Entrevista en el videpodcast Un café en las alturas_____
El jurista y exjuez de la Audiencia Nacional ve evidente que en España hay ‘lawfare’ y critica la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Durante más de dos décadas, Baltasar Garzón investigó como juez en la Audiencia Nacional algunos de los mayores delitos cometidos en España: casos de extraordinaria repercusión política y mediática que van desde el terrorismo de ETA o los GAL hasta el narcotráfico gallego, pasando por la corrupción política, la delincuencia económica organizada y los crímenes contra la humanidad.
Garzón, inhabilitado como juez en 2012 durante once años, acaba de publicar el libro La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. El jurista, testigo en primera persona de casos que han marcado el devenir de nuestra democracia, rememora en esta entrevista sus años en la Audiencia Nacional, con hitos como la liberación en 1997 del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA, o la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres tras emitir él una orden internacional. Pero recuerda también con amargura el 14 de mayo de 2010: “fue un momento muy doloroso para mí; el Consejo General del Poder Judicial me suspendió por estar investigando y haber abierto juicio oral por los crímenes franquistas, fue un golpetazo cruel para todas las víctimas del franquismo, y eso no se olvida.
El lawfare, entendido como el uso de la justicia para el desgaste del adversario político, es protagonista en el libro que acaba de publicar y en esta entrevista: “Hay procedimientos judiciales que no tienen una explicación razonable para la ciudadanía, hay una instrumentalización del derecho con unos fines políticos, mediáticos, económicos o internos, una especie de luchas corporativas dentro de la propia judicatura”. “Es un fenómeno real y negarlo es como querer tapar el sol con el dedo”, apostilla.
Begoña Gómez
Y denuncia, en esta línea, que “se utilizan instrumentos que no son el debate político sino una vía que pasa por los tribunales, y los tribunales se convierten en actores protagónicos del debate político”. Y, señalando a los partidos de derechas, pone como ejemplo el caso de Begoña Gómez: “Hay procedimientos como los que se refieren a la mujer del presidente del Gobierno que no son comprensibles en algunas medidas restrictivas de derechos, no se pueden adoptar medidas alegremente sin calibrar las consecuencias colaterales que se pueden producir para toda la sociedad”. Y apunta ahí hacia la derecha: “y cuando se produce ese desequilibrio y normalmente va dirigido en un segmento concreto que, además, corre parejo a todo el discurso político de un partido que en España se ha visto que es el Partido Popular y Vox, que cuando no tienen suficiente en el Parlamento se van a los tribunales, y de los tribunales se van a la comisión de investigación pertinente, y de la comisión pertinente se van y presentan querellas, ¡es un círculo vicioso muy peligroso!”. Y añade: “En España no hay ni una sola razón para hablar de falta de independencia de los jueces. Si los jueces no tienen independencia es porque no quieren”.
Garzón se muestra convencido de que el caso Begoña Gómez no habría llegado nunca tan lejos si no fuese la mujer del presidente del Gobierno y asegura que “hay una inquina específica con Pedro Sánchez y la forma en que accedió al poder a través de una moción de censura, que es un mecanismo constitucional”. E ironiza en relación a algunas medidas preventivas tomadas en este caso: “¿alguien piensa en España, sea de la ideología que sea, que la mujer del presidente, en un acto de la OTAN, va a irse a través del Kurdistán a Irak, Irán o Afganistán? ¡por favor!”
García Ortiz
En La democracia amenazada, Baltasar Garzón denuncia que algunos jueces y fiscales “han protagonizado un auténtico festín caníbal” y que “el plato fuerte ha sido la aniquilación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz”. Señala Garzón en esta conversación, en relación a la sentencia, que hay “dos magistradas del mismo tribunal, que apelan a la inconsistencia y contradicción de los indicios respecto a los hechos probados, y yo me sumo a esa línea de crítica procesal”.
Preguntado por el nombramiento de su esposa, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado tras haber sido ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez, Garzón insiste en que “el fiscal no es dependiente del Gobierno”. “El fiscal general del Estado entra con el Gobierno que lo propone y es designado, después de pasar por las Cortes; a partir de ahí, no hay ni una sola posibilidad de que un gobierno, ni del PSOE ni del PP, pueda dar órdenes a un fiscal general del Estado”.