Entrevista publicada en infoLibre.es_______
El magistrado Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) es la figura más destacada de España en lo que a justicia internacional se refiere. Tras una carrera fulgurante en la judicatura, en la que asumió causas contra el narcotráfico, ETA, los GAL, el franquismo o el dictador Pinochet, fue condenado por ordenar escuchas ilegales en el caso Gürtel. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó en 2021 que había dudas objetivas de que hubiera tenido un tribunal independiente e imparcial y que los juicios contra él habían sido arbitrarios. Sus resoluciones son vinculantes y Garzón pide que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre la reparación pendiente, que entiende sería la reposición en su cargo.
Gaza
“Todo empezó como consecuencia de un atentado execrable, por supuesto. Pero a partir de ahí, la respuesta del gobierno de Israel ha sido tremenda, y ha ido in crescendo hasta el punto de que, sin lugar a dudas, y ya desde hace tiempo, se puede hablar de una intención específica de exterminio del pueblo palestino, en Cisjordania también, pero principalmente en Gaza. Desvelan una intención clara de ir contra el pueblo palestino como grupo nacional”.
La justicia internacional en Gaza
“¿Qué se puede hacer frente a esto desde la justicia internacional? Algunas iniciativas están en marcha. La de la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica y a la que se han sumado varios países, entre otros España a través de su gobierno, es una justicia entre Estados. Se va a decidir en aplicación de la Convención de la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, si Israel está cometiendo, a través de sus estructuras institucionales, un genocidio. Es difícil demostrarlo. El genocidio es un delito que tiene lo que denominamos los juristas dolo específico, es decir, una intención clara y definida de producir un resultado. En este caso, acabar con todo o parte de un pueblo, de su propia identidad, a través de distintas acciones que demuestren que esto es así. La Corte Internacional de Justicia ha hecho algo muy importante. Desde el 26 de octubre de 2023 a enero de 2024 ha tomado distintas medidas cautelares reiteradas posteriormente en las que se le dice a Israel que cese los bombardeos, que proteja a la población civil palestina en Gaza, etcétera. Como todos sabemos, esto no se ha cumplido”.
Limitaciones de estos procesos
“Mi primer reproche a la justicia internacional en el caso de la Corte Internacional de Justicia es que tarda años. Con esas dilaciones, cuando llegue una resolución definitiva ya habrán muerto masacrados miles y miles o cientos de miles de personas. Por tanto, es necesario agilizar ese procedimiento y tomar más medidas coercitivas que tienen que ser aplicadas por los Estados. Eso de momento no se está produciendo. Se dice que hay un presunto delito de genocidio que se está cometiendo, pero la Corte Internacional de Justicia no decide sobre imputaciones penales. Eso corresponde a los tribunales nacionales de cada país y a la Corte Penal Internacional, donde vienen definidos los distintos delitos contra la comunidad internacional. Delitos atroces, como genocidio, lesa humanidad y crimen de guerra y agresión. La Corte Penal Internacional tiene una situación abierta desde hace varios años, porque, aunque Israel no es parte del Estatuto de Roma de 1998, Palestina sí ha sido reconocida como Estado parte desde 2014. Por tanto, esto determina la competencia de la Corte Penal Internacional y ya hay una orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa del mismo país”.
De crímenes de guerra a genocidio
“Desde entonces han ocurrido muchas más cosas. Han sido atacados los centros de salud, eliminada toda posibilidad de los derechos reproductivos, las hambrunas como arma de guerra, los desplazamientos forzados de personas, la destrucción sistemática de todo Gaza. Afirmaciones como las del ministro de Finanzas diciendo que ya se están mercantilizando y repartiendo los despojos de Palestina en Gaza, etcétera, que, sin lugar a dudas, pueden cambiar la calificación jurídica que hasta este momento la Corte Penal Internacional ha adoptado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir, que ha habido una política sistemática para producir esos resultados y pasar a una calificación más grave, que es la de genocidio. Y esa conceptuación como genocidio es la que la Comisión Independiente de la ONU hace apenas una semana ha adoptado en su informe que presentará en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que comienzan esta semana próxima. Y queda una última esfera que es la de la respuesta de la justicia desde ámbitos territoriales concretos. En Israel cabría investigar las acciones del Primer ministro, del gabinete de Gobierno o de los propios militares. De momento no se está haciendo. Sí se están investigando los atentados terroristas de Hamás”.
