Artículo de opinion publicado en infoLibre.es______
He seguido el desahucio de Maricarmen, como miles de ciudadanos, con el corazón encogido. Hoy lo escribo con indignación
Maricarmen tiene 87 años y pagó su alquiler toda su vida. El 23 de septiembre la sacaron de su casa en cumplimiento de un lanzamiento judicial, pese al apoyo popular, pese a sus abogados, pese a todo. Lo he seguido, como miles de ciudadanos, con el corazón encogido. Hoy lo escribo con indignación.
Esta historia empieza en el franquismo, que convertía a la mujer en menor de edad perpetua bajo la tutela del padre o del marido, y termina con una férrea protección de la propiedad privada, de sus intermediarios y de sus gestores. Entre un extremo y otro, nadie —ni los tribunales, con la honrosa excepción del juzgado de primera instancia, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, y mucho menos la empresa autora del entuerto— se acordó de una ciudadana.
Los hechos son simples. El contrato del piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda lo firmó su padre en 1956. En 1960 se subrogó a su madre, que no habría podido firmarlo por sí misma: las leyes franquistas prohibían a la mujer casada contratar sin licencia marital. Cuando falleció la madre, el contrato pasó a Maricarmen, ya con 66 años. La ley Boyer, que liquidó el alquiler indefinido, cambió las reglas. En 2018 la nueva propiedad le ofreció comprar el piso por una cantidad que imposible de afrontar con su pensión, y después, la empresa Urbagestión Desarrollo le comunicó una subida del 300%. Una expulsión por otros medios.
Urbagestión sostuvo que el contrato había vencido en 2007. El juzgado de primera instancia de Madrid rechazó esta tesis. Sin embargo, la Audiencia provincial y el Tribunal Supremo dieron la razón a la empresa propietaria: la segunda subrogación solo se prolonga dos años, salvo discapacidad superior al 65%, y Maricarmen tenía un 50%. Es decir: si su madre hubiera podido firmar como cualquier ciudadano, Maricarmen habría sido la primera subrogada y hoy seguiría allí. La dictadura le robó un turno, y la democracia se lo ha cobrado.
La justicia y lo privado
Lo he dicho muchas veces: la ley no se aplica sola; la aplican jueces que la interpretan. Y una sentencia puede destrozar una vida sin necesidad alguna. En primera instancia, el juzgado amparó a Maricarmen. La Audiencia, y el Supremo, en una sentencia firmada por el hoy jubilado Francisco Marín Castán, dedicaron sus esfuerzos a proteger a quien, sin miramientos, buscaba echarla. El desalojo se aplazó tres veces a la espera de un techo que la cobijara. Al cuarto intento se consumó.
Que nadie me diga que no existía esa alternativa. Un juez no es una máquina expendedora de silogismos. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna (art. 47) y ordena que ese principio informe la práctica judicial (art. 53.3). Obliga a interpretar los derechos a la luz de los tratados ratificados por España (art. 10.2). La Ley Orgánica de Igualdad exige integrar la igualdad de trato en la interpretación de las normas. ¿Nada de esto pesó lo bastante para ver que el cómputo que condenó a Maricarmen descansaba sobre una discriminación franquista contra su madre? ¿Ninguno de esos operadores halló la interpretación a la parte más vulnerable? Aplicar hoy, sin matiz, las consecuencias de aquella exclusión es perpetuarla con el sello de la democracia. Y tampoco importó que la distancia entre el 50% y el 65% de discapacidad se midiera en la vida de una mujer que iba a acabar en silla de ruedas. 15 puntos porcentuales pesaron más que una vida entera.
