Artículo de opinión publicado en infolibre.es______
No sabría decir qué sentimiento ha sido el que pesó más en mi ánimo el viernes día 5 de septiembre de 2025, si el disgusto o el asombro, ante el acto institucional de la inauguración del año judicial. El primero, ante la comprobación de que algunos de mis antiguos colegas han perdido de vista todo aquello que compone la vocación de servicio público de la justicia como derecho de la ciudadanía y se ponen por montera la independencia, que aseguran defender con grandes golpes de pecho, para acabar siendo quienes más la ponen en duda y cuestionan, con sus actos. Porque una cosa es ser independiente y otra es confrontar políticamente con otro poder del Estado, reclamando aquella para, finalmente, obrar con impunidad.
En cuanto a la perplejidad, me la causa lo orquestado y organizado en la acción de protesta que ha llevado al líder de un partido que pretende gobernar a ausentarse del marco institucional para acudir a un acto cutre y de arrope a la presidenta madrileña. Y también, es de suponer, de apoyo a quien ha generado todo el desmadre institucional en el que nos ha sumido la inconsistente acusación contra el fiscal general del Estado (FGE) por cumplir con su obligación de defender de bulos y calumnias la institución que dirige.
El acto de presentación del año judicial ha reunido todas las características de lo que nunca deberían propiciar quienes administran justicia. Primero, por todas las presiones y alegatos de asociaciones y grupos conservadores que, entre otras cosas, trataron por todos los medios de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo instara al fiscal general del Estado a no concurrir al solemne acto. Ello denota un desconocimiento (o no) de lo que marca la ley sobre la imprescindible presencia del fiscal en tal ocasión (artículo 181.2 de la LOPJ) para rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo del Ministerio Fiscal en 2024. Pero, además, estos colectivos no han dejado de hacer ruido cual compadres chismosos en determinados medios de comunicación para que se tuviera la sensación de que el FGE se abstendría de concurrir a dicho evento y de esta forma colocar una muesca en la culata de la pistola procesal que le apunta a la sien.
Finalmente, la presidenta de tan formales instancias, en su discurso, que se escuchó algo trémulo o cuanto menos con poco empuje, aseguró que son aceptables y legítimos el desacuerdo y la crítica, “pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional”.
Estoy de acuerdo con tal aserto, y precisamente por ello sería exigible mayor contundencia del órgano que preside frente a quienes, desde los estrados, incumplen esos principios, y hacen que el proceso penal sea algo imprevisible y sin garantías de buen derecho para los ciudadanos afectados. En este punto, no pude evitar un rictus de amargura al pensar en algunos procesos pasados y recientes.
He defendido públicamente y desde hace tiempo que en España tenemos un grave problema con la judicatura, la fiscalía y el órgano de gobierno de los jueces y, por supuesto con aquellas asociaciones y órganos consultivos (Consejo Fiscal) que reclaman mayor independencia para la justicia y se quejan de la falta de independencia del FGE frente al Ejecutivo. Y es que por más que buceo en la LOPJ, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y normas adyacentes no veo cuáles son las amenazas para desempeñar las funciones judiciales y fiscales en cumplimiento de tales normas y, por supuesto, de la Constitución. Al menos yo nunca he permitido que me afectaran, sencillamente cumpliendo esos principios básicos.
Más bien creo que esa reclamación se ha convertido en un mantra corporativo y endogámico que pretende convertir el servicio público en una especie de posición autárquica judicial y fiscal impermeable a la crítica, cuando no perseguidora de la misma.
Creer en el Estado de derecho
Y vuelvo al acto del viernes en el salón de plenos del Tribunal Supremo, donde, por cierto, sufrí dos juicios orales seguidos por los casos Gürtel y Franquismo, ambos calificados de arbitrarios, parciales e imprevisibles por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo que vi allí fue a un digno fiscal general del Estado abriendo el turno de palabra en términos claros: «Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal. Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del poder judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”. El fiscal llamó a valorar el trabajo de los fiscales y manifestó su confianza en la solidez del Ministerio Fiscal.
Lo que estos jueces dicen ejercer a través de sus asociaciones profesionales no es independencia judicial, sino independencia corporativa. La independencia que practican es la de defender los privilegios de la profesión, enredar para conseguir ascensos, posicionarse y, ¿por qué no? avanzar por un camino que lleve a otros puestos más adelante
Pero esta fe no parece ser compartida por diversos magistrados y fiscales que anteponen el “quién” está dirigiendo la institución frente al porqué se ve en esa tesitura previa al banquillo o si se le debería aplicar la presunción de inocencia a todos debida. No. No cuenta el hecho de que Álvaro García Ortiz se encuentre en este punto a raíz de una presunta calumnia del jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que debería haber sido –o serlo, todavía– objeto de investigación ex officio.
