Artículo publicado en ElPlural.com_____
Baltasar Garzón se convirtió en uno de los primeros invitados de la edición nocturna de Malas Lenguas, que se estrenó este sábado en La 2. El magistrado habló sobre la actualidad ligada a la Justicia, con el caso Koldo o el juicio por la Operación Kitchen en el candelero. Además, el magistrado fue preguntado por la inhabilitación que se le impuso en 2012, mientras investigaba la trama Gürtel, y que recientemente la ONU tildó de «arbitraria«.
«¿Usted cree que por trabajos como este ha ido pagando en su labor como juez, en cierta forma no le perdonaron que usted empezara a investigar? Esto que partió de una comparecencia en la cual se dijo efectivamente ‘esto no es un caso de corrupción del PP, sino contra el PP’. Haber investigado este tipo de asuntos, ¿cree que le pasaron factura, que no se lo perdonaron en cierta forma?», le preguntaba Jesús Cintora.
Garzón respondía con un «sí, es evidente, ¿no?»: «Después, cuando yo ordené la interceptación de las comunicaciones en la prisión de los principales responsables y con las personas que se entrevistaron, incluidos algunos de los abogados, era porque ahí sí se estaba buscando dónde se seguía continuando la comisión del delito de blanqueo de dinero», explicaba.
El magistrado explicó que «además iba acompañado de comisiones rogatorias que yo mismo libré a Suiza y que bloquearon las cuentas de donde luego se obtuvieron la información que dio lugar a acreditar el delito de blanqueo de dinero». Entonces, Garzón era muy tajante: «Evidentemente, la historia ya se conoce. A mí me suspendieron, me juzgaron, me condenaron y después el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que ese juicio había sido parcial, que no había habido suficientes elementos de previsibilidad penal y que había sido arbitrario».
El entrevistado aseguró que «eso es lo que tenemos» y «lo que se acreditó»: «Lo que ocurre es que si querían neutralizar a los jueces de instrucción, que lo hicieron en este caso a mí, les salió mal la jugada porque el juez que entró en sustitución mía, Pablo Ruz, lo hizo con profesionalidad, lo hizo bien y hasta dónde pudo siguió investigando. Es verdad que salía una mención ahí de Mariano Rajoy de que el Supremo dijo que no a la elevación, no fue exactamente así, lo que ocurre es que yo donde elevé la causa fue al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque había aforados diputados regionales y también a Valencia donde también había aforados y eso es lo que se hizo. Después vino ya la cuestión de Bárcenas y de su mujer que en principio sobreseyeron el caso».
La ONU calificó de «arbitraria» la inhabilitación de Garzón y pidió a España repararla
El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la inhabilitación del juez Baltasar Garzón supuso un cuestionamiento directo a la condena impuesta por el Tribunal Supremo en 2012. El organismo internacional concluyó que la sanción de once años de inhabilitación por prevaricación fue “arbitraria” y vulneró derechos fundamentales del magistrado durante el proceso judicial.
Según la resolución, el Supremo no garantizó plenamente la presunción de inocencia de Garzón ni respetó su derecho a un juicio con todas las garantías. El Comité también puso en duda la independencia e imparcialidad del tribunal que lo juzgó y subrayó que el exmagistrado no tuvo acceso a una segunda instancia a la que recurrir su condena, al haber sido juzgado directamente por el alto tribunal.
Además, la ONU consideró que la interpretación jurídica que llevó a su condena no estaba basada en normas “suficientemente claras y precisas”, calificando la decisión como “imprevisible”. En ese sentido, el organismo concluyó que la actuación de Garzón -al ordenar las escuchas en el caso Gürtel- no constituía una conducta lo suficientemente grave como para justificar una condena penal que supusiera su expulsión definitiva de la carrera judicial.
Como consecuencia de estas conclusiones, el Comité de Derechos Humanos instó al Estado español a adoptar una “reparación efectiva” para el exjuez. Entre las medidas planteadas se incluían la eliminación de sus antecedentes penales, una compensación económica por los daños sufridos y la adopción de garantías para evitar que se repitan vulneraciones similares en el futuro.
El dictamen dio a España un plazo de seis meses para informar sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de esta resolución, en la que también se solicitaba la difusión pública del fallo como parte de la reparación.