Artículo de popinion publicado en infoLibre.es_______
Agosto, en nuestro país y en otros muchos, supone, por excelencia, una pausa en el devenir del año. Es el mes en que la actividad se ralentiza mientras que para muchos se impone el tiempo de ocio. Llegamos emocionalmente agotados a esta época estival. Durante los siete meses precedentes, especialmente en este año de 2025, nos han invadido las malas noticias, la tensión, el insulto, las palabras de animadversión, la supremacía de los poderosos sobre los vulnerables. Nos acosa el despropósito, la falta de razón, de sentido. Y nos desconcierta la falta de reacción para hacer frente a tal situación que se multiplica. Por todo esto, es un momento adecuado para hacer algunas reflexiones y una evaluación del ahora y el futuro inmediato que nos aguarda.
Despropósito: “Dicho o hecho fuera de la razón, de sentido o de conveniencia” (diccionario RAE).
No voy a enumerar todos los despropósitos vividos y sus consecuencias, pero sí los que para mí son más relevantes. El primer, gran y terrible despropósito consiste en la inacción generalizada cuando el dirigente de una nación decide suprimir del mapa a los habitantes del país vecino. Israel soltó al galope los caballos de los cuatro jinetes del apocalipsis la guerra, el hambre, la muerte y la conquista, el fin buscado. Después de más de 60.000 víctimas entre los que figura una dolorosa mayoría de niños, la agresión continúa y la respuesta internacional resulta débil y meliflua. Las imágenes de la desnutrición en los cuerpos de criaturas convertidas en esqueletos sufrientes, debería bastar para que los países civilizados, al menos los que aún puedan ser catalogados de tales, se levantaran contra este genocidio programado. Pero nos encontramos con que el emperador del mundo, desde su palacio de Washington, aprueba a su amigo Netanyahu, presunto autor, según la Corte Penal Internacional, de tal salvajada, convirtiéndose en cómplice de tal barbarie y planteando la futura conversión de la Franja en un resort cuando toda vida haya sido destruida. Ahora, Francia y Reino Unido empiezan a hacer algunos pinitos “amenazando” con reconocer al Estado palestino. Un asunto que creíamos zanjado de manera positiva, pero a la vista está que no es así.
Es muy triste la respuesta calculada de estos y de otros países de la Unión Europea que no han sido capaces de ponerse de acuerdo, siquiera en suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel de junio de 2000 a pesar de la contundencia de su artículo 2. ¿O es que alguien duda de que en Gaza, Israel está vulnerando los derechos humanos?
Una hambruna decidida
Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional aseguraba esta semana pasada a través de los micrófonos de la Cadena Ser: «Hay pruebas razonables para investigar un genocidio en Gaza […] La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió de que había un riesgo de genocidio y ordenó a Israel que garantizase la alimentación en Gaza. Esa decisión la firmaron, no solo los 15 jueces internacionales, sino el juez ad hoc Aharon Barak, el nombrado por Israel mismo», explicaba. Para Moreno Ocampo, la prohibición de sitiar de hambre a una población ante los ojos del mundo, asegura, es «clarísima», recordando que la orden de arresto por la Corte Penal Internacional (CPI) a Benjamín Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Galant se debe a ese crimen, y aseverando que no estamos ante una crisis humanitaria, sino ante “una hambruna decidida”. Añadió que frente a enviar comida por vía aérea los Estados tienen que «obligar a Netanyahu a entregar la comida».
Estoy seguro de que el fiscal jefe de la CPI estará de acuerdo conmigo en cuanto a que un mecanismo que podría contribuir a detener la acción despiadada del premier israelí sería la jurisdicción universal. Es decir, la posibilidad de enjuiciar al presunto perpetrador o perpetradores fuera de su país cuando en su propio territorio se mantienen impunes. En España, hasta 2009 fuimos un referente en la aplicación de este principio. Los jueces españoles eran competentes «para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional» que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, lesa humanidad, guerra, terrorismo, entre otros) según la ley penal española. Así lo establecía el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Gracias a este principio pude ordenar la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet.
Anulación de la justicia universal
Ese mismo año se produjo la primera reforma de la justicia universal durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el beneplácito de PSOE, PP, CiU y PNV. Se estableció que la persecución de estos delitos solo se podría llevar a cabo si el autor de dichos hechos estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un «vínculo de conexión» con España. ¿Qué hubo de fondo? Pues ni más ni menos que la promesa a la ministra de Asuntos Exteriores israelí de que se archivara el caso contra soldados israelíes en relación al bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza. Amén, de otros casos como el de las torturas en Guantánamo o el caso Couso, tal como supimos por las revelaciones de los papeles de WikiLeaks.
