Artículo publciado en El Plural.com______
El pasado martes, el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. La resolución -que aún tiene que plasmarse sobre el papel- ha abierto multidud de debates, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no se han conocido los motivos por los que Álvaro García Ortiz ha sido declarado culpable. Desde La Hora de La 1, Baltasar Garzón ha puesto la lupa sobre el órgano judicial, condenando su maniobra.
Silvia Intxaurrondo le preguntaba sobre el fallo del Supremo, que ha hecho pública la condena, «pero no ha explicado por qué lo condena». Entonces, el magistrado explicaba en qué dos casos «tiene sentido» que la resolución se «publique o comunique antes».
«Uno, cuando es absolutorio y, consecuentemente, si estuviera privado de libertad hay que ponerlo en libertad desde el momento que se sabe que está absuelto. Y lo contrario, cuando estando en libertad va a ser condenado, para evitar que se sustraiga a la acción de la Justicia», contaba el magistrado, que recordaba que, en ocasiones, en la Audiencia Nacional «se comunicaba que había condena por telegrama, informalmente, y se condenaba para que no se fugue».
Garzón señalaba desde TVE que en los dos casos previamente mencionados «estaría justificado» el anunciar el fallo previamente, pero no en el del fiscal general del Estado, «un caso de absoluta trascendencia»: «La polémica se ha generalizado llegando incluso a la renuncia del fiscal general sin conocer todavía los motivos por los cuales ha sido condenado. Es irregular«, sentenciaba.
Intxaurrondo le preguntaba por el procedimiento explicado en otra ocasión por Joaquim Bosch: «¿No se delibera sobre un borrador, luego se redacta y luego se da a conocer la decisión?». «Siempre se convoca para deliberación y fallo. Probablemente se ha ido deliberando parte a parte durante las sesiones, se hace cuando los juicios son amplios y se van tomando decisiones. Lo normal es que se delibere, si hay discrepancia, y mucho más si la ponencia es la que se queda en minoría, es decir que la magistrada que iba a redactar la sentencia tenía una idea absolutoria y la mayoría cambia a una sentencia condenatoria, hay que dejar un margen para que los razonamientos se puedan redactar», explicaba Garzón, que aseguraba que, de ser así, implica «una mayor dilación«.
El jurista se refería entonces a uno de los razonamientos esgrimidos para justificar que se haya conocido el fallo antes de redactarse la sentencia: «El argumento que parece ser que se ha dado, de que con esto se evitaban filtraciones, es revertir hacia el acusado una obligación del propio tribunal. El tribunal tiene la obligación de que no se filtre. Parece que se da por hecho que ellos mismos los van a filtrar. Que entonces tomen las medidas correspondientes para que no se filtre, que siempre las hay».