Caso Santander

Los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea presentaron una querella contra Baltasar Garzón en enero de 2010 en relación con unos cursos organizados por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York impartidos por el magistrado entre los años 2005 y 2006 durante el tiempo en que se encontraba de permiso con motivo de realizar estudios. Le acusaban de haberse beneficiado Garzón de un dinero que el Banco de Santander había aportado para estos cursos. Los denunciantes señalaban que tras su regreso de USA y la reincorporación a la Audiencia Nacional, una de las querellas que le había correspondido afectaba a varios directivos del Banco de Santander de apropiación indebida de la Sociedad SCI Gestión. Sobre esta base presentaron una acusación contra Garzón por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Lo que se conoció como el Caso Santander.

El Banco de Santander y la Universidad de Nueva York negaron abono  alguno del banco. Había sido la Universidad quien a través del Centro Rey Juan Carlos realizó los pagos debidos por su participación en los cursos a Baltasar Garzón. Así lo confirmó el propio Garzón cuando tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo el 15 de abril de 2010, aclarando que no había percibido cantidad alguna  de la entidad financiera. Al magistrado le señalaban por una carta dirigida a Emilio botín avalando el buen trabajo de la Universidad. En este escrito saludaba en términos cercanos del banquero lo que interpretaban los querellantes como muestra de familiaridad. Garzón replicó aportando cartas a otros dirigentes políticos o institucionales tales como Mariano Rajoy o Felipe González en que se despedía con «un abrazo» o «un gran abrazo».

Manuel Marchena, instructor del caso en la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, llegó a ordenar a la guardia civil que investigara las cuentas, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y las participaciones que Baltasar Garzón pudiera tener en cualquier entidad. Quería conocer el importe percibido por Garzón  de la Universidad de Nueva York durante su excedencia. Pero las pesquisas del juez Marchena llegaron más allá, investigando (y haciéndose públicas) las cuentas personales de familiares de Garzón en una acción judicial que fue criticada. Paradójicamente el propio Tribunal Supremo archivó por prescripción en enero del 2012 una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acusado de delito de cohecho ya que le acusaban de esos supuestos pagos al juez Baltasar Garzón cuando estuvo en la Universidad de Nueva York. Sin embargo, la causa contra Garzón por los mismos supuestos hechos, siguió adelante.

Finalmente, la querella fue archivada por el instructor al no apreciar indicios de extorsión y considerar que, en todo caso, el supuesto delito de cohecho impropio habría prescrito.

____________________

Referencias documentales