Después, en el 2014 tuvo lugar una segunda reforma, cuando el Gobierno chino protestó por las investigaciones sobre un presunto genocidio en Tibet. En esta ocasión, las condiciones hacían prácticamente imposible la actuación pues el investigado, español o extranjero debería vivir o encontrarse en España y tenían que darse, además, otros presupuestos que impedían, de facto, cualquier interpretación favorable a la aplicación del principio. Se desvirtuó por completo el objetivo y el espíritu de la Ley. E, incluso, el propio Tribunal Supremo calificó esta última reforma, en un auto de marzo de 2016, de “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de crímenes de esta naturaleza en el extranjero, provocada por esta reforma del principio de justicia universal realizada en 2014 por el PP, como bien relató Confilegal por aquellas fechas.
En 2018, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo pública su decisión de recuperar la jurisdicción universal tal y como se estableció en 1985, actualizándola con los nuevos delitos de crímenes internacionales económicos, financieros o medioambientales. Pero el Ministerio de Exteriores vio las dificultades diplomáticas que acechaban de llevar a cabo la restauración, y boicoteó la importantísima iniciativa de la ministra y el grupo de expertos que la asesoro y decayó, tras la filtración oportuna de la misma en prensa. La sombra de Estados Unidos es alargada.
Las iniciativas posteriores del PNV y Sumar de 2023, siguen durmiendo el sueño eterno en el Congreso, que, a lo que se ve, tiene otras “urgencias” diferentes. Es muy triste que un instrumento eficaz para contrarrestar los efectos de una deriva criminal como la que se está viviendo en Gaza no se haya puesto en marcha y forme parte del ordenamiento jurídico español, como lo estuvo en su momento. Es el momento de las acciones valientes en favor de la humanidad contra los que la agreden de forma sistemática.
Un acuerdo bochornoso
De ahí llegamos a otro despropósito reciente. He sentido auténtico bochorno ante el acuerdo entre Ursula Gertrud von der Leyen presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos y de todos nosotros, para fijar un porcentaje del 15% de aranceles, entendidos como el vasallaje al que Europa se pliega. Para mí, quizás no sea lo peor esa concesión gratuita que muchos sectores económicos y diversos países están poniendo en cuestión, sino las circunstancias en que se produjo.
No fue una reunión en la cumbre. No fue una firma celebrada en el transcurso de una recepción oficial en sede de la Comunidad. El acto consistió en el desplazamiento de la representante de la Unión, a Escocia (Gran Bretaña, país que precisamente no pertenece a la Unión a causa del denominado Brexit), donde Donald Trump jugaba al golf en su complejo de Turnberry. Fue una humillación para los europeos y un paréntesis para Trump que después se reuniría con el primer ministro británico, Keir Starmer, para viajar a continuación a Aberdeen, donde tenía previsto inaugurar un nuevo campo de golf antes de saludar al ministro principal de Escocia.
Sin olvidar que, durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión con Starmer, el presidente norteamericano se permitió calificar al alcalde de Londres, Sadiq Khan como “una persona desagradable”. No pasa nada. Ocurre que Trump ladra, pero nosotros, los europeos, no cabalgamos.
La dignidad de Williams
Mientras tanto, la escuela trumpista sigue su avance. Durante años, el entorno del presidente ha favorecido y financiado a la ultraderecha en Europa y en América Latina, para que consigan acceder a cotas de poder en cada país. A la vista están Hungría, Polonia, Argentina… o la influencia creciente en España de Vox, con sus actuaciones contra la igualdad, los derechos LGTB o contra la memoria democrática y esparciendo el relato contra la migración. Ahí tenemos los abominables sucesos de Torre Pacheco, otra página de la historia cotidiana que debe sonrojarnos ante nuestra propia apatía. O la tormenta que de nuevo derecha y ultraderecha parecen querer desatar en Jumilla, negando espacios para la celebración del final del Ramadán. Vergonzoso.
