Con la llegada de Baltasar Garzón al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en febrero de 1988, y de acuerdo con el sistema de investigación de la Convención de Viena del mismo año, comenzaron en nuestro país las grandes operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales de la droga, tanto de redes locales como de bandas criminales internacionales. Nombres como los de Laureano Oubiña, Sito Miñanco, Marcial Dorado o el Clan de los Charlines, empezaron a ser conocidos fuera de las fronteras de sus localidades y de los muros de sus mansiones-fortaleza. Al mismo tiempo, las aprehensiones de alijos de droga aumentaron de tamaño y frecuencia y las investigaciones coordinadas con cuerpos policiales especializados nacionales e internacionales dieron sus frutos en forma de detenciones, confesiones de arrepentidos y desmantelamiento de redes no sólo de delincuentes contrabandistas sino también de narcotraficantes de guante blanco que ocultaban y blanqueaban capitales a través de redes societarias y otros negocios con apariencia de legalidad.
El volumen de actividad desarrollado en el Juzgado, bajo la responsabilidad del juez Baltasar Garzón en la dirección y coordinación de unos 2.500 funcionarios y en cooperación con autoridades judiciales y policiales de otros países, superó los 1.000 casos, con más de 8.000 imputados.