La justicia española ante el genocidio
“En España se podían perseguir crímenes internacionales donde acontecieran siempre que tuvieran el calificativo de genocidio, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, al amparo de la ley de 1985. Se redujo por ley en 2009 y finalmente en 2014 el Partido Popular, con su mayoría absoluta, prácticamente acabó con la jurisdicción universal, que era el mecanismo que había para poder combatir desde la justicia este tipo de crímenes. Ahora, la Fiscalía General del Estado ha autorizado el inicio de una investigación preprocesal a través de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que encabeza la fiscal de Sala Dolores Delgado, junto con Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y Fiscal de Relaciones Internacionales. Conlleva la acumulación de elementos probatorios y de datos para ponerlos a disposición de las cortes internacionales. Cualquiera de las cosas que se puedan hacer desde el ámbito de la justicia son bienvenidas. Lo único que, desde mi punto de vista, no se puede llevar a cabo es no hacer nada. El silencio, la indiferencia, la inactividad es complicidad con lo que está ocurriendo. Y hay un aspecto muy interesante que es el de las empresas y las corporaciones que están contribuyendo a que esto se sostenga, porque no olvidemos que tiene un contenido económico muy importante, como se ha encargado de decir este señor ministro de Finanzas de Israel en unas declaraciones que aborrezco y que ofenden a la humanidad entera”.
El mundo según Trump
“La posición de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es muy importante, por lo paradigmático que significa esa política agresiva y de destrucción de estructuras internacionales. Está poniendo cerco a países como Venezuela, ha sancionado a los magistrados de la Corte Penal Internacional. Incluso se ha permitido subir los aranceles hasta un 55% a Brasil, porque estaba juzgando por tentativa de golpe de Estado al expresidente Bolsonaro. Es decir, una interferencia absoluta en su soberanía.
Estamos insertos en un desorden mundial muy problemático, muy peligroso, en el que cualquier cosa puede ocurrir. Nos levantamos cada día con el alma en vilo a poner las noticias o leer los diarios y los digitales para ver qué es lo que ha ocurrido ahora o bien qué gracia se le ha ocurrido a este señor. Hay una decisión y una complicidad en que Israel tenga las manos libres para arrasar Gaza y no se pueda arrasar a un pueblo ni a una sociedad civil por las acciones criminales de un grupo terrorista.
En este universo de desastres concatenados, el único faro que nos puede guiar es apelar de nuevo a las normas que la comunidad internacional ha adoptado a través de décadas después de la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias atroces de la misma con el Holocausto. ¿Quién iba a decir que los representantes políticos de quienes fueron víctimas estén llevando a cabo unas acciones presuntamente criminales como las de Palestina? Ya estamos perdiendo todo ese avance en derechos, en bienestar, en tranquilidad, en la comunidad internacional, con todos los efectos que habíamos obtenido”.
Gaza en la contienda política
“Lo más grave es la contienda política que, en otros países, como ocurre en España, se está suscitando por parte de un espectro político de la derecha y de la extrema derecha, donde a los pobladores de Gaza se les considera de segunda, tercera categoría o casi como material biodegradable. Hamás cometió hechos atroces que, vuelvo a decir, se están investigando, pero las consecuencias son inasumibles, inaceptables. Por tanto, insisto, aquí el silencio, la indiferencia, determinan la responsabilidad. Todos somos responsables si no adoptamos todas y cada una de las medidas posibles para paliar este desastre. Y quien defiende la permanencia de este conflicto, de esta acción de eliminación y de exterminación y aniquilamiento de la población de Gaza, está consintiendo el genocidio”.
Irregularidades en la instrucción de casos políticos
“Cuando se habla de determinados casos judiciales en el debate social, como pueden ser los casos Cerdán, Ábalos, Koldo o el caso de investigación de la mujer y el hermano del presidente, o del propio Fiscal General por parte de jueces con nombres y apellidos, tendríamos que ser muy prudentes, lo cual no impide que seamos críticos. A veces se dice que hay instrumentalización del derecho y yo digo: “sí”. Hay indicios de que se puede estar instrumentalizando el derecho en determinadas investigaciones, como las mencionadas. Desde mi punto de vista, lógicamente, hay unas instrucciones que no tienen base fáctica suficiente, como es la que se desarrolla contra la esposa de Pedro Sánchez. Es prospectiva, es decir, se va cambiando el objeto del proceso de forma sistemática y si se cierra una vía por la Audiencia Provincial, se abre por el instructor. Eso genera una inseguridad jurídica muy grande, porque al final no sabes de qué defenderte, no porque haya nuevos hechos, sino porque se busca de forma prospectiva. Lo mismo aparece también en la investigación que se sigue en Badajoz respecto del hermano del presidente”.
