Entrevista publicada en Infobae.com______
“Tengo que confiar en la justicia, aunque hay elementos suficientes y contrastados para no hacerlo”. Es la cita que podría resumir la postura del exmagistrado Baltasar Garzón sobre la situación de los tribunales en España. Como el primer denominado “juez estrella”, luchó contra el terrorismo de ETA, los GAL o el narcotráfico internacional, pero, al querer investigar el franquismo y la corrupción del Partido Popular, se topó con un muro casi infranqueable que precipitó su inhabilitación. “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”, se lamenta en esta entrevista con Infobae en la que repasa su carrera y valora el estado en el que se encuentra actualmente la justicia en el país.
En diciembre de 2006, varias denuncias de víctimas y organizaciones de memoria histórica llegaron a la Audiencia Nacional, y el 16 de octubre de 2008, el entonces juez central de instrucción aceptó a trámite la investigación por “crímenes de lesa humanidad y genocidio” cometidos durante el franquismo. “Era evidente que, con las circunstancias concurrentes y con la impunidad que había existido durante todo el franquismo, pero también durante toda la democracia, no había habido investigación y las víctimas necesitaban una respuesta desde la jurisdicción penal”, recuerda. Su decisión, explica, respondía a un principio que ya había aplicado en causas internacionales como la del represor argentino Adolfo Scilingo: si España había juzgado crímenes de otras dictaduras, no había “razón para no tomar esa misma decisión” respecto a los propios.
Aquella iniciativa desencadenó una reacción en cadena. Asociaciones como Manos Limpias y Falange Española presentaron querellas por prevaricación que fueron admitidas por el Tribunal Supremo y Garzón fue suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial en mayo de 2010. “La imputación era por presunto delito de prevaricación y como aquello no tenía pies ni cabeza, pues finalmente hubo una absolución. No sin que hubiera un voto particular que insistía en que había que condenar al juez, no al franquismo”, afirma. Con el paso del tiempo, subraya la paradoja de que la interpretación que sostuvo entonces -la imposibilidad de amnistiar crímenes contra la humanidad- quedara recogida años después en la actual Ley de Memoria Democrática.
Casi en paralelo estalló la trama Gürtel, una de las mayores investigaciones por corrupción política en España, que afectaba al Partido Popular. Garzón inició las pesquisas en 2008, pero acabaría siendo condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por prevaricación en relación con las escuchas del caso. Años más tarde, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que la sentencia fue “parcial” y “arbitraria”. “Todas las causas derivadas de mi investigación en Gürtel fueron confirmadas. Ni una sola fue anulada”, sostiene, reivindicando el fondo de una instrucción cuya sentencia principal acabaría teniendo importantes consecuencias políticas, como el final del Gobierno de Mariano Rajoy.
-Respuesta: Sin duda. Y me puedo enfrentar a quien diga lo contrario, que le doy tal cúmulo de elementos y circunstancias que serían abrumadores. Pero bueno, esto no es opinión, es historia. Es decir, muchas veces, cuando no sabemos cómo justificar las cosas, escribimos sentencias que se hacen eternas para justificar lo injustificable. Los hechos son estos y no se pudo tumbar la investigación, que era lo que se quería. Curiosamente, cuando yo en 2009 ordeno el bloqueo de cuentas [en la trama Gürtel], ordené las de Suiza también, y mira por donde, una de esas cuentas ha dado mucho de qué hablar hasta en las máximas esferas. Después se fueron desarrollando todas las investigaciones y, afortunadamente, se combatió la corrupción. Pero en este país, cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras o ultraconservadoras, que están en lo que hoy conocemos como Partido Popular, antes como Alianza Popular, pues tienes muchas papeletas para estar jodido.
-P: Se han hechos muchas comparaciones entre su caso y el del exfiscal general del Estado, Álvaro García, por lo que quería preguntarle si considera que realmente existen puntos en común.
-R: Bueno, la posición era distinta. Parecida, pero distinta. Es decir, en mi caso, yo era juez central de Instrucción con competencia en todo el territorio nacional. Él era fiscal general del Estado, también con competencia al máximo nivel en el territorio nacional, dirigiendo al Ministerio Fiscal. En mi caso, fueron tres causas sucesivas, pero yo el caso del exfiscal ya lo he llamado públicamente como lo que es: para mí ha sido un despropósito desde el inicio, ha sido una dinámica que tenía un objetivo preestablecido y que procesalmente es sumamente discutible. Es un proceso que fue ‘ad hominem’, es decir, iba buscando un objetivo y una sentencia inconsistente, que quebranta el principio de presunción de inocencia. No hay pruebas incontrovertibles, no hay ni siquiera indicios. Son valoraciones, son convicciones. Es una caída sin paracaídas.
