Artículo publicado en infoLibre.es____________
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar el expediente de rehabilitación en la carrera judicial de Baltasar Garzón, separado del servicio en 2012 tras ser condenado por el Supremo por su instrucción del caso Gürtel. Así lo ha acordado el Pleno del órgano de gobierno de los jueces tras recibir un escrito de Garzón en el que aclaraba que lo que pedía al Consejo era la «reparación integral» a la que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tiene derecho, lo que incluiría una indemnización y su vuelta a la Audiencia Nacional y no su retorno a la magistratura como juez raso obligado a aceptar el primer destino vacante. La decisión le abre las puertas a recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que, el pasado mayo, dio validez a las resoluciones sobre vulneraciones de derechos humanos de la organización internacional para obtener un resarcimiento del Estado.
Garzón consideraba que el órgano ante el que debía reclamar esa reparación integral era el CGPJ, la institución que acordó su expulsión tras su condena. El juez inhabilitado invocó ante el órgano de gobierno de los jueces una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo. En ella se daba validez al dictamen de un comité de derechos de la la ONU sin la necesidad de revisar previamente las sentencias que se trataban de combatir. En ese caso, en el que se analizaba una resolución del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el Alto Tribunal advirtió de que «no se trata de revisar sentencias firmes» porque lo que el organismo internacional pone de relieve no es la actuación de un juzgado o un tribunal concreto, «sino el conjunto de respuestas del Estado». El proceso reconoció el derecho a recibir una indemnización del Ministerio de Justicia «por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».
Sin embargo, en el Pleno del CGPJ del pasado 8 de octubre, el órgano de gobierno de los jueces rechazó la petición de Garzón pese al dictamen de otro comité de la ONU, el de Derechos Humanos, que obligó a España el 13 de julio de 2021 a otorgarle esa «reparación integral» por la violación de tres derechos fundamentales durante el proceso en el que se le condenó nueve años antes: el derecho «a un tribunal independiente e imparcial» –tanto la instrucción como el enjuiciamiento se siguieron íntegramente en la Sala de lo Penal del Supremo–, la garantía del acceso a una doble instancia o apelación en caso de condena penal –Garzón no la tuvo al ser juzgado como aforado– y el derecho a la legalidad penal, es decir, a obtener «una resolución no arbitraria y previsible».
En contra del criterio establecido por la Sala de lo Contencioso del Supremo del pasado mayo, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces concluyó el pasado 8 de octubre que mientras la sentencia del Tribunal Supremo «no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula» es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española. El CGPJ decidió entonces mantener abierto un expediente de rehabilitación que, sin embargo, no lo hubiera restituido en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.
Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue «un acto reglado» del Consejo –es decir, sin discusión posible entre los vocales, automático– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción que ya ha cumplido íntegramente. Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos. Garzón, sin embargo, explica que el dictamen de la ONU, con la legislación actual, no es válido para reclamar la revisión de una condena del Alto Tribunal, en contra de lo que le exige el CGPJ. Esa es la razón de que no la haya pedido.
Tras rechazar su «reparación integral» en una resolución de la que fue ponente el vocal conservador Alejandro Abascal, el Consejo decidió dejar abierto el proceso para permitir la vuelta de Garzón a la judicatura. Sin embargo esos trámites no le hubieran permitido retornar a la Audiencia Nacional. El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses –la de Garzón ha durado 13 años– suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.
La imposibilidad de obtener esa reparación integral y la vuelta a su último destino es lo que ha provocado que, el pasado lunes, el juez inhabilitado renunciara a su rehabilitación por el Consejo. En su escrito enviado al órgano de gobierno de los jueces, asegura que esa rehabilitación «no es lo que se ha solicitado», sino la «reparación integral», y afirma que «el CGPJ se ha inventado un procedimiento no solicitado». El trámite abierto para facilitar su vuelta a la judicatura dejaba «en papel mojado» el dictamen de la ONU, según el escrito, «a pesar de su efecto vinculante que es prueba indubitada de que fue privado del cargo con base a una triple vulneración de derechos fundamentales». El antiguo juez de la Audiencia Nacional considera que negarle la reparación que solicita supone su revictimización.
El magistrado suspendido en 2012 prepara ya su recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, la competente para revisar las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de la misma Sala que hace solo cinco meses estableció que los dictámenes de Naciones Unidas son vinculantes para todos los poderes del Estado. El proceso en el Alto Tribunal podría, en teoría, reconocerle la indemnización que había reclamado, sin éxito, al Consejo, pero no su vuelta a la magistratura. Porque Garzón cumple 70 años –la edad de jubilación de jueces y magistrados– este domingo.