Como tampoco son de interés para el juez del Tribunal Supremo que ha iniciado el proceso, Ángel Hurtado, en su unidireccional instrucción, los testimonios de varios periodistas de medios de distinta concepción, acerca de que ya sabían de los secretos supuestamente revelados por García Ortiz mucho antes de que este fuera conocedor de los mismos. Curiosa situación la generada por quienes estarían llamados a evitarla: jueces y fiscales asumiendo una parcialidad más que cuestionable y una fijación preestablecida desde el comienzo, al rechazar cualquier otra alternativa que cuestiona severamente el Estado de derecho que dicen defender.
La frágil independencia
Independencia no significa impunidad para los jueces, sino responsabilidad y obligación de los mismos y derecho de los ciudadanos. Por ello, los primeros a defenderla son aquellos, pero no se consigue quejándose de las críticas de otros poderes. Como dice el refrán: “Obras son amores y no buenas razones”. El desarrollo de la labor judicial es el que debe demostrar esa independencia, que en ningún caso es soberbia o arbitrariedad. La ciudadanía se siente confiada y tranquila cuando las actuaciones judiciales demuestran que con ellas se protegen los derechos y no su vulneración.
Cuanto más se enrocan determinados jueces en ese argumento, tanto más se tambalea la integridad debida. Se trata, de fondo, de una falacia: lo que estos jueces dicen ejercer a través de sus asociaciones profesionales (brazo colectivo para poder lanzar argumentos políticos) no es independencia judicial, sino independencia corporativa. La independencia que practican es la de defender los privilegios de la profesión, enredar para conseguir ascensos, posicionarse y, ¿por qué no?, avanzar por un camino que lleve a otros puestos más adelante, incluso en el ámbito del poder ejecutivo. No son muchos los profesionales que avanzan en esta dirección, pero los que lo hacen son sumamente lesivos para todos.
Lo que sí habría que controlar –y ahí el órgano de gobierno de los jueces tendría que jugar un papel activo– es si en ese juego de intereses la justicia queda maltrecha y se deteriora la mencionada independencia, la de verdad, el derecho de defensa y la presunción de inocencia o, directamente, ambos principios se desechan.
El desertor
Aquí aparece mi segunda sensación, la de la turbación por cómo los acontecimientos no son casuales, sino que, en estos asuntos, parece estar todo bien trazado y previsto. Lo digo porque, tras varias versiones facilitadas por Alberto Núñez Feijóo y su partido para justificar su ausencia del acto de apertura del año judicial (incluyendo el rechazo a las críticas del presidente Pedro Sánchez a algunos jueces), resulta, según se ha hecho público, que esta ausencia estaba prevista desde finales de julio, que es cuando el PP declinó la invitación del CGPJ a la apertura del año judicial.
Así lo cuenta el diario El País: “Y fue entonces también cuando el equipo de Feijóo y el de Ayuso convinieron en celebrar justo en la misma fecha el pistoletazo de salida del curso del PP madrileño. Y enviar así un mensaje claro de respaldo del líder del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad, embarcados en un frente común contra el fiscal general del Estado procesado en la causa por supuesta revelación de secretos de su pareja”.
Ni que decir tiene que, en esas fechas, la entrevista en TVE1 con Pedro Sánchez no había tenido lugar, por lo que la indignación y el apoyo a los jueces esgrimidos por Feijóo aún no se habían producido. El desplante a la ciudadanía, al jefe del Estado y a la Justicia estaba previsto con antelación y sin miramientos. “Gracias por habernos elegido”, le diría Ayuso el día de autos, dejando claro el fondo del asunto. Después, en el mitin, se expresaron las suficientes barbaridades fuera de lugar para nutrir las crónicas más disparatadas.
De esta jornada me queda pues una huella amarga, pero clara, sobre lo aprendido. En lo que se refiere a la Justicia concluyo en que la independencia de los jueces es una obligación y, sobre todo, un derecho para los ciudadanos. Del mismo modo, creo que la segunda autoridad del Estado debe apoyarse en la prudencia sin olvidar el derecho a la crítica. Me reafirmo, también, en el deber de investigación del Consejo General del Poder Judicial.
Sobre el papel de los políticos de la oposición no creo que consiga olvidar la aportación capital al mitin de Arganda de Alberto Núñez Feijóo, cuando manifestó: “Me alegro de no estar ahí”, refiriéndose al acto institucional presidido por Su Majestad.
Quiero suponer que lo dijo con la boca pequeña y el corazón oprimido, obligado por las circunstancias de la presidenta madrileña, su principal rival en el PP, pues de no ser así, la deserción de Feijóo de sus deberes de Estado adquiere una dimensión que se podría calificar de estulticia, y no es esa la cualidad que deba adornar a un futuro mandatario. El tiempo nos lo dirá.