Terra Lliure. Sentencia TEDH

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Terra Lliure es el nombre de una organización terrorista armada independentista catalana fundada en el año 1978 que se autodisolvió en 1991 abandonando la lucha armada . En su haber figuran más de 200 atentados, con cinco víctimas mortales (cuatro de ellas miembros de la organización) y varias decenas de heridos.
Durante el tiempo en que actuaron, las Fuerzas de Seguridad del Estado llegaron a detener a 300 personas vinculadas a la organización. En 1992, Baltasar Garzón dirigió desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional una operación relacionada con Terra Lliure en la que resultaron detenidas 15 personas. En 1995 seis de los detenidos fueron condenados por la Audiencia a penas de uno a 10 años por pertenencia o colaboración con banda armada y absolvió a otros cuatro.

En algunos casos, sus militantes ingresaron en Esquerra Republicana de Catalunya que les exigió la renuncia explícita a la violencia. Muchos de ellos participaron en la política catalana e incluso en el ámbito estatal. Llegaron a formar parte del Gobierno tripartito catalán.

Paulatinamente, los presos de la organización fueron saliendo de la cárcel tras ser indultados o cumplir condena. En 1996 ya no quedaba ningún miembro de Terra Lliure en prisión.

Algunos exmiembros de Terra Lliure y allegados difundieron a raíz de la condena de inhabilitación para la carrera judicial de Baltasar Garzón que el magistrado no investigó en 1992 torturas infringidas a detenidos de esta organización. Esta afirmación es falsa.

El diario El País, del 25 de febrero de 2012, lo relata así: «Desde el primer momento, los detenidos denunciaron torturas físicas y psíquicas mientras estuvieron en Cataluña, así como en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid. Diversos tribunales rechazaron las denuncias al no poderse constatar los malos tratos y el caso acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en su sentencia 2004/65, de 2 de noviembre condenó al Estado español por “la ausencia de una investigación oficial efectiva sobre dichas alegaciones” de malos tratos.
»A partir de ese fallo, que otorgó una indemnización de 20.009 euros más intereses a cada demandante (8.000 por daño moral y 12.009 por gastos y costas) empezaron a circular las falsas creencias que una simple lectura detenida de esa sentencia desmiente por completo.

LA SENTENCIA DEL TEDH
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica en su punto 91 que el 14 de julio de 1992, que Baltasar Garzón instó a la forense a que examinara a los demandantes y a “presentarle un informe que relatara de forma exhaustiva los hechos de la causa y precisando dónde y cómo habían tenido lugar los exámenes médicos, si habían asistido a ellos otras personas aparte de los demandantes y el médico forense, si se había preguntado a los sospechosos que habían sufrido malos tratos”, así como “cuál había sido la frecuencia de los exámenes y si se habían constatado eventuales signos de malos tratos”.

El informe forense, fechado el 21 de julio, explica que “los detenidos fueron examinados cada día y lo fueron nuevamente tras su traslado a los calabozos de la Audiencia Nacional”, que se preguntó a cada uno si había sido maltratado, se detallaba cada visita y se precisaba que uno de ellos se automutiló y fue trasladado a un hospital.
En el punto 149 de la sentencia, los demandantes invocan que ese informe forense entregado a Garzón solo habla de malos tratos físicos, no psíquicos y son los propios abogados de los afectados, los que recuerdan que el juez de la Audiencia Nacional “declinó su competencia a favor de un juzgado de instrucción ordinario”. Garzón no hizo otra cosa que cumplir la ley, porque no le correspondía a él investigar las denuncias.

En ninguna de las 42 páginas de la sentencia del TEDH se hace el menor reproche a la actuación de Garzón con relación a las denuncias de malos tratos. Como tampoco se reprocha nada a los jueces de Barcelona y de Girona ante los que declararon los detenidos, antes de ser trasladados a Madrid, y donde desde el primer momento ya denunciaron los malos tratos. Y si no se reprocha nada a ninguno es porque ninguno de los tres eran los competentes para investigar.

Precisamente, a partir de la inhibición de Garzón las denuncias por malos tratos siguieron vivas y acabaron en el Juzgado de Instrucción 22 de Madrid, donde se acumularon también las procedentes de los juzgados de Barcelona y Girona (punto 155 de la sentencia del TEDH). Es ese juzgado ordinario de Madrid el que por tres ocasiones archivó las denuncias por torturas sin hacer una investigación a fondo según relata el TEDH (punto 159).
Y fue también la Audiencia Provincial de Madrid y no el juez Garzón, el tribunal que en tres ocasiones confirmó el archivo de esas denuncias.

Los demandantes acudieron también al Tribunal Constitucional, que denegó el recurso de amparo en 1994. Lo mismo hicieron ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, que el 28 de noviembre de 1996 desestimó la demanda al no haberse agotado previamente la vía de los recursos internos.»

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Referencias documentales