Artículo de opinión publicado en infoLibre.es_______
Mayoría progresista o retroceso. No hay tercera vía. Lo que defendamos juntos se salvará; lo que defendamos por separado se perderá
Ha tenido que ser una mujer de ochenta y siete años quien nos lo recuerde. El 23 de septiembre sacaron en camilla a María del Carmen Abascal —Maricarmen para su barrio y ya para todo el país— del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que vivía desde 1956. Llegó allí con diecisiete años, junto a sus padres. Era el cuarto intento de desahucio.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había pedido suspenderlo hasta que las administraciones ofrecieran una alternativa habitacional. La propiedad, una sociedad inmobiliaria, le propuso quedarse a cambio de un alquiler superior a su pensión. Se aplicó la letra de una ley que nadie quiso cambiar. Desde el hospital, con la voz debilitada, Maricarmen pidió que lo suyo sirviera para que la gente luchara y para cambiar leyes injustas.
La presión de las vecinas, el Sindicato de Inquilinas y miles de ciudadanos logró que volviera a casa. Fue una victoria urgente, pero no una solución. Porque esto no va solo de Maricarmen. Va de un modelo que trata la vivienda como un activo financiero y convierte a las personas en un obstáculo.
Frente a esa realidad hemos visto una Comunidad que culpa al Gobierno, un Gobierno que culpa a la oposición, un Ayuntamiento que rechaza soluciones y fuerzas progresistas atrapadas en sus propias disputas. Mientras las instituciones se pasan la responsabilidad, la vida de la gente se consume.
La lección es sencilla: un derecho sin una mayoría política que lo proteja es papel mojado. Las leyes injustas se cambian en el Parlamento. Para eso hacen falta votos, determinación y una mayoría capaz de sostener las reformas.
Una democracia debilitada
Hace años advertí en La encrucijada que la democracia tenía dos caminos: ensancharse para responder a las necesidades materiales de la mayoría o replegarse hasta vaciarse. Hoy comprobamos que su desgaste procede también de dentro: instituciones capturadas, política convertida en espectáculo y una ciudadanía que deja de creer porque nadie le ofrece razones para hacerlo.
La extrema derecha aprovecha ese vacío. Ya no se presenta con uniforme. Se disfraza de sentido común, de «prioridad nacional» y de una falsa libertad: la libertad del más fuerte para imponer su interés sobre quien tiene menos renta, menos poder o menos voz.
Enzo Traverso ha descrito este fenómeno como «posfascismo»: derechas radicales que crecen cuando las alternativas democráticas pierden credibilidad. Boaventura de Sousa Santos habló de «fascismo social»: sociedades formalmente democráticas en las que sectores enteros quedan sometidos a quienes controlan su vivienda, su salario o su derecho a permanecer en el país.
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de su casa no es una metáfora: es el rostro de esa realidad. Ante ella no bastan los comunicados ni los gestos de indignación. Hacen falta instituciones que actúen, leyes que protejan y fuerza política para aprobarlas.
El espacio progresista no puede seguir gastando sus mejores energías en siglas, egos y cuotas. Cada escisión, cada reproche público y cada candidatura que compite por el mismo electorado debilita la capacidad de defender derechos. La ciudadanía no tiene por qué entender esas peleas; las sufre y las castiga.
Tampoco sirve la política de escaparate: el corte de diez segundos, el tuit del día y la agenda impuesta por quienes viven de la confrontación. Ese ecosistema premia el insulto, castiga el acuerdo y convierte todo pacto en una rendición. Quien pretenda gobernar para la mayoría debe elegir bando: con la inquilina frente al fondo buitre, con la pensionista frente a la especulación y con el joven precario frente a quienes hacen negocio de su necesidad.
La calle exige política útil
Hace quince años, voces diversas defendimos que la indignación debía convertirse en compromiso. Stéphane Hessel nos dio una palabra; en La indignación activa quise añadir que indignarse no basta si esa indignación no se convierte en acción.
