Los tres juicios contra Garzón

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Baltasar Garzón se enfrentó en el año 2010 a tres procesos, dos bajo la acusación de prevaricación y uno por cohecho impropio. Se ha recopilado información sobre los tres juicios contra Garzón tanto periodística como legal.

El primero se debió a su investigación sobre la trama Gürtel, el segundo por querer dar respuesta a las víctimas de los crímenes del franquismo, y el último juicio por los cursos que había realizado en Nueva York.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le condenó por la intervención de conversaciones en la cárcel de los imputados en Gürtel en relación con sus abogados. Fue absuelto del juicio por declararse competente para investigar los crímenes y desapariciones del franquismo y el tercer caso se archivó.

Memoria Histórica

Baltasar Garzón se declaró en octubre de 2008 competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y de represión que terminó con al menos 114.266 desaparecidos. El juez enmarcaba estos hechos el contexto de crímenes contra la humanidad.
Al estar muertos los implicados no existía responsabilidad penal, por lo que los juzgados territoriales correspondientes tendrían que hacerse cargo de estos casos. Garzón se inhibió un mes después en favor de estos 62 juzgados de acuerdo con lo que marca la ley.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se opuso a la apertura de este proceso y acusó a Garzón de iniciar una «causa general» contra el franquismo. El fiscal pidió la nulidad de la investigación, que calificó de «disparate jurídico. Zaragoza consideraba que estos hechos, estaban prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977.

Un instructor polémico
Pero el sindicato ultraderechista Manos Limpias, presentó una querella contra Garzón por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho), denunciando que se había extralimitado en sus competencias en la investigación del franquismo. En mayo de 2009, el Tribunal Supremo la admitió a trámite, también admitió otras dos querellas de Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. El Supremo añadió además en sus argumentos el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional que había manifestado ya su oposición.
El instructor de la causa fue el magistrado del Supremo Luciano Varela, un hombre crítico con Garzón, a quien calificaba de «juez estrella». El mismo juez Varela fue también en 2008 ponente de la querella que atribuía a Garzón el supuesto cobro de 1,7 millones de dólares por unos cursos en la Universidad de Nueva York, si bien rechazó los delitos de prevaricación y cohecho de los que se le acusaban.

Manos Limpias
Manos Limpias está liderado por un exdirigente del ultraderechista partido Fuerza Nueva, Miguel Bernad. Este supuesto sindicato es pródigo en la presentación de querellas muchas de las cuales han sido rechazadas. La asociación Libertad e Identidad, también de ideología conservadora presentó por su parte otra querella por supuesta prevaricación. Por último, se incorporó a la causa contra el juez, Falange Española de las JONS, que pedía 20 años de inhabilitación para Garzón, con el argumento de que quería encargarse de una causa para la que sabía que no era competente.
Precisamente en las denuncias de desapariciones forzadas de los familiares de víctimas del franquismo se denuncia el papel de muchos falangistas en las ejecuciones y «sacas» de los desaparecidos. El juez expulsó el 23 de abril a Falange por una cuestión formal. Según el instructor, Falange entraba en valoraciones que dificultaban la veracidad o la falsedad de los argumentos. El 18 de octubre el Supremo ratificó su expulsión de la causa.
El magistrado presentó un recurso calificando las acusaciones de «burdas represalias». Y añadía: «Imputar a altos cargos de la dictadura franquista por un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno puede ser discutible, pero en ningún caso constituye un delito de prevaricación».

Apertura de juicio oral
La defensa de Garzón manifestó que la actuación de Garzón hubiera sido injusta solo «si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos». Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo, se manifestó en contra de la denuncia y sin entender que se hubiera producido en ningún caso un delito de prevaricación.
En abril de 2010 Baltasar Garzón recusó al magistrado instructor Luciano Varela. El juez aconsejó a la organización ultraderechista Manos Limpias cómo debía ser su escrito de acusación. En una providencia, sugería borrar determinadas partes del escrito e incluso en un apartado la defensa de Garzón denunció que se habían plagiado párrafos completos del auto del 3 de febrero del instructor del Supremo. El letrado Gonzalo Martínez Fresneda, defensor del magistrado habló de parcialidad en cuanto a la actuación de Varela. La recusación fue rechazada y el 12 de mayo comenzó el juicio oral contra Garzón quien fue suspendido por el CGPJ, según obligaba la Ley.