Es decir, si uno lee la sentencia, claro, aquellos que están en esa línea dicen: “Ah, sí, muy consistente”, pero yo procuro analizar objetivamente, porque es mi vida. He pasado 32 años como juez y he tratado de ser honesto intelectualmente y valorar los elementos de prueba, y cuando no los hay, no los hay. Y no puedes hacer una investigación prospectiva ni tampoco basarla en convicciones. Los hechos probados son hechos probados y tienen que ser incontrovertibles. Si no es así, tienes que optar por la absolución. Aunque te fastidie, aunque el que tengas en frente sea el más perverso del mundo, pero es que la cosa tiene que funcionar así, porque si no funciona así, estamos perdidos.
“Por acción o por omisión, hay jueces que sí utilizan el derecho como instrumento de hacer política y eso está mal”
Entonces, yo creo que esa sentencia será previsiblemente anulada en el Tribunal Constitucional, y si no, habrá que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo único que ocurre es que el daño ya está hecho. O sea, el fiscal general del Estado perdió su plaza, y dimitió porque ya estaba condenado. Yo públicamente en alguna ocasión he dicho que creía firmemente que iban a absolver al fiscal general porque creía que no se iban a atrever. Pero está visto que me equivoqué. Pero yo lo hice por una necesidad. Es decir, yo necesito creer en la justicia, necesito estar seguro, tener seguridad jurídica, saber que hay tribunales independientes que no se prestan ni a un sesgo político ni a otro, que guarden la independencia, la imparcialidad, la proporcionalidad. Eso como ciudadano yo lo necesito, y no lo he visto en este caso.
-P: ¿Cómo definiría la situación actual de la justicia en España?
-R: Esta no es la justicia que yo conocí, no es la justicia por la que luché. Yo tomé posesión como juez con la Constitución. Mi promoción fue la primera que no tuvo que jurar las leyes franquistas y ya desde ese momento procuré respetar y defender la legalidad y la Constitución. Y teniendo muy claro, probablemente desde que tengo uso de razón, y por lo que me enseñaron mis padres, que el titular de la Justicia no son los jueces, ni las juezas, ni los fiscales, ni los letrados de la administración de justicia: es el pueblo. Y eso, si no lo tienes metido en la cabeza, es muy grave. Es que la justicia es un servicio público. Somos servidores públicos, somos servidores de los ciudadanos a través de la administración de justicia. Eso que parece tan obvio decirlo, no es lo más normal, porque ahora, y ya hace tiempo, se cree que esto de ser juez y tener la autoridad es el ‘non plus ultra’ [lo máximo a lo que se puede llegar]. Hay que ser consciente de que eres servidor.
Entonces, no me gusta la composición de las dinámicas de la justicia hoy día y creo que hay que cambiarlas, hay que democratizarlas. Ojo, alguien me puede decir: “Pero la democracia existe en España, la justicia es independiente”. Sí, claro, pero también existe el lawfare y la instrumentalización de la justicia. Siempre he dicho que un juez independiente es el antídoto del lawfare. Si el juez es independiente e imparcial y cumple la ley, no hay lawfare, pero hay que serlo y en muchos casos, o al menos en un sector importante, yo eso no lo veo. Veo que hay jueces que con la toga salen a manifestarse delante de tribunales, desde los edificios, por una ley que todavía ni existía, como la Ley de Amnistía. Y que después la Ley de Amnistía es declarada constitucional. Entonces, oigan, ustedes no están para eso y, además, no se contaminen, porque cuando tengan que aplicar esa ley, ¿cuántos de esos jueces se van a abstener? Y si no se abstienen, como ciudadano, ¿qué seguridad tengo yo de que van a ser imparciales? Entonces, esos aspectos no me gustan y creo que hay que tener una justicia más transparente, más participativa.