Hoy los jóvenes lo demuestran. Ocupan pacíficamente la Puerta del Sol y ponen sobre la mesa lo que demasiados responsables públicos se niegan a escuchar: para muchos, el alquiler se lleva prácticamente todo el salario. Vinculan la lucha por la vivienda con la defensa de la educación pública y expresan su decepción con una política que no responde a sus problemas.
No son antipolíticos. Exigen política real: la que cambia vidas y no se agota en tertulias, argumentarios y declaraciones. Su reproche no es un desahogo; es un ultimátum. Si la izquierda no responde con hechos, otros responderán con miedo, resentimiento y odio.
La derecha y la extrema derecha temen la protesta pacífica, organizada y masiva porque desmonta su relato del caos. Por eso la ridiculizan, la deslegitiman y reclaman desalojos Tomar la calle es un derecho democrático, no una alteración del orden. Las actuaciones policiales desproporcionadas deben aclararse sin excusas. La plaza no es el problema: revela el fracaso de la representación, pero también demuestra que persiste una energía cívica capaz de reconstruirla.
La derecha y la extrema derecha temen la protesta pacífica, organizada y masiva porque desmonta su relato del caos. Por eso la ridiculizan, la deslegitiman y reclaman desalojos. Cuando se quedan sin argumentos, algunos de sus sectores más extremos recurren a la violencia: adoquines, explosivos, amenazas y ataques. De un lado, el miedo que se arma. Del otro, la dignidad que se sienta en el suelo y espera.
El 15-M enseñó que la indignación sin organización se disipa y que la organización sin indignación se burocratiza. Las instituciones deben escuchar a la calle sin apropiársela; los movimientos ciudadanos necesitan interlocutores que conviertan sus demandas en derechos efectivos.
Una mayoría para transformar
Ganar por la mínima y depender cada semana de un voto prestado no basta. Una minoría progresista puede resistir, frenar un recorte o aprobar medidas puntuales; difícilmente puede transformar de raíz. Demasiadas leyes sociales se han rebajado para salvar una votación o han nacido con fecha de caducidad.
Hace falta una mayoría progresista amplia, estable y con un mandato claro. No una alianza de supervivencia, sino una mayoría con capacidad para cambiar las reglas que hoy dejan a personas como Maricarmen a merced de la especulación.
Esa mayoría debe comprometerse con un programa esencial:
- Vivienda como derecho y no como mercancía: freno a la especulación y ningún desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
- Sanidad, educación, dependencia, pensiones, igualdad y libertades como suelo irrenunciable que debe blindarse por ley.
- Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con recursos frente a quienes niegan la violencia machista y quieren devolver a las mujeres a posiciones de subordinación.
- Migración ordenada, responsable y con derechos. Quien trabaja, cotiza y vive aquí forma parte de este país.
- Seguridad ciudadana como derecho de todos, no como instrumento para extender el miedo o la exclusión.
- Lucha implacable contra la corrupción, sin excepciones ideológicas ni partidistas.
- Memoria democrática con las víctimas en el centro, porque una sociedad que olvida a sus víctimas termina produciendo otras nuevas.
La sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones dignas no son gasto: son el cemento de la convivencia. No basta con anunciarlas; deben quedar protegidas frente a cualquier retroceso.
Esa mayoría social ya existe. Está en las plazas, los barrios, los sindicatos, las asociaciones vecinales, los colectivos juveniles y las organizaciones de derechos humanos. Fueron esas redes ciudadanas, antes que las instituciones, las que devolvieron a Maricarmen a su casa. Los partidos deben escucharlas, no instrumentalizarlas.
Justicia independiente, derechos efectivos
No hay democracia sin una justicia independiente. No la que se activa o se adormece según convenga, sino la que aplica el derecho con rigor, imparcialidad y atención a la realidad social. El Código Civil exige interpretar las normas conforme al tiempo en que se aplican. El derecho no puede ser una colección de fórmulas muertas: debe estar al servicio de la dignidad humana.