Causa contra el Fiscal General
“La instrucción que se ha llevado a cabo en el Tribunal Supremo por el magistrado Hurtado tiene, desde mi punto de vista, deficiencias graves. Comenzó con una entrada y registro absolutamente invasivos en la sede de la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid. Con un periodo temporal amplísimo de ocho meses y luego, sin explicar demasiado por qué se había producido esa decisión, una semana después se reduce a ocho días o siete días. Además, la estimación como indicio negativo e inculpatorio de un borrado telefónico que puedes llevar a cabo por razones suficientemente explicadas, como la protección de los temas que afectan a la seguridad.
No hay un solo elemento que justifique que la intención del sujeto es la que dice el instructor, ni de que se actuaba en comunicación o siguiendo instrucciones de Moncloa. Determinados periodistas dicen expresa y paulatinamente que el fiscal no filtró esa información. Si la instrucción dice que eso es mentira tendrá que investigarse contra esos profesionales, pero ¿en base a qué? Toda una concatenación de elementos que conducen a pensar que la acción es más por la persona y la representación que tiene que por los hechos en sí. Y eso genera ese otro ámbito de actuación por parte de determinados grupos políticos como un elemento de ataque sistemático al presidente del Gobierno y al gobierno de coalición que preside, al que, desde el principio de los tiempos, en 2018, han calificado de ilegítimo. Se ve claramente que es una acción de acoso y derribo político. Por tanto, no debe dimitir”.
El caso Montoro
“Estamos hablando de conductas muy elaboradas por personas o corporaciones que hilvanan muy bien cuál es la forma para que no sean sorprendidas o para que estén rozando esa línea, ese filo de la navaja de la legalidad y la ilegalidad. Durante muchos años parece ser o aparentemente –o al menos eso es lo que se está investigando– desde el Ministerio de Hacienda o desde determinado funcionario que estuvo al frente del mismo, el señor Montoro podría haber favorecido a un despacho de abogados en concreto. Cada día van apareciendo nuevos elementos. Lo que ahí se está debatiendo es si existía o no existía una estructura que desde arriba del poder institucional del Ejecutivo se estaba expandiendo y corrompiendo a otras estructuras, es decir, aprovechamiento de lo público con fines privados, que es lo peor de la posible o presunta corrupción política. Es difícil de investigar, pero es necesario porque se puede comprobar cómo se puso al servicio de los intereses privados una estructura que nos pertenece a todos y que beneficiaba con normas, con leyes, supuestamente, a determinados grupos económicos y empresas”.
El CGPJ
“Ya tenemos un Consejo General del Poder Judicial elegido mitad y mitad y una presidenta ¿Este es el mejor proceso de elección? No lo sé, pero desde luego el que no lo es, es el corporativo. El Consejo General del Poder Judicial, como todos los órganos institucionales, sirve al pueblo. Y si esto es así, como órgano político, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que participar en la elección de ese Consejo. A mí me parece correcto el modelo actual, establecido en 1985, con elección en el Parlamento. Lo que no me parece correcto es que sea una elección de cuotas. Hay que establecer un mecanismo solvente en el que los candidatos o las candidatas que concurran ahí realmente sean los mejores y demuestren o contengan todo el espectro al que deben de servir. Este órgano es el que tiene la obligación de defender la independencia de los jueces, pero los primeros que tienen la obligación de ser independientes son los jueces y de hecho la gran mayoría lo son. Se cometen errores, lo mismo que en todos los ámbitos profesionales y políticos”.
Reponer a Garzón
“En la actualidad, estoy litigando para que se cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de julio de 2021, en el que se establece que las sentencias pronunciadas contra mí en 2012, y específicamente en la condenatoria de la investigación en Gürtel, fueron arbitrarias, con parcialidad y con falta de previsibilidad penal y se establecieron unos índices de reparación integral. Así lo dijo por unanimidad el Comité de Derechos Humanos. En la actualidad, como el Gobierno no ha cumplido en todos estos años, me he visto obligado a acudir ante la Audiencia Nacional, a la sala de lo Contencioso Administrativo, para que se pronuncie sobre el borrado de antecedentes penales. Lo importante para mí es que se repongan las cosas en el estado en que deberían estar. En el Consejo General del Poder Judicial, estoy pidiendo que interpreten qué se entiende por reparación integral para un juez. Yo entiendo que es la reposición en su cargo de donde fue separado”.