Manifestaciones de apoyo
Miles de personas participaron el 24 de abril de 2010 en las concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España para denunciar la impunidad del franquismo y apoyar al juez Baltasar Garzón, convocadas por plataformas de reconocimiento a la Memoria Histórica
El acto más multitudinario tuvo lugar en Madrid, donde los organizadores reconocieron que la asistencia a la marcha que transcurrió entre la puerta de Alcalá y la del Sol superó «con creces» sus expectativas más optimistas (calculaban unos 100.000 asistentes). El acto concluyó con la lectura de un manifiesto por parte del cineasta Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana, que pasó 23 años en las cárceles franquistas.
En el texto, al que siguió un minuto de silencio por todas las víctimas del franquismo, se lamentaban «las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia» la memoria de las víctimas del franquismo, desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas».
En Barcelona fueron más de cuatro mil personas que llenaron la plaza de Sant Jaume. La concentración convocada en Sevilla contó con la presencia de la madre y las hermanas de Garzón, natural de Jaén, donde también unas trescientas personas participaron en un acto de apoyo al juez que se repitieron en localidades como Zaragoza, Murcia, Cáceres, Valladolid, León, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santander, Valencia o Gijón, entre otras.
Los actos de apoyo a Garzón contaron con la presencia de numerosos políticos de los partidos de izquierda -como Cayo Lara y Gaspar Llamazares (IU), Pedro Zerolo (PSOE) o Joan Herrera (ICV)-, mientras que fueron duramente criticados por el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, los calificó de campaña «brutal y antidemocrática» contra el Tribunal Supremo.

Absolución
El representante de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) Reed Brody denunció el «doble rasero» de la Justicia española, que investigó dictaduras como las de Chile y Argentina pero ha encausado a un juez por hacer lo mismo con el franquismo.47 En la misma línea, Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y abogado de la parte civil en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, mostró su sorpresa «de que los países no quieran a los jueces que justamente legitiman a su Poder Judicial, que son independientes y que prefieren el honor y la justicia al pasado vergonzante».
Mientras esto ocurría con una repercusión internacional de pesar y asombro, un centenar de ciudadanos residentes en Latinoamérica vinculados con organizaciones independentistas del País Vasco y en diversos casos de ideología cercana a ETA, organización terrorista contra la que el magistrado había actuado durante años, firmaron un documento en el que rechazaban el franquismo, pero no apoyaban a Garzón, al que acusaban de perseguir a los vascos, catalanes, gallegos y al gobierno de Venezuela.
El Tribunal Supremo absolvió a Baltasar Garzón el 27 de febrero de 2012. La sentencia dictaminó que el magistrado incurrió en un exceso interpretativo de las normas, pero que dicha conducta no constituyó delito de prevaricación. También resaltó que, mediante la incoación de la causa contra el franquismo, pretendió tutelar a personas víctimas de una lesión. En este mismo sentido, un editorial de The New York Times, fechado el 5 de febrero de 2012, afirmaba que «Perseguirle atenta contra la Justicia»
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Referencias documentales

Caso Gürtel

El juez Baltasar Garzón destapó la red Gürtel en febrero de 2009 después de un año de investigación. Se trataba de la mayor trama de corrupción relacionada con un partido político, el PP, descubierta hasta la fecha. El objeto de la investigación radicaba en un entramado de empresas que lograba contratos millonarios con administraciones gobernadas por el Partido Popular.
El magistrado envió a prisión al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a su primo Antoine Sánchez y a Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP de Galicia.
Durante la instrucción y a petición de la policía, el magistrado autoriza intervenir las conversaciones que los principales implicados mantienen en la cárcel con las diferentes visitas que recibían pero insiste en la necesidad de preservar el derecho de defensa en todo caso. El temor de quienes instruían el caso era que los implicados podían estar intentando ocultar millones de euros.

El abogado querellante
Ignacio Peláez, exfiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, antiguo compañero de Garzón y abogado del imputado José Luis Ulibarri, presentó una querella por estas grabaciones. Ulibarri no llegó a estar en prisión, pero Peláez acudió a la cárcel para hablar con otros implicados en Gürtel que no eran sus clientes.
Como abogado, Peláez había sido juzgado junto a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por una carta falsa con la que los empresarios intentaron contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. Ahora bien, el tribunal finalmente no encontró «prueba suficiente» que demostrara que conocía la falsedad de dicha carta y resultó absuelto.

La Fiscalía, en contra
En febrero de 2010 la Fiscalía del Tribunal Supremo calificó de «fraude de ley» la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas, a pesar del recurso de súplica del fiscal ante el tribunal contra la admisión de la querella. La Fiscalía argumentaba que la intervención de las grabaciones había contado en todo momento con la autorización judicial necesaria y queademás habían proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados. El instructor del caso fue el juez Alberto Jorge Barreiro.
El juez que sucedió a Garzón en el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, avaló la intervención de estas comunicaciones al igual que las dos fiscales anticorrupción adscritas a la causa. También estuvo conforme con esta actuación el magistrado de la Sala de lo Penal del TSJM José Manuel Suarez Robledano.