La insensibilidad no se quedó en el Supremo. La jueza de ejecución tenía sobre la mesa un informe de vulnerabilidad; una mujer de 87 años con discapacidad; la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de suspender cautelarmente el desalojo; a la empresa pública Casa 47 buscando una solución; a una donante dispuesta a completar la renta, y un escrito de la defensa pendiente de resolver. Nada fue suficiente. Tampoco el mes que pedía la abogada para una salida digna. El relator de la ONU para la vivienda, Koldo Casla, le ha reprochado no haberlo suspendido para evitar un daño irreparable. Tiene razón. España aceptó voluntariamente la competencia de ese Comité. Desoír sus medidas cautelares no es un tecnicismo procesal: es la tónica normal de una justicia insensible y formalista que prescinde de cualquier atisbo de compromiso con las víctimas y a la que no le importa poner al Estado en incumplimiento internacional para ahorrarle a una empresa unas semanas de espera.
Queda la imagen: una anciana sacada en camilla por el Samur, para vergüenza de todos, entre gritos de «no estás sola», trasladada al Hospital Gregorio Marañón. 70 años entre esas paredes y, según su entorno, sin poder recoger sus cosas. Solo pedía morir allí. Ese deseo tan elemental fue tratado como un estorbo para la rentabilidad de una inversión. Eso tiene un nombre: inhumanidad. Y cuando se ejecuta con el concurso de la justicia, la herida es letal.
Hubo, además, exceso policial. Desde primera hora, la Policía Nacional acordonó la calle y desmontó la acampada vecinal. Cientos de personas concentradas pacíficamente fueron despejadas a golpes y con gas pimienta, y Amnistía Internacional ha criticado un despliegue desmedido que impidió trabajar a la prensa. La ley obliga a los agentes a actuar con congruencia, oportunidad y proporcionalidad. ¿Qué orden público se defiende rociando con gas a unos vecinos solidarios? Debe depurarse cada responsabilidad, llegue a quien llegue, también en el Ministerio del Interior y en la Delegación del Gobierno. Quien proclama el derecho a la vivienda no puede tratar como enemigos a quienes lo defienden en la calle.
La propiedad «sagrada» de la presidenta
El día anterior, Isabel Díaz Ayuso inauguraba The District, una de las grandes ferias inmobiliarias de la capital. Ante promotores e inversores defendió no intervenir en los precios de la vivienda ni del alquiler, porque «los propietarios cada vez tienen más miedo a poner su vivienda en alquiler porque todo son problemas». Y remató: «Nosotros apostamos por defender la propiedad privada a ultranza, porque la propiedad privada es sagrada».
Sagrada. La palabra no es inocente. Nuestra Constitución no sacraliza la propiedad: la reconoce en su artículo 33 y añade que su función social delimitará su contenido. El artículo 47 ordena a los poderes públicos regular el suelo conforme al interés general para impedir la especulación. Impedir la especulación: es un mandato constitucional, no una consigna de izquierdas. Proclamar la propiedad «a ultranza» ante el sector, horas antes de que Maricarmen fuera expulsada, es defender un modelo decimonónico, incompatible con el Estado social que consagra el artículo 1.1. No es un desliz, es una estrategia programada. Por eso la Comunidad de Madrid se niega a declarar una sola zona tensionada, aunque la ley se lo permite, mientras los jóvenes no pueden emanciparse y los mayores con contratos antiguos temen que el próximo comprador de su edificio sea un fondo.
Me resulta vergonzoso que la presidenta pontifique sobre vivienda con el escándalo del ático de Chamberí todavía vivo, adquirido con dinero de todos los madrileños, indiferente ante esta vecina y ante tantas familias arrojadas a la calle, muchas con niños. Solo en el primer trimestre de 2026, los juzgados de Madrid practicaron 582 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial. Y ante las críticas, Ayuso responde con una gracieta en redes: «¿A qué hora comienza el reparto de viviendas progresistas?». Se entiende el escozor, tras ver a miles de manifestantes ante el ático de sus desvelos. Lo que no se entiende es la burla.