Por ejemplo, yo creo que el delito de prevaricación debería ser sometido a jurado popular y no que lo decidan corporativamente los propios jueces, porque no lo pueden ocultar o lo pueden favorecer según las filias y las fobias. Entonces, como el titular de la justicia es el pueblo, pues tiene que ser él el que decida quién está ejerciendo y quién no está ejerciendo. La instrucción se tiene que poner en manos de los fiscales y el juez, ser juez de garantías. Y lo digo yo, que siempre se me han tildado de que era más investigador y más fiscal o policía que juez. Pero es que en España existe la figura de los jueces de instrucción, y ya creo que ha transcurrido el tiempo suficiente para que esa institución pase a otro ámbito y que la investigación esté en manos de los fiscales y el control de los derechos, la protección y garantías en manos de los jueces de garantías.
-P: ¿Diría que en España hay jueces que hacen política?
-R: En España y en el mundo entero, es decir, no es una materia exclusiva de España. Aquí algunas veces cuando se ha dicho esto, se nos ha tildado de decir una barbaridad, pero en todos los cuerpos, en todas las organizaciones hay gente que cumple como debe y hay otra que no. Lo importante es que aquellos que no cumplen sean identificados y sean sancionados como corresponde. Aquí ha habido profesionales de la justicia que han utilizado las redes sociales para adelantar resoluciones, para comentar resoluciones; eso no es legal. O para atacar a personas concretas, eso no es legal. O para criticar una acción del Gobierno o al presidente del Gobierno porque no te gusta. Te callas, te aguantas y lo discutes en tu casa, pero tú eres juez, tú no puedes manifestarte políticamente. O determinados sectores de las asociaciones profesionales, de los jueces y de los fiscales, que lo que hacen es política. Y sobre todo una política normalmente alineada con el partido más conservador.
“Hay algún juez por ahí que está investigando a la mujer del presidente del Gobierno, que pide unas cosas muy raras y que después de que ya por varias veces le dice el Tribunal Superior: “No, por ahí no seguimos”, él sigue»
¿Qué hace una asociación de fiscales como la APIF, como acusación popular en el juicio contra el fiscal general del Estado, que es su superior? ¿Qué intereses del pueblo están defendiendo ahí? O, ¿qué hace el Colegio de Abogados de Madrid defendiendo el secreto profesional de los abogados? Yo soy abogado y yo no me he sentido inquietado para nada porque el fiscal emitiera una nota diciendo que lo que se estaba montando era un bulo contra la Fiscalía y, después, curiosamente, no se investiga el bulo. No se investiga la calumnia. Ojo, que es un delito público, porque la calumnia puede ser delito privado, pero cuando es contra una autoridad pública, es delito público y hay obligación de investigar. Y no se ha hecho. Entonces, por acción o por omisión, hay jueces que sí utilizan el derecho como instrumento de hacer política, y eso está mal.
Y si nos pasamos al Consejo General del Poder Judicial, pues sigue estando mal, pero al fin y al cabo es un órgano político, no es jurisdiccional, esa es la gran diferencia. Es un gran error, que se dice: “Es que están contaminados porque los elige el Parlamento”. Bueno, entonces todo Dios está contaminado porque el Parlamento, ya que es el órgano de expresión popular, es el órgano más democrático que puede existir. Lo elegimos todos, pero una vez que te eligen, no tienes ninguna cadena que te sujete, salvo a la ley. La cuestión está en que tenemos que ser capaces de esa definición y de cumplir la labor que te corresponde de forma independiente como órgano de Gobierno de los jueces o como órgano de asesoramiento de la fiscalía o como lo que corresponda.
-P: Entonces, ¿se puede confiar en la justicia española actualmente?
-R: Yo tengo que confiar. Tengo que confiar, aunque hay elementos suficientes y contrastados para no hacerlo. Pero necesito confiar. Y entre otras cosas, porque pasado mañana me puedo encontrar frente a la justicia y tendré que confiar, porque si no, me suicido. Pero, ojo, es que hay demasiados elementos ahí, una serie de investigaciones locas y prospectivas que lo hacen difícil. No sé, hay algún juez por ahí que está investigando a la mujer del presidente del Gobierno, que pide unas cosas muy raras y que después de que ya, por varias veces, le dice el Tribunal Superior “no, por ahí no seguimos”, él sigue. Y que se preocupe de que, cuando vas a tomarle declaración a un ministro, la tarima está más alta o más baja. En fin, es que yo eso no lo he mamado. Yo habré sido buen o mal juez, pero siempre he procurado estar en el mismo plano que el ciudadano. Con transparencia y haciendo mi servicio, mi trabajo al servicio de la sociedad, que para eso nos pagan.