Caso Gürtel

 

maletinEl juez Baltasar Garzón destapó la red Gürtel en febrero de 2009 después de un año de investigación. Se trataba de la mayor trama de corrupción relacionada con un partido político, el PP, descubierta hasta la fecha. El objeto de la investigación radicaba en un entramado de empresas que lograba contratos millonarios con administraciones gobernadas por el Partido Popular.

El magistrado envió a prisión al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a su primo Antoine Sánchez y a Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP de Galicia.

Durante la instrucción y a petición de la policía, el magistrado autoriza intervenir las conversaciones que los principales implicados mantienen en la cárcel con las diferentes visitas que recibían pero insiste en la necesidad de preservar el derecho de defensa en todo caso. El temor de quienes instruían el caso era que los implicados podían estar intentando ocultar millones de euros.

El abogado querellante

Ignacio Peláez, exfiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, antiguo compañero de Garzón y abogado del imputado José Luis Ulibarri, presentó una querella por estas grabaciones. Ulibarri no llegó a estar en prisión, pero Peláez acudió a la cárcel para hablar con otros implicados en Gürtel que no eran sus clientes.

Como abogado, Peláez había sido juzgado junto a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por una carta falsa con la que los empresarios intentaron contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. Ahora bien, el tribunal finalmente no encontró «prueba suficiente» que demostrara que conocía la falsedad de dicha carta y resultó absuelto.

La Fiscalía, en contra

En febrero de 2010 la Fiscalía del Tribunal Supremo calificó de «fraude de ley» la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas, a pesar del recurso de súplica del fiscal ante el tribunal contra la admisión de la querella. La Fiscalía argumentaba que la intervención de las grabaciones había contado en todo momento con la autorización judicial necesaria y que además habían proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados. El instructor del caso fue el juez Alberto Jorge Barreiro.

El juez que sucedió a Garzón en el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira,  avaló la intervención de estas comunicaciones al igual que las dos fiscales anticorrupción adscritas a la causa. También estuvo conforme con esta actuación el magistrado de la Sala de lo Penal del TSJM José Manuel Suarez Robledano.

La razón democrática de los ciudadanos

Para los abogados defensores de los imputados en la trama Gürtel las escuchas eran «monstruosas», o «inconstitucionales». Le acusaban de actuar había actuado «movido por la razón de Estado, que es la excusa de los tiranos».

Baltasar Garzón contestó en su alegato final que «la única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos»,  y añadió: «Asumo todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad».

Su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, había recordado que la legislación sobre intervención de comunicaciones estaba aún por desarrollar y que por tanto hasta el momento todos los jueces adaptaban según su criterio dentro de la Ley, la forma de aplicar estas escuchas.

Once años de inhabilitación

El 8 de febrero de 2012 la Sala II del Tribunal Supremo comunicó al magistrado la sentencia que le condenaba a once años de inhabilitación, a una multa de 2.520 euros y al pago de las costas del proceso.  Los magistrados Joaquín Giménez García, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro y Manuel Marchena Gómez firmaron unánimemente esta condena.

En su opinión, Garzón, al ordenar las escuchas, había recuperado «prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa”. Además consideraban que el juez causó «una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa»  de los abogados de Gürtel. Lo calificaban de «acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo».

Baltasar Garzón recurrió en mayo de 2013 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que se le ha condenado por «un delito inexistente» y que se ha vulnerado «manifiesta y gravísimamente sus derechos fundamentales». De prosperar su recurso, podría volver a ser juez, ya que los fallos de Estrasburgo son vinculantes para España. En su recurso de amparo exponía haber sido objeto de un «tratamiento penal singularizado que genera  una inadmisible inseguridad jurídica en los jueces y magistrados». También, que los magistrados que le condenaron construyeron «a la medida» el  delito para él, ya que «no hay en España ninguna ley que regule las escuchas telefónicas». Garzón calificaba  los razonamientos de la sentencia en su contra como «contradictorios, irrazonables y arbitrarios» recordando que el Ministerio fiscal apoyó  las escuchas. Añadió ante el alto Tribunal europeo sentirse «el chivo expiatorio de los males e insuficiencias de las leyes españolas». Señala por último que la sentencia vulnera«la independencia judicial recogida en la Constitución» dado que se consideró  «como una conducta criminal lo que no ha sido en este caso», ya que, recalcó Garzón, se limitó a «cumplir con su obligación y  sin violar ninguna ley».

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