De fondo, un racismo latente que para Vox es un DNI ligado al odio que tenazmente impulsan. Me han gustado las palabras del primer capitán afrodescendiente del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams: “Parece que la ultraderecha está de moda, así que los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando para seguir callando bocas y tirando barreras”. Se refería a él mismo, a su hermano Nico y a otros compañeros como Adama, Djaló y Maroan. Y con un sentido común y solidario que pocos expresan, afirmó: “Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y de ser una de las referencias a nivel no solo en Euskadi, sino en España. Eso es importante para nosotros”. No es poco lo que han tenido que soportar estos jóvenes por el color de su piel.
No tardó VOX en responder a Williams en redes sociales, su guarida favorita: “Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir”. Pero el joven no se calló. Ésta fue su contestación a los ultraderechistas: “No os molesta que sea millonario. Os molesta que sea negro, que sea vasco y que no os tenga miedo. Os revienta que el hijo de migrantes hable con más verdad que todos vuestros panfletos juntos. Lo vuestro no es patriotismo, es odio racial sin disimulo”. Suscribo íntegramente esta afirmación y añadiría que esas enseñanzas xenófobas y racistas que tanta aceptación parece que tienen en una parte de la juventud española (a los mayores que las defienden, los considero irrecuperables) constituyen el veneno más mortífero para la democracia a la que quieren implosionar desde los mecanismos que la misma proporciona. De ahí que debamos estar vigilantes y activos para denunciar y contrarrestar esta deriva fascista.
¿Jueces o políticos?
Mi admiración y mi aplauso para Williams. Es un ejemplo que deberíamos seguir todos. Empezando por los jueces, que tienen que aplicar la ley como es debido cuando se trata de los delitos de odio que cada vez asoman más en nuestra sociedad.
Sería bueno que determinados profesionales de la Justicia analizasen lo que los ciudadanos demandan, con tanto empeño al menos, como el que despliegan a la hora de hacer huelgas con fines corporativos o, en algunos casos, barriendo hacia los fines políticos de los partidos de la oposición.
Leí hace poco en Agenda Pública, una entrevista con el jurista italiano Sabino Cassese, que fuera magistrado del Tribunal Constitucional y en la actualidad, se impone como una de las voces más autorizadas del derecho público en Europa. Cassese afirmaba: «Los jueces militantes están convencidos de que tienen una misión que cumplir». Considera que “el problema surge cuando la idea americana de la judge made law entra en la cultura italiana o francesa. Significa que la ley no la hace el Parlamento, sino el juez. De este modo, el juez no se limita a controlar, sino que crea la ley que debe aplicarse”. Viene a decir el jurista, que se transforma así el juez en un político al que nadie ha elegido.
Si los despropósitos de quienes nos representan son la regla, la cordura de la ciudadanía al elegirlos es la solución
Me lleva esto a un despropósito que me desazona hoy ante la manera en que la propia judicatura (determinados jueces) están ensuciando la institución que tanto dicen preservar. Me refiero a lo acontecido al fiscal general del Estado a quien la sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha denegado su recurso abocándole a juicio. La inconsistencia de una instrucción unidireccional del magistrado Hurtado, preordenada a un único resultado, la acusación al FGE más propia del derecho penal de autor que del derecho penal por el hecho constatado y con característica delictivas, ha triunfado por dos votos frente a uno. El magistrado disidente, ha dejado clara de forma contundente y coherente, la inconsistencia de las acusaciones y la falta de indicios contra el Fiscal General. Pero hete aquí que sus colegas no lo han visto así. No se si por no dejar mal al instructor -uno de los suyos, a fin de cuentas-, o por auténtica convicción, lo que sería todavía mucho más preocupante. Mientras tanto, el despropósito nos lleva a un escenario inédito en el sistema judicial español, que ya sufrí yo mismo como magistrado en 2012, el de un FGE sentado en el banquillo para soportar el escarnio publico por hechos que, al final se declararán no delictivos y el tribunal absolverá. Esa es mi predicción, guiada por una lógica que, realmente, no sé si, a estas alturas, sigue funcionando. Como dice el refrán español de arraigada presencia, “para este viaje no se necesitaban alforjas”.
No hay duda de que hemos vivido otros muchos despropósitos, algunos muy dolorosos, como el de no saber dónde estaba y que hacía el presidente Mazón durante las horas clave de la catastrófica DANA en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024; o por qué no funcionaron los detectores de presunta corrupción en los casos Koldo, Ábalos, Cerdán o en el de Montoro y Equipo Económico; o el de los currículos inflados de determinados políticos… En fin, si los despropósitos de quienes nos representan son la regla, la cordura de la ciudadanía al elegirlos es la solución.