La ley no se aplica sola; la aplican jueces que la interpretan. Y una sentencia puede destrozar una vida sin necesidad alguna
Las instituciones
¿Y el Ayuntamiento? Martínez Almeida no parece haber movido un dedo frente a los fondos buitre y los alquileres disparatados. Es, además, heredero de la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos de Blackstone bajo la alcaldía de Ana Botella, condenada en 2018 por el Tribunal de Cuentas, junto a siete cargos, a pagar 22,7 millones por vender por debajo de mercado, aunque finalmente fue absuelta. Esas viviendas han vuelto a cambiar de manos este año, ahora a Brookfield y a un precio muy superior. Lo público se malvendió; pero el negocio siguió engordando. Que Comunidad y Ayuntamiento aseguren ahora haber ofrecido a Maricarmen una plaza en una residencia no borra su pasividad: ella no necesita una cama, necesitaba su hogar.
Tampoco conviene perder la memoria. A comienzos de este año, PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso la moratoria que impedía desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la misma que la había protegido. Lo hicieron agitando el fantasma de la okupación, como si una inquilina de 87 años al corriente de pago fuera una amenaza. El PP, que aspira a gobernar España, no ha presentado una sola alternativa seria; Vox ha convertido la vivienda en otra excusa para señalar al inmigrante y al pobre; Junts se sumó a ellos. Ninguno ha asumido la menor responsabilidad tras las imágenes del miércoles.
Pero no seré complaciente con quienes están en el lado correcto. El Congreso no convalidó el decreto de vivienda en marzo; en julio ni siquiera llegó a presentarse, y el Gobierno lleva meses sin aprobar uno nuevo, con la división progresista que evidenció Podemos. El ministro Ernesto Urtasun exige ahora llevarlo al Consejo de Ministros. Que se haga ya: según Amnistía Internacional entre este año y el próximo vencerán más de un millón y medio de contratos de alquiler. Cada semana de retraso tiene nombres y apellidos. La próxima Maricarmen ya tiene fecha. ¿De verdad que no es posible el acuerdo? ¿Qué tiene que suceder para que la política cumpla su función democrática?
Lo que hay que hacer
Una indignación que no propone se agota en sí misma y aumenta la frustración y la desconfianza. Por eso, lo hago aquí.
Primero, la ley. La prohibición de desalojar a personas vulnerables sin alternativa habitacional debe incorporarse de forma permanente a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con un juicio de proporcionalidad obligatorio previo a cada ejecución, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las medidas cautelares de los comités de la ONU deben ser ejecutivas y suspender automáticamente la ejecución. Y hay que revisar el régimen de los contratos de renta antigua para proteger a mayores y personas con discapacidad, corrigiendo de una vez ese legado de la dictadura.
Segundo, el acceso. Hay que ampliar un parque público de vivienda muy inferior a la media europea y dar a las administraciones un derecho de tanteo y retracto cuando edificios con inquilinos de larga duración se vendan a fondos, para adquirirlos y que esas familias permanezcan. Y obligar a las comunidades a aplicar los instrumentos de contención de precios que la ley ya ofrece.
Tercero, las sanciones. Alquiler social obligatorio para los grandes tenedores antes de cualquier desahucio de hogares vulnerables, con multas y pérdida de beneficios fiscales cuando rechacen soluciones razonables como las que aquí se ofrecieron. Fiscalidad verdaderamente disuasoria para la vivienda vacía. Persecución decidida del acoso inmobiliario. Y rendición de cuentas de las administraciones que incumplan su deber de ofrecer alternativa.
Por último, una tarea, mil veces mil, aplazada: formación real de jueces en derechos humanos y perspectiva de género. El juzgado de primera instancia, única institución a la altura, demostró que otra lectura era posible.
Esta es una historia amarga, trágica y no querida, que reúne lo peor de la derecha política, de una justicia que ajusta la realidad a la ley en lugar de la ley a la realidad social del tiempo en que debe ser aplicada, y de empresas que ponen el beneficio por encima de las personas. Es el relato de cómo la especulación venció ante la indiferencia de los poderes públicos. Maricarmen quería morir en su casa y se lo han negado. Lo sagrado no es la propiedad. Lo sagrado es la dignidad humana. Todo lo demás es negocio.