La razón democrática de los ciudadanos
Para los abogados defensores de los imputados en la trama Gürtel las escuchas eran «monstruosas», o «inconstitucionales». Le acusaban de actuar había actuado «movido por la razón de Estado, que es la excusa de los tiranos».
Baltasar Garzón contestó en su alegato final que «la única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos», y añadió: «Asumo todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad».
Su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, había recordado que la legislación sobre intervención de comunicaciones estaba aún por desarrollar y que por tanto hasta el momento todos los jueces adaptaban según su criterio dentro de la Ley, la forma de aplicar estas escuchas.

Once años de inhabilitación
El 8 de febrero de 2012 la Sala II del Tribunal Supremo comunicó al magistrado la sentencia que le condenaba a once años de inhabilitación, a una multa de 2.520 euros y al pago de las costas del proceso. Los magistrados Joaquín Giménez García, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro y Manuel Marchena Gómez firmaron unánimemente esta condena.
En su opinión, Garzón, al ordenar las escuchas, había recuperado «prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa”. Además consideraban que el juez causó «una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa» de los abogados de Gürtel. Lo calificaban de «acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo».
Baltasar Garzón recurrió en mayo de 2013 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que se le ha condenado por «un delito inexistente» y que se ha vulnerado «manifiesta y gravísimamente sus derechos fundamentales». De prosperar su recurso, podría volver a ser juez, ya que los fallos de Estrasburgo son vinculantes para España. En su recurso de amparo exponía haber sido objeto de un «tratamiento penal singularizado que genera una inadmisible inseguridad jurídica en los jueces y magistrados». También, que los magistrados que le condenaron construyeron «a la medida» el delito para él, ya que «no hay en España ninguna ley que regule las escuchas telefónicas». Garzón calificaba los razonamientos de la sentencia en su contra como «contradictorios, irrazonables y arbitrarios» recordando que el Ministerio fiscal apoyó las escuchas. Añadió ante el alto Tribunal europeo sentirse «el chivo expiatorio de los males e insuficiencias de las leyes españolas». Señala por último que la sentencia vulnera«la independencia judicial recogida en la Constitución» dado que se consideró «como una conducta criminal lo que no ha sido en este caso», ya que, recalcó Garzón, se limitó a «cumplir con su obligación y sin violar ninguna ley».
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Referencias documentales

Artículos de prensa

Caso Santander

Los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea presentaron una querella contra Baltasar Garzón en enero de 2010 en relación con unos cursos organizados por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York impartidos por el magistrado entre los años 2005 y 2006 durante el tiempo en que se encontraba de permiso con motivo de realizar estudios. Le acusaban de haberse beneficiado Garzón de un dinero que el Banco de Santander había aportado para estos cursos. Los denunciantes señalaban que tras su regreso de USA y la reincorporación a la Audiencia Nacional, una de las querellas que le había correspondido afectaba a varios directivos del Banco de Santander de apropiación indebida de la Sociedad SCI Gestión. Sobre esta base presentaron una acusación contra Garzón por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Lo que se conoció como el Caso Santander.

El banco y la universidad lo niegan
El Banco de Santander y la Universidad de Nueva York negaron abono alguno del banco. Había sido la Universidad quien a través del Centro Rey Juan Carlos realizó los pagos debidos por su participación en los cursos a Baltasar Garzón. Así lo confirmó el propio Garzón cuando tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo el 15 de abril de 2010, aclarando que no había percibido cantidad alguna de la entidad financiera. Al magistrado le señalaban por una carta dirigida a Emilio Botín avalando el buen trabajo de la Universidad. En este escrito saludaba en términos cercanos del banquero lo que interpretaban los querellantes como muestra de familiaridad. Garzón replicó aportando cartas a otros dirigentes políticos o institucionales tales como Mariano Rajoy o Felipe González en que se despedía con «un abrazo» o «un gran abrazo».
Manuel Marchena, instructor del caso en la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, llegó a ordenar a la guardia civil que investigara las cuentas, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y las participaciones que Baltasar Garzón pudiera tener en cualquier entidad. Quería conocer el importe percibido por Garzón de la Universidad de Nueva York durante su excedencia. Pero las pesquisas del juez Marchena llegaron más allá, investigando (y haciéndose públicas) las cuentas personales de familiares de Garzón en una acción judicial que fue criticada. Paradójicamente el propio Tribunal Supremo archivó por prescripción en enero del 2012 una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acusado de delito de cohecho ya que le acusaban de esos supuestos pagos al juez Baltasar Garzón cuando estuvo en la Universidad de Nueva York. Sin embargo, la causa contra Garzón por los mismos supuestos hechos, siguió adelante.
Finalmente, la querella fue archivada por el instructor al no apreciar indicios de extorsión y considerar que, en todo caso, el supuesto delito de cohecho impropio habría prescrito.
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Referencias documentales

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