Artículo de opinión publicado en InfoLibre.es____
Roma no cayó por sus enemigos, sino por el vaciamiento previo de sus instituciones
“… No hay más que un millón de herreros
forjando cadenas para los niños que han de venir.
No hay más que un millón de carpinteros
que hacen ataúdes sin cruz.
No hay más que un gentío de lamentos
que se abren las ropas en espera de la bala…”
Federico García Lorca. (Fragmento del poema Grito hacia Roma.)
Roma no cayó por sus enemigos, sino por el vaciamiento previo de sus instituciones: cuando el derecho dejó de limitar al poder y pasó a servirlo, la justicia se hizo cortesana y el imperio, hueco. El Renacimiento definió al ser humano como medida de todo, pero esa misma energía se retorció en la Inquisición y el colonialismo, dos caras de una misma lógica: la del poder que se declara dueño de una verdad absoluta — religiosa o racial— frente a la cual el derecho del otro deja de existir. Hizo falta la Ilustración, con la separación de poderes y la soberanía popular, para que naciera la idea de democracia, aún frágil, en la que la ley debe valer igual para todos, gobernantes incluidos.
Promesas rotas
Esa promesa republicana se rompió de forma brutal en el siglo XX. Weimar no cayó por falta de leyes garantistas —tenía una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, como, en gran medida, ocurrió con la Segunda República española—, sino porque sus jueces, en su inmensa mayoría, decidieron no defenderla: toleraron con penas simbólicas el terrorismo de las bandas paramilitares de extrema derecha mientras aplastaban a la izquierda.
El nazismo, como el franquismo, no tuvo que doblegar a una magistratura independiente; se encontró una magistratura ya rendida de antemano. De ahí nació el derecho penal del enemigo, la idea, resucitada hoy con otros nombres, de que ciertos seres humanos —el disidente, el migrante, el otro— no merecen las garantías del derecho sino su reverso. Frente a esa barbarie llegaron los principios de Núremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos: por primera vez, obedecer órdenes dejó de eximir de responsabilidad penal y ningún cargo, por alto que fuera, otorgaba inmunidad.
De ahí nació, décadas después, la jurisdicción universal y el Estatuto de Roma que dio vida en 1998 a la Corte Penal Internacional. Pero esa arquitectura, construida sobre el dolor de dos guerras mundiales, convivió siempre con la excepción del aliado conveniente, del régimen amigo, de la potencia que se reserva el derecho a no ser juzgada. Las promesas de entonces se han convertido en quiebras de ahora. La contradicción original es hoy la grieta por la que se cuela el retroceso y aparece la amenaza de involución democrática.
El trofeo más deseado
El sometimiento del poder judicial se ha convertido en el trofeo más deseado y, a su vez, en el síntoma más claro de nuestro tiempo, y no conoce fronteras. En Latinoamérica, el lawfare ha demostrado, con demasiados ejemplos a lo largo de las dos últimas décadas, que se puede derrocar a un adversario político sin un solo tanque: basta una causa penal cronometrada con el calendario electoral, una prisión preventiva convertida en condena anticipada, fiscales que actúan como partidos de la oposición y una opinión pública predispuesta por meses de filtraciones selectivas.
La consecuencia no es solo la caída de un gobierno, sino el descrédito duradero de la propia institución judicial, que a partir de este momento será vista como un actor político más y no como un árbitro imparcial. En Europa, Polonia y Hungría mostraron cómo se copa un tribunal constitucional desde dentro, con mayorías parlamentarias que nombran a sus propios jueces y desactivan así, sin derogar una sola norma, el control del poder. Turquía llevó ese modelo a su extremo tras el intento de golpe de 2016, purgando a miles de jueces y fiscales de un plumazo.
España no es una isla en esta corriente: la instrumentalización de la acusación popular, la filtración interesada de piezas de instrucción y el juicio paralelo mediático persiguen idéntico efecto —condenar por la sospecha antes que por la prueba—, y erosionan la independencia judicial. Lo hacen tanto desde la política como desde el seno de la propias carreras fiscal y judicial, sometidas a presiones por los nombramientos, que deberían ser impensables en un Estado de derecho consolidado. El resultado común, de un continente a otro, es el mismo: sociedades que dejan de creer que la ley las protege por igual, y se preguntan, con razón, a quién sirve realmente el tribunal.
