente al vocal conservador Alejandro Abascal, el mismo que redactó el acuerdo de la Comisión Permanente del pasado julio con el que ese organismo rechazó la revisión de oficio de esos acuerdos. Contra esa decisión, Garzón presentó un recurso administrativo ante el Pleno recordando que el comité de la ONU, en su dictamen del 13 de julio de 2021, consideró que se había violado su derecho «a un tribunal independiente e imparcial», su derecho fundamental «a una doble instancia o apelación en caso de condena penal y el de obtener «una resolución no arbitraria y previsible».
Como consecuencia, el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas reclamaba una «reparación integral». La Comisión Permanente, en su resolución del pasado julio, ordenó iniciar un procedimiento para su vuelta a la carrera, pero al haber estado suspendido por más de seis meses, su rehabilitación le obligaría a concursar por la primera plaza disponible, perdiendo su anterior destino en la Audiencia Nacional.
El motivo que los vocales esgrimen para no otorgar a Garzón esa reparación en los términos en los que la reclama es que, en opinión de la mayoría de ellos, no existe un procedimiento para hacerlo. Su separación de la carrera se produjo días después de que la Sala de lo Penal del Supremo lo condenara por prevaricación, por haber grabado las declaraciones de varios letrados del caso Gürtel con sus clientes en prisión, grabaciones que el juez que siguió instruyendo la causa tras la expulsión, Pablo Ruz, prorrogó sin ninguna consecuencia penal.
Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue «un acto reglado» del Consejo –es decir, sin discusión posible, impuesto– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción penal que fue impuesta el 9 de febrero de 2012, por lo que ya se ha cumplido íntegramente.
Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021.
Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo tribunal declaró el pasado mayo que los dictámenes de ese organismo son obligatorios para los tribunales españoles. Garzón no ha presentado hasta el momento el recurso extraordinario de revisión que podría permitir que se anulara su condena, a día de hoy plenamente vigente. La mayoría del Consejo cree que declarar nula su expulsión supondría desobedecerla.
El Consejo, sin embargo, sigue adelante con su proceso de rehabilitación. El órgano de gobierno de los jueces debe darse prisa para llegar a tiempo, ya que Garzón alcanzará los 70 años (la edad de jubilación de los jueces) el próximo 26 de octubre. Esa rehabilitación, sin embargo, no supondrá, casi con total seguridad, su regreso a la Audiencia Nacional, algo que, según los recursos presentados por el juez, sí cumpliría los requisitos de esa «reparación integral» que exige Naciones Unidas.
El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, Garzón estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.