Una ley que permite expulsar a una anciana de la casa donde ha vivido durante décadas, sin alternativa habitacional, puede cumplir la forma y traicionar el fondo. Por eso son tan importantes los jueces y juezas que discrepan con argumentos, sin obedecer al clima mediático ni a intereses políticos.
La magistrada María Alicia Millán, al disentir de la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones de nacionalidad asociadas a la llamada ley de nietos, defendió un principio esencial: un derecho reconocido no puede convertirse en ciudadanía de segunda por sospecha. Ana Ferrer y Susana Polo recordaron, al considerar insuficiente la prueba para destruir la presunción de inocencia en la causa contra el fiscal general del Estado, que nadie debe ser condenado por titulares o campañas de opinión.
La lucha contra la corrupción tiene que ser implacable, con independencia de nombres o siglas. Pero se combate con investigación seria, medios suficientes, garantías y discreción; no mediante filtraciones, montajes mediáticos o procesos convertidos en espectáculo.
Las denuncias y querellas en cadena promovidas por determinados partidos y organizaciones buscan a menudo un clima de sospecha generalizada: que todo parezca corrupto, que la acusación sustituya a la prueba y que el adversario sea condenado antes de ser juzgado. Esa estrategia de guerra jurídica deteriora la confianza en los tribunales y debilita el Estado de derecho.
Una mayoría progresista debe garantizar más medios para la Justicia, transparencia, una renovación limpia de sus órganos y acceso efectivo para quien hoy no puede defenderse
Una mayoría progresista debe garantizar más medios para la Justicia, transparencia, una renovación limpia de sus órganos y acceso efectivo para quien hoy no puede defenderse. Sin esas reformas, seguiremos confiando en excepciones individuales cuando lo que necesitamos son garantías estructurales.
Unidad antes que siglas
Julio Anguita repetía que lo importante era el programa. Tenía razón. Pero un programa sin mayoría es solo un deseo. La unidad no debe ser una operación cosmética ni una suma mecánica de partidos: debe construirse sobre un compromiso nítido con los derechos sociales, la democracia y la dignidad.
Presentarse en listas que se restan entre sí no es pluralidad. Es irresponsabilidad. Cada voto progresista disperso puede convertirse en un escaño para la reacción. Cada candidatura que no alcanza el umbral deja un derecho sin defensa. La aritmética electoral no perdona, y quienes quieren desmontar el Estado social conocen muy bien ese mecanismo.
Quienes tienen responsabilidades en la izquierda deben preguntarse si sirven a la ciudadanía o a la supervivencia de sus organizaciones. La historia no juzgará cuántos escaños retuvo cada partido. Juzgará si fuimos capaces de impedir que se destruyeran décadas de derechos.
Gramsci habló del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad. La inteligencia nos advierte de la fuerza de quienes ofrecen soluciones simples y odios fáciles. La voluntad muestra otra España: la que se organiza en las plazas, en los sindicatos, en las asociaciones de memoria, en las aulas, en los centros de salud y en los juzgados que trabajan con rigor.
No está en juego únicamente una legislatura. Están en juego la vivienda, la sanidad, la educación públicas, las libertades, la igualdad y la memoria democrática. La abstención y la resignación no son neutrales: siempre benefician a quienes desean menos derechos para la mayoría.
A los jóvenes hay que hablarles con claridad. Quienes prometen orden a cambio de derechos, seguridad a cambio de libertad y patria a cambio de exclusión nunca ofrecen una salida. Europa lo pagó con millones de vidas; España, con una guerra y cuarenta años de dictadura. Esa amenaza no desaparece porque adopte un lenguaje nuevo o una estética de redes sociales.
La unidad es el camino porque la mayoría es la condición para transformar. No hay derechos seguros sin una mayoría dispuesta a defenderlos.
Ni una Maricarmen más. Ni un derecho menos. Una mayoría progresista, ya.