El patrón español
En España ese patrón tiene, además, una dimensión orgánica muy concreta que conviene nombrar sin eufemismos: existe una estrategia política, mediática y judicial definida para ocupar y controlar la justicia, tanto en su gobierno como en su funcionamiento cotidiano. El Consejo General del Poder Judicial lleva años de facto bajo la orientación conservadora, pese al empate técnico actual con el bloque progresista. El Tribunal Supremo, por su parte, está controlado en sus órganos de gobierno y en buena parte de sus salas por el sector más conservador de la carrera; las asociaciones judiciales y fiscales mayoritarias —y con ellas buena parte de la interlocución pública de la magistratura y la fiscalía— responden a esa misma sensibilidad. A ello se añade un ecosistema mediático abrumadoramente conservador que amplifica y legitima cada paso de dicha ocupación presentándola como neutralidad técnica.
Esa estrategia no es espontánea: figuras como el expresidente José María Aznar y el PP llevan años trazando de forma explícita la hoja de ruta político-judicial, y su eficacia se mide no solo en los nombramientos que logra, sino en el mensaje disuasorio que envía al resto de la carrera. El instrumento operativo en lo jurisdiccional resulta ser, de nuevo, la acusación popular, utilizada de forma sistemática para hostigar judicialmente a las opciones políticas incómodas para ese proyecto.
La Fiscalía General del Estado es, de momento, el único organismo que se ha resistido a esa correlación de fuerzas, pero lo ha hecho a un coste altísimo: el cuestionamiento de sus dos últimos fiscales generales, Dolores Delgado y Álvaro García, incluida la condena de este último, en un aviso que no pasa desapercibido para nadie. El recado que reciben los jueces y fiscales más jóvenes es inequívoco: se les enseña, con hechos y no con discursos, cuál es la senda segura para avanzar en la carrera y cuál es el precio por salirse de ella, aunque esa senda implique recortar o vaciar derechos ya consolidados.
Frente a amenazas que afectan a toda la sociedad por igual, sería exigible que todos los grupos parlamentarios, por encima de sus legítimas discrepancias ideológicas, coordinasen una respuesta común de prevención y defensa institucional
Las fronteras
A esa fractura institucional se suma la de las fronteras. Las políticas migratorias europeas se diseñan hoy como gestión de una amenaza, y no como responsabilidad compartida: externalización del control fronterizo a terceros países con historiales de derechos humanos más que dudosos, acuerdos que miran hacia otro lado ante devoluciones ilegales y muertes en el mar, y un discurso de «prioridad nacional» que no es sino discriminación estructural con ropaje identitario.
Ceuta, Lampedusa, el Canal de la Mancha, Canarias, el Mediterráneo, los Balcanes, Lesbos, son solo los nombres más visibles de una misma renuncia europea a su propia tradición jurídica de asilo. Y en esa renuncia, los más vulnerables —menores no acompañados, mujeres que huyen de la violencia, mayores, personas que escapan de la guerra o del hambre— pagan siempre el precio más alto. Defenderlos no es una opción moral entre otras posibles: es el termómetro exacto de la salud de una democracia, porque una sociedad se mide, en última instancia, por cómo trata a quien no puede exigirle nada a cambio.
Cuando se normaliza que haya niños durmiendo a la intemperie en una frontera, o mujeres devueltas a manos de quienes las persiguen, y su única exigencia al Gobierno de turno es que le garantice la seguridad frente al “invasor”, se deshumaniza al migrante, favorece el discurso de la extrema derecha y se marca, de facto, quienes son sujeto de derechos y a quienes no.
Memoria y política
En este punto es decisivo no olvidar la historia de los pueblos. La memoria democrática no es nostalgia sino profilaxis activa: recordar con rigor cómo se construyó cada derecho, y a costa de qué sufrimiento y de qué luchas concretas, deviene la única vacuna eficaz contra la tentación de creer que lo conquistado es irreversible. Quien olvida cómo cayó Weimar o la República española, o lo que supuso la losa del franquismo, está condenado a no reconocer los mismos síntomas cuando reaparecen bajo cualquier idioma o bandera.
El debate político debería centrarse en el análisis de estos temas, ver los síntomas adversos al estado del bienestar que surgen aquí y allá, las doctrinas autoritarias que emergen de nuevo y que persiguen la deconstrucción de valores democráticos consolidados. Sin embargo, los discursos son mera suma de frases hechas y descalificaciones ensayadas de antemano, donde importa más el titular que la solución, más el adversario señalado que el problema resuelto.
Frente a amenazas que afectan a toda la sociedad por igual —la desinformación, el cambio climático, el crimen organizado transnacional, la propia crisis de la justicia—, sería exigible que todos los grupos parlamentarios, por encima de sus legítimas discrepancias ideológicas, coordinasen una respuesta común de prevención y defensa institucional. Eso es exactamente lo que la ciudadanía reclama, y lo que rara vez obtiene, porque la rentabilidad electoral de la crispación permanente pesa hoy más que la responsabilidad de Estado.
Democracia recitativa
En este contexto, la inacción de un gobierno o el cálculo cortoplacista de algunos partidos progresistas, permiten que prosperen planteamientos de la extrema derecha posfascista y legitiman su relato allanando el camino hacia el desastre que la historia ya ha ensayado una y otra vez. Normalizar el discurso del enemigo interno, del chivo expiatorio migrante o del juez como instrumento político conduce irremediablemente al fortalecimiento y empoderamiento de aquella hasta hacerla árbitro de la administración de unos derechos en los que no creen.
Al final, no hace falta suprimir derechos para vaciar una democracia: basta con dejar de aplicar activamente los principios que la sostienen. Ese vaciamiento silencioso —derechos que siguen escritos en la ley, pero ya no se ejercen, no se protegen ni se financian— es hoy el método favorito del autoritarismo contemporáneo, precisamente porque no deja huella jurídica ni titular de golpe de Estado. Ese método (democracia recitativa) encuentra su mejor aliado en la desinformación y en la captura económicooligárquica de buena parte de los medios de comunicación, hoy concentrados en pocas manos vinculadas a intereses financieros y a lógicas algorítmicas que deciden qué se ve, qué se silencia y qué indigna.
No es la censura clásica de otras épocas: es un ecosistema informativo diseñado para el enfrentamiento permanente, que erosiona la confianza en las instituciones precisamente desde el lugar que debería fiscalizarlas. Ese es, a mi juicio, el verdadero motor del declive democrático contemporáneo: no la abolición formal de derechos, sino su lento e invisible vaciamiento de contenido real, un proceso mucho más difícil de denunciar porque no ofrece una fecha, ni una ley o un culpable único al que señalar.
Lo que sí ha funcionado
Frente a este diagnóstico conviene resaltar, con honestidad, lo que sí ha funcionado. La historia reciente ofrece respuestas claras: los avances en los derechos del colectivo LGTBIQ+, de la infancia, de las personas mayores, la protección judicial efectiva de las víctimas y el desarrollo progresivo de las libertades civiles no fueron regalos del poder, sino conquistas construidas con instituciones activas, leyes bien aplicadas y sociedades vigilantes que no dieron nada por definitivo. Sabemos qué produce progreso real; la tarea pendiente es aplicarlo de forma proactiva y sin complejos, en lugar de dejarlo languidecer bajo el argumento cómodo de que «ya se conquistó».
Las amenazas contra la democracia no son ya un escenario futuro sobre el que teorizar: se están consumando delante de nosotros, y en gran medida las estamos permitiendo por indiferencia, por fatiga informativa o por la falsa sensación de que, al final, a nosotros no nos va a tocar. Un ejemplo claro lo tenemos en la autodestrucción frente al planeta que habitamos: seguimos posponiendo la acción climática mientras se agotan los plazos científicamente establecidos, en una suerte de suicidio colectivo tan evitable como, hasta ahora, consentido.
El riesgo de la indiferencia
Nada de esto es ya un debate académico ni una hipótesis para manuales de historia: es la crónica de un presente que avanza amenazador mientras buena parte de la sociedad mira hacia otro lado, confiando en que las instituciones aguantarán solas. Pero no es así. Por eso hace falta ser proactivos, salir a la calle, señalar sin miedo a quienes empujan este retroceso, dejar de ser indiferentes y defender la institucionalidad como se defiende cualquier bien propio.
En el plano social, con la memoria democrática y la organización ciudadana como antídoto frente al olvido inducido. En el plano político, con partidos y parlamentos capaces de anteponer el interés general a la supervivencia electoral, y de actuar juntos frente a las amenazas comunes que la ciudadanía identifica con más claridad que sus representantes. En el plano judicial, exigiendo la independencia y la imparcialidad frente a la sumisión política y frente al mercado, y con una justicia internacional y jurisdicción universal reforzadas, no debilitadas, aunque incomode —especialmente cuando incomode— a las grandes potencias.
La historia no se repite de forma idéntica, pero rima con obstinación cuando dejamos de escucharla. La justicia y la democracia no son un legado que se hereda: son una tarea que se defiende cada día, o se rompe y se pierde para siempre. Los versos de Lorca, premonitorios del fascismo, son ahora de más